El Senado aprueba las reformas de la sedici¨®n y la malversaci¨®n
El cambio expr¨¦s en el C¨®digo Penal sale adelante opacado por la crisis institucional entre los poderes del Estado
El Senado ha aprobado este jueves la reforma expr¨¦s del C¨®digo Penal ¡ªque deroga el delito de sedici¨®n y rebaja el de malversaci¨®n¡ª con la atenci¨®n p¨²blica m¨¢s pendiente de otros frentes: el sorteo de la loter¨ªa de Navidad y la resaca del choque sin precedentes de los ¨²ltimos d¨ªas entre los poderes del Estado. Durante el debate, el PSOE ha aprovechado la concentraci¨®n de focos en el Tribunal Constitucional para pasar de puntillas sobre la reforma penal, una prueba de la incomodidad que suscita entre los socialistas. La supresi¨®n de la sedici¨®n y la rebaja de la malversaci¨®n son medidas ¡°arries...
El Senado ha aprobado este jueves la reforma expr¨¦s del C¨®digo Penal ¡ªque deroga el delito de sedici¨®n y rebaja el de malversaci¨®n¡ª con la atenci¨®n p¨²blica m¨¢s pendiente de otros frentes: el sorteo de la loter¨ªa de Navidad y la resaca del choque sin precedentes de los ¨²ltimos d¨ªas entre los poderes del Estado. Durante el debate, el PSOE ha aprovechado la concentraci¨®n de focos en el Tribunal Constitucional para pasar de puntillas sobre la reforma penal, una prueba de la incomodidad que suscita entre los socialistas. La supresi¨®n de la sedici¨®n y la rebaja de la malversaci¨®n son medidas ¡°arriesgadas¡±, seg¨²n reconoci¨® hace d¨ªas Pedro S¨¢nchez, aunque, en su opini¨®n, necesarias para resolver la crisis territorial en Catalu?a generada por el proc¨¦s. Antes de la votaci¨®n, que ha salido adelante por 140 votos a favor (PSOE, ERC, PNV, EH Bildu y M¨¦s per Mallorca), 118 en contra (PP, Junts, Vox, Teruel Existe, UPN, Cs, PRC, Coalici¨®n Canaria, Partido Aragon¨¦s y dos senadores independientes) y tres abstenciones (Comprom¨ªs, M¨¢s Madrid y Geroa Bai), el presidente de la C¨¢mara Alta, Ander Gil, ha recordado que el Constitucional hab¨ªa obligado a retirar las enmiendas referidas a la renovaci¨®n del propio tribunal, que hab¨ªan sido inicialmente incorporadas a esta reforma legal, ¡°imposibilitando, a juicio de esta presidencia, el pleno ejercicio de las leg¨ªtimas facultades del Senado¡±.
Tras fracasar el ¨²ltimo intento del Senado para que el Constitucional aceptara que se votaran tambi¨¦n esas enmiendas, la C¨¢mara alta ha dado luz verde a una proposici¨®n de ley tramitada por el procedimiento de urgencia. El Gobierno y sus aliados han avanzado ya su intenci¨®n de recuperar el contenido de las enmiendas sobre el Constitucional en otra proposici¨®n de ley para poder sustituir a los cuatro magistrados del tribunal que tienen el mandato caducado y que siguen en sus puestos por el bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Pero la reforma que s¨ª lleg¨® este jueves al pleno del Senado afecta de lleno a los dos delitos por los que fueron condenados los l¨ªderes del proc¨¦s, y beneficiar¨¢ a los dirigentes independentistas a¨²n pendientes de juicio. La sedici¨®n (penada hasta ahora con un m¨¢ximo de 15 a?os de c¨¢rcel) desaparece, y el nuevo delito que, seg¨²n interpreta el Gobierno, podr¨ªa recoger aquellos hechos, el de des¨®rdenes p¨²blicos agravados, tendr¨¢ una pena m¨¢xima de cinco a?os. A su vez, el castigo por malversaci¨®n sin ¨¢nimo de lucro ser¨¢, como m¨¢ximo, de cuatro a?os de prisi¨®n, cuando ahora se pueden imponer hasta 12.
