Bruselas analiza si la rebaja del delito de malversaci¨®n cumple con las normas europeas y afecta a los fondos comunitarios

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha explicado este mi¨¦rcoles que Bruselas est¨¢ estudiando las reformas del C¨®digo Penal espa?ol sobre el delito de malversaci¨®n ¡ªque rebaja el castigo por malversaci¨®n sin ¨¢nimo de lucro¡ª para ver si es acorde con la...

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha explicado este mi¨¦rcoles que Bruselas est¨¢ estudiando las reformas del C¨®digo Penal espa?ol sobre el delito de malversaci¨®n ¡ªque rebaja el castigo por malversaci¨®n sin ¨¢nimo de lucro¡ª para ver si es acorde con las normas comunitarias. ¡°Estamos analizando para ver si [estas reformas] son compatibles con el derecho comunitario, en especial con la protecci¨®n de los intereses financieros de la UE¡±, ha se?alado el comisario belga en un debate sobre el Estado de derecho en Espa?a que ha introducido Partido Popular Europeo (PPE) con calzador en una sesi¨®n de la Euroc¨¢mara en Estrasburgo para tratar sobre las ¨²ltimas reformas legales y la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La Comisi¨®n Europea pone el foco en la reforma para analizar si afecta a los fondos comunitarios. Quiere comprobar que la modificaci¨®n no deja expuesta la gesti¨®n de los fondos europeos a delitos de malversaci¨®n que conlleven penas ligeras y revisar que las penas siguen siendo disuasorias. En una gran parte de la obra p¨²blica espa?ola hay capital europeo. Espa?a va a recibir unos 27.000 millones de euros de fondos comunitarios de todo tipo a gastar en subvenciones a empresas, pol¨ªticas de empleo, programas de recuperaci¨®n, desarrollo regional y otros muchos temas. Fuentes comunitarias explican que la revisi¨®n de la reforma legal se hace no solo en el caso de Espa?a, sino tambi¨¦n en otros pa¨ªses cuando se hacen cambios que puedan afectar a la directiva que prev¨¦ la armonizaci¨®n de las sanciones penales m¨ªnimas en caso de vulneraci¨®n de los intereses financieros de la Uni¨®n, como el blanqueo de capitales o la malversaci¨®n.

Con la reforma del delito de malversaci¨®n impulsado por el Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez, el castigo por malversaci¨®n sin ¨¢nimo de lucro ser¨¢, como m¨¢ximo, de cuatro a?os de prisi¨®n en lugar de los hasta 12 de antes de la modificaci¨®n. S¨¢nchez ha recalcado que la reforma expr¨¦s del C¨®digo Penal, que deroga tambi¨¦n el delito de sedici¨®n, ha sido necesaria para resolver la crisis territorial en Catalu?a generada por el proc¨¦s.

A pesar de ello, el juez Pablo Llarena, instructor del caso del proc¨¦s en el Tribunal Supremo, resolvi¨® la semana pasada en una resoluci¨®n que a los huidos independentistas no cabe imputarles la rebaja de penas prevista para la nueva malversaci¨®n, como quer¨ªa el Ejecutivo y ERC, principal impulsor de las reformas legales para beneficiar a los independentistas catalanes. Llarena se?ala en su auto que hay jurisprudencia del Supremo ¡°desde hace m¨¢s de medio siglo¡± donde se sostiene que el prop¨®sito de enriquecimiento no es el ¨²nico posible para la realizaci¨®n del tipo de los delitos de apropiaci¨®n. ¡°En particular, el delito de malversaci¨®n es claro que no puede ser de otra manera, dado que el tipo penal no requiere el enriquecimiento del autor, sino, en todo caso, la disminuci¨®n il¨ªcita de los caudales p¨²blicos o bienes asimilados a estos¡±. Con esa interpretaci¨®n, no tendr¨ªan ning¨²n efecto las reformas penales del Gobierno para diferenciar entre la malversaci¨®n con lucro personal y sin enriquecimiento de los culpables.

Reynders ha vuelto a insistir en el que ha sido su caballo de batalla en cuanto a las recomendaciones sobre el Estado de derecho hechas a Espa?a en su informe de 2022: la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva cuatro a?os caducado, y la reforma para la elecci¨®n de sus vocales. El comisario belga (miembro del partido Liberal Reformista, del grupo Renew Europe) ha urgido a Espa?a a que renueve el tribunal e ¡°inmediatamente despu¨¦s¡± inicie el proceso de reforma del sistema de elecci¨®n para hacerlo acorde a lo que ha llamado ¡°est¨¢ndares europeos¡±.

Las palabras de Reynders son una de cal y otra de arena para el Ejecutivo de S¨¢nchez y un mensaje que tambi¨¦n se puede interpretar como un toque al Partido Popular, que lleva bloqueando cuatro a?os la renovaci¨®n del CGPJ y mantiene la exigencia de que haya un compromiso que se reforme primero el sistema de elecci¨®n y despu¨¦s haya una renovaci¨®n; es decir, un cronograma divergente al que menciona Reynders.

El comisario de Justicia ha celebrado el desbloqueo del Tribunal Constitucional con el nombramiento de cuatro nuevos jueces ¡ªdos por parte del Gobierno y dos por parte del CGPJ¡ª. ¡°Estos nombramientos son importantes, ya que el funcionamiento de los ¨®rganos constitucionales es un elemento esencial del Estado de derecho¡±, ha dicho Reynders, que ha recordado que otro informe sobre la evoluci¨®n del Estado de derecho con recomendaciones para los Veintisiete ¡ªentre ellos, Espa?a¡ª llegar¨¢ a mitad de a?o. ¡°Seguimos llamando a todas las partes implicadas a tomar las acciones necesarias para la implementaci¨®n exitosa de esta recomendaci¨®n¡±, ha remarcado Reynders como antesala a un debate en la Euroc¨¢mara el que pr¨¢cticamente solo han participado eurodiputados espa?oles.

El PPE, con su presidente, Manfred Weber, a la cabeza est¨¢ movi¨¦ndose de forma muy activa para colocar el asunto del Consejo General del Poder Judicial Espa?ol y las reformas legales de S¨¢nchez a la cabeza de la agenda europea, lo que ha llevado a la Comisi¨®n Europea a tener que pronunciarse. Sobre la reforma del delito de sedici¨®n, Reynders ha remarcado que es competencia nacional. ¡°Como ocurre con la mayor¨ªa de delitos, el delito de sedici¨®n cae en la competencia exclusiva de los Estados miembros. Eso significa que los Estados miembros son libres de adoptar o enmendar la legislaci¨®n en este campo como consideren oportuno, siempre que respeten sus obligaciones internacionales y constitucionales¡±

En el debate, los legisladores del PP, Vox y Ciudadanos han cargado contra las reformas de S¨¢nchez y contra el Gobierno de Espa?a. ¡°No podemos callar mientras este Gobierno mercadea con Espa?a¡±, ha criticado la popular Dolors Montserrat, que ha acusado al Ejecutivo de ¡°entregar el C¨®digo Penal a los condenados por atentar contra la Constituci¨®n¡±.

El grupo de los Socialistas y Dem¨®cratas (S&D) y el de la Izquierda han acusado al PPE de intentar instrumentalizar la Euroc¨¢mara con un debate nacional y de alzar el tema para opacar otros asuntos. El eurodiputado socialista espa?ol Juan Fernando L¨®pez Aguilar ha acusado al PP de querer ¡°secuestrar¡± el CGPJ y de no aceptar el resultado de las urnas y tratar de perpetuar en ese ¨®rgano la mayor¨ªa que perdi¨®.