Solo est¨¢ empadronado uno de cada cuatro moradores de los barrios de chabolas de Almer¨ªa

Solo una de cada cuatro personas que residen en los asentamientos chabolistas de la provincia de Almer¨ªa est¨¢ empadronada. Y quienes lo han conseguido lo han hecho por v¨ªa irregular, ya sea pagando por ¨¦l ¡ªa pesar de ser un tr¨¢mite gratuito¡ª o formalizando su presencia en el padr¨®n en un municipio o provincia distinto al que reside. Este es solo uno de los datos que explican las condiciones de vida de ¡°extrema exclusi¨®n¡± de los cerca de 3.500 migrantes que viven en campamentos en suelo almeriense, seg¨²n recoge un informe elaborado por Andaluc¨ªa Acoge. El documento denuncia que la imposibilidad de registrarse supone una situaci¨®n ¡°injusta¡± sobre todo porque ¡°solo depende de la voluntad pol¨ªtica¡± y, a cambio, obstaculiza el acceso a servicios b¨¢sicos. ¡°Es necesario que un derecho y una obligaci¨®n como es el empadronamiento se cumpla¡±, afirma ?ngel Madero, coordinador de un estudio que subraya c¨®mo el 72% de estas personas tiene muchas dificultades para acceder a un punto de agua, cifra que asciende al 80% para tener electricidad.

El documento Asentamientos 2022: Consecuencias de la discriminaci¨®n en los asentamientos en la Comarca de N¨ªjar es un trabajo ¡ªpresentado esta ma?ana en la Universidad de Almer¨ªa¡ª que pretende dar una foto fija de lo que ocurre en los 59 asentamientos repartidos por la provincia andaluza, de los que la mayor¨ªa, 44, est¨¢n ubicados en el t¨¦rmino municipal nijare?o. Aunque las cifras fluct¨²an a lo largo del a?o, los campamentos acog¨ªan a 3.537 personas ¡ª89 de ellas menores¡ª en abril de 2022, cuando comenzaron las m¨¢s de 700 entrevistas y la veintena de reuniones grupales realizadas por el equipo de Almer¨ªa Acoge.

La panor¨¢mica que ofrecen los resultados ¡ªque indican que la mitad estas personas tienen entre 