El portavoz socialista, Jos¨¦ Mar¨ªa Oleaga, no defendi¨® expresamente la derogaci¨®n de la sedici¨®n y el cambio en la malversaci¨®n: dedic¨® su intervenci¨®n al incidente del Tribunal Constitucional y al veto de los populares a la renovaci¨®n del CGPJ, pendiente desde hace cuatro a?os. ¡°El PP ha presentado un recurso de amparo preventivo, supuestamente para defender los derechos de unos parlamentarios y que ha provocado que se impidiera un debate en las Cortes Generales. El compromiso del PSOE es defender la democracia, la democracia prevalecer¨¢¡±, dijo, y en ese eje central se movi¨® toda su intervenci¨®n. Oleaga esgrimi¨® finalmente que el objetivo de la modificaci¨®n penal es ¡°homologar¡± la ley a la de otros pa¨ªses europeos y ¡°propiciar la convivencia y el reencuentro¡±. ¡°Es verdad que hay ciudadanos que tienen dudas, es l¨®gico, pero hay que tener perspectiva. Todo el mundo apreciar¨¢ que la convivencia en Catalu?a ha mejorado¡±, augur¨®.
¡°S¨¢nchez est¨¢ pagando el precio m¨¢s alto que nunca ha pagado un presidente del Gobierno¡±, afirm¨®, por el contrario, Javier Maroto, portavoz del PP, que inst¨® a los senadores del PSOE a romper la disciplina de voto. ¡°?D¨®nde est¨¢n los socialistas como Javier Lamb¨¢n o Emiliano Garc¨ªa-Page? Todos son iguales que S¨¢nchez¡±, carg¨® contra los dos barones que con m¨¢s contundencia se han desmarcado de la reforma del C¨®digo Penal. A pesar de la gravedad del momento que atraviesa Espa?a seg¨²n la derecha, el l¨ªder del PP, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, se incorpor¨® al debate cuando ya llevaba m¨¢s de una hora. Y solo por periodos cortos: casi todo el tiempo se ausent¨® hasta que lleg¨® el momento de las votaciones. ¡°No era una cuesti¨®n de urgencia, era una cuesti¨®n de verg¨¹enza por tramitar una ley como esta un d¨ªa como hoy. ?Oyen de fondo a los ni?os de san Ildefonso?¡±, incidi¨® Maroto, en alusi¨®n a la expectaci¨®n alrededor del sorteo del Gordo en el Teatro Real, a 450 metros del Senado.
Aun as¨ª, Maroto dej¨® entrever las dudas que ha suscitado en el PP la estrategia seguida en el Tribunal Constitucional. Fuentes del partido admiten que existe preocupaci¨®n por el posible efecto aglutinante y movilizador en la izquierda, que se ha unido en la acusaci¨®n a Feij¨®o por querer, en palabras de Pedro S¨¢nchez, ¡°enmudecer a las Cortes Generales¡± con esta maniobra jur¨ªdica. Estas fuentes temen que la in¨¦dita crisis institucional vivida esta semana se convierta en un bumer¨¢n para el PP. Maroto, en todo caso, argument¨®: ¡°Pedro S¨¢nchez es un presidente leg¨ªtimo, para el PP no es un presidente ileg¨ªtimo y un okupa. Pero su actitud es una actitud profundamente ileg¨ªtima, prometiendo una cosa en campa?a y haciendo la contraria: prometi¨® no indultar a los golpistas, no gobernar apoyado en los independentistas, dejar fuera del Gobierno a Podemos para conciliar el sue?o¡ Ha traicionado todo aquello de lo que habl¨®¡±.
¡°Lo que el PP y el Constitucional dicen es que esta ley no se puede aprobar as¨ª. Es una cuesti¨®n de chapuza, de formas¡±, justific¨® el senador popular. Tambi¨¦n dio por hecho que el Gobierno acceder¨¢ a la celebraci¨®n de un refer¨¦ndum sobre la independencia de Catalu?a, pese a que es inconstitucional y S¨¢nchez lo ha rechazado de plano. ¡°Necesita colocar a un magistrado concreto, que empieza por C¨¢ndido y acaba por Pumpido, para asegurarse de que cuando llegue esa consulta, el Constitucional no sea un obst¨¢culo¡±, dijo Maroto en referencia al magistrado del tribunal de garant¨ªas C¨¢ndido Conde-Pumpido, que podr¨ªa convertirse en presidente del ¨®rgano tras la renovaci¨®n. Varios consejeros del CGPJ propuestos por el PP reclamaron el martes que la vocal progresista Clara Mart¨ªnez de Careaga quedara apartada del procedimiento por ser esposa de Conde-Pumpido. Su intento no prosper¨®. ¡°El PP es el instigador del ataque del Constitucional a que le quiten la palabra a los representantes de la soberan¨ªa popular. Un partido que celebra esto es un partido que se ha rebelado contra la democracia¡±, asever¨® Pablo G¨®mez Perpiny¨¤ (M¨¢s Madrid).
El debate tambi¨¦n sirvi¨® para constatar la divisi¨®n que la reforma jur¨ªdica genera en el independentismo. ¡°La apuesta de ERC por el di¨¢logo est¨¢ dando frutos: con la derogaci¨®n de la sedici¨®n conseguimos disminuir la capacidad represiva del Estado¡±, defendi¨® Mirella Cort¨¨s. La senadora de ERC reproch¨® las cr¨ªticas de Junts, su socio en el Govern hasta hace unos meses: ¡°La negociaci¨®n para la desjudicializaci¨®n del conflicto con el PSOE y Unidas Podemos es una tarea ardua. Si todas las fuerzas independentistas estuvieran acompa?ando, los resultados ser¨ªan mucho mejores. Su posici¨®n es tan dif¨ªcil de explicar que ni ustedes mismos la entienden¡±, dijo. ¡°Desde Junts no vamos a sacrificar el refer¨¦ndum del 1 de octubre¡±, hab¨ªa sostenido previamente Josep Maria Cervera.
La formaci¨®n de Carles Puigdemont, el expresident pr¨®fugo en Bruselas, no respalda la reforma penal porque entiende que, a pesar de los cambios en la sedici¨®n y la malversaci¨®n, se reconoce impl¨ªcitamente que el desaf¨ªo secesionista de 2017 fue ilegal. ¡°Esta tramitaci¨®n legislativa no es ejemplo de nada. Nos la vamos a ventilar en una semana... En menos tiempo es imposible¡±, abund¨® el senador de Junts. Una cr¨ªtica compartida por socios habituales del Ejecutivo como el PRC o el Partido Aragon¨¦s.
Senadores socialistas no ocultaban en privado su incomodidad, pero tambi¨¦n su alivio por el final de una tramitaci¨®n que ha tensionado al partido. Miguel S¨¢nchez, de Ciudadanos, fue quien se refiri¨® con m¨¢s claridad al efecto que la pol¨¦mica pol¨ªtica de los ¨²ltimos d¨ªas ha tenido sobre la reforma penal, opacando su trascendencia: ¡°Hay un elefante en el Senado. ?C¨®mo lo ha ocultado S¨¢nchez a los 47 millones de espa?oles? Provocando una estampida de elefantes, de bisontes y hasta de ?us. ?Llevamos una semana hablando del Tribunal Constitucional! Ha sido una maniobra inteligente y maquiav¨¦lica, ?ni el mism¨ªsimo Houdini¡±, afirm¨®. Un m¨¦rito que en el PSOE atribuyeron al PP y a N¨²?ez Feij¨®o.
M¨¢s Madrid advierte de los riesgos para el futuro: "Puerta abierta a la impunidad de las autoridades"
Pablo Gómez Perpinyà, senador de designación autonómica por Más Madrid, intentó introducir, vía enmienda, en el Código Penal un nuevo delito para castigar específicamente —con penas de entre 5 y 10 años de cárcel y otros 10 de inhabilitación— a los miembros del Gobierno de la nación o gobiernos autonómicos, así como a diputados de Cortes Generales o Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, que acordaran o promovieran actos “dirigidos a la consecución de los fines previstos en el delito de rebelión”. Gómez Perpinyà no recibió apoyos a su propuesta y acabó retirándola. En la exposición de motivos, la enmienda de Más Madrid argumentaba que el nuevo Código Penal carece de un "delito institucional de puesta en peligro del Estado constitucional de Derecho, independiente de los actos tumultuarios y violentos para su ejecución", y eso "deja la puerta abierta a la impunidad de las autoridades que, fuera de las vías legales y con abuso de sus funciones, realicen en el futuro actos institucionales contrarios a la estructura o funcionamiento del Estado constitucional de Derecho".