La misi¨®n de la patrulla de la Guardia Civil que ayuda a los inmigrantes irregulares

Said empieza a correr en cuanto ve acercarse el coche de la Guardia Civil. El marroqu¨ª, de 28 a?os, desaparece entre los pl¨¢sticos del asentamiento donde vive en N¨ªjar (Almer¨ªa). No huye, se acerca. E invita al agente a visitar su chabola

¡ªTengo un problema. ?Puedes venir a casa?

Said abre el candado de bicicleta que protege la puerta de madera ro¨ªda de su vivienda rodeada de invernaderos. En el interior, junto una bandera del equipo de f¨²tbol local y otra bereber, el joven explica al guardia civil que lleva dos a?os recogiendo tom...

Said empieza a correr en cuanto ve acercarse el coche de la Guardia Civil. El marroqu¨ª, de 28 a?os, desaparece entre los pl¨¢sticos del asentamiento donde vive en N¨ªjar (Almer¨ªa). No huye, se acerca. E invita al agente a visitar su chabola

¡ªTengo un problema. ?Puedes venir a casa?

Said abre el candado de bicicleta que protege la puerta de madera ro¨ªda de su vivienda rodeada de invernaderos. En el interior, junto una bandera del equipo de f¨²tbol local y otra bereber, el joven explica al guardia civil que lleva dos a?os recogiendo tomates, calabacines y sand¨ªas, pero que sigue sin papeles. Cobra 40 euros al d¨ªa. El jefe le prometi¨® un contrato, pero le ha echado antes de hacerlo. ¡°Me debe 500 euros¡±, dice mientras se?ala en Google Maps el lugar de trabajo e indica el nombre del empresario. ¡°Con esos datos voy a poner una demanda. Esto no puede quedar as¨ª¡±, le responde el agente Antonio Verdejo.

La escena es inusual. Lo habitual es que los inmigrantes que llegan irregularmente a las costas andaluzas corran en cualquier direcci¨®n contraria a la Guardia Civil. Les puede el miedo a ser detenidos y devueltos al punto de partida. Pero en los campamentos chabolistas de N¨ªjar, donde viven 26.000 personas, los vecinos como Said no solo reciben con inter¨¦s la visita de guardias civiles como Verdejo, sino que van a buscarlos.

Verdejo, de 52 a?os, trabaja en el Equipo de Atenci¨®n al Inmigrante (Edati), una unidad que solo existe en las provincias del arco mediterr¨¢neo, desde Barcelona hasta Huelva. Su labor humanitaria est¨¢ por encima de la policial. La misi¨®n encomendada es orientar e informar sobre los derechos de las personas migrantes, m¨¢s all¨¢ de su situaci¨®n administrativa. ¡°Nuestro trabajo es saber en qu¨¦ condiciones y c¨®mo podemos ayudar en su regularizaci¨®n para que est¨¦n como cualquier espa?ol¡±, afirma el guardia civil, que estos d¨ªas patrulla solo porque su compa?ero est¨¢ de baja. ¡°Me cuesta un poco decirlo, pero hacen buen trabajo. Hay que reconocerlo¡±, se?ala la activista Nadia Azougagh. Los agentes mantienen una gran relaci¨®n con las entidades sociales que trabajan en la zona y cuentan con hilo directo con organismos como la Oficina de Extranjer¨ªa. Su cometido sirve, de paso, para conocer bien a quienes residen en estos espacios y disponer de informaci¨®n de primera mano de lo que ocurre en ellos.

Despu¨¦s de tres a?os destinado en Tarragona y otros tres en Ug¨ªjar (Granada), el agente Verdejo lleg¨® en 2006 a V¨ªcar, municipio almeriense que ya considera su casa. Ligado a la seguridad ciudadana, cuando en 2013 le surgi¨® la posibilidad de formar parte del equipo Edati, ni lo pens¨®. Aplic¨® y fue seleccionado junto al granadino David Coca, de 51 a?os. Ambos forman la pareja de este servicio en Almer¨ªa, una de las pocas que funciona los doce meses del a?o, ya que otras solo se movilizan en momentos determinados, como ocurre con la de Huelva, activa ¨²nicamente en la temporada de la fresa. Ellos conocen al dedillo los caminos laber¨ªnticos de los invernaderos almerienses que llevan a los campamentos repartidos tanto por El Ejido y Adra como los campos de N¨ªjar. En este municipio residen unos 3.500 migrantes en 44 asentamientos en condiciones de ¡°extrema exclusi¨®n¡±, seg¨²n un informe elaborado por Andaluc¨ªa Acoge. Con conexiones precarias a luz y agua, sin saneamiento, rodeados de basura, la principal consecuencia para quienes viven ah¨ª es ¡°la total aniquilaci¨®n de sus derechos¡±, critica Juan Miralles, director de Almer¨ªa Acoge. Las violaciones de esos derechos son ¡°severas y flagrantes¡±, denuncia un estudio de la ONG Ethical Consumer.

¡°Vamos a erradicar todos los asentamientos¡±, prometi¨® el mes pasado la alcaldesa de N¨ªjar, Esperanza P¨¦rez (PSOE). En enero ya derrib¨® el primero, Walili, donde viv¨ªan 500 personas, ante las quejas de las organizaciones sociales por la falta de alternativas para realojar a los migrantes, que se han repartido por otros campamentos del municipio. ¡°Vamos de un sitio a otro haci¨¦ndoles ver que tienen derechos¡±, contaba Coca a principios de a?o a EL PA?S durante la visita a una cortijada abonada en Campohermoso donde malviv¨ªa un grupo de argelinos. En sus visitas encuentran v¨ªctimas de agresiones o delitos de odio, residentes que tienen dudas con sus procesos de regularizaci¨®n o trabajadores con problemas laborales que no se atreven a denunciar por su situaci¨®n administrativa irregular. Algunos dan el paso, como Said, cuya situaci¨®n es una de las m¨¢s habituales con las que lidian los miembros del Edati. Su demanda ante el CMAC suele surtir efecto. ¡°Cuando los empresarios reciben la notificaci¨®n se asustan. Y prefieren pagar la deuda antes de llegar a juicio¡±, cuenta Verdejo mientras camina por El Hoyo.

Bouchra, de 43 a?os, tambi¨¦n sale a su encuentro. Le cuenta que echa dos o tres jornadas a la semana en un invernadero donde crecen tomates ¡°a media hora a pie¡±. Quiere trabajar de forma legal y Verdejo le informa c¨®mo puede conseguirlo tras haber superado tres a?os de residencia en Espa?a. Debe reunir pruebas de esa estancia. La evidencia m¨¢s obvia es el empadronamiento, pero el Ayuntamiento de N¨ªjar se lo deniega por vivir en una chabola, a pesar de las instrucciones del Gobierno que indican este tipo de hogares ¡°pueden y deben figurar como domicilios v¨¢lidos¡±. ¡°Cada municipio lo interpreta como quiere¡± indica Verdejo, que le indica que sin estar en el padr¨®n el municipio tampoco le har¨¢ el informe de arraigo social, indispensable para la regularizaci¨®n sin un contrato de trabajo. El agente le recomienda que recopile las huellas que ha ido dejando en la burocracia espa?ola y las citas con el m¨¦dico.

Largos tr¨¢mites

Mientras toma un t¨¦, Najat, de 36 a?os, procedente de Kh¨¦nifra, escucha atenta la conversaci¨®n porque su situaci¨®n es parecida. ¡°Voy a los restaurantes de San Jos¨¦ a buscar trabajo, pero nadie quiere contratar sin papeles¡±, asegura. A ella le podr¨ªan hacer una oferta laboral, pero los largos tr¨¢mites administrativos ¡ªque pueden durar casi un a?o¡ª echan para atr¨¢s a los empresarios. ¡°Vida mala aqu¨ª¡±, asegura la mujer, que reside en una peque?a chabola junto a la mezquita, con alfombras en el suelo y construida a base de pl¨¢sticos. Para evitar el pesimismo, Verdejo relata el caso de una mujer de 25 a?os, Khadija, a la que encontr¨® junto a su compa?ero en una caravana en Pujaire, cerca del Cabo de Gata. Les mostr¨® una bolsa llena de documentos, entre los que hab¨ªa una denuncia por maltrato y una sentencia con orden de alejamiento. A partir de ese papel los agentes consiguieron movilizar al juzgado y un abogado para que obtuviese la residencia. ¡°Le cambi¨® la vida de la noche al d¨ªa¡±, recuerda el agente, que otras veces ve con tristeza como unas tasas o un error por desconocimiento hace que otros migrantes no consigan regularizar su situaci¨®n tras a?os de trabajo.

¡°Es complejo, pero tardando m¨¢s o menos se puede conseguir¡±, cuenta el Guardia Civil camino de subir al coche para visitar otro asentamiento. Antes, el agente charla un rato con Boujamma Raggui, marroqu¨ª de 58 a?os. Tiene NIE pero no trabajo. ¡°Yo paleta, paleta¡±, dice, para explicar que se dedica a la alba?iler¨ªa. Su chabola tiene baldosas en el suelo, ba?o y una cocina de gas, todo construido por ¨¦l. Fuera hay una fuente y una pila en la que lava la ropa. Raggui asegura que no necesita nada m¨¢s, solo un rato de conversaci¨®n. ¡°A veces solo buscan eso, hablar, desconectar¡±, suspira Verdejo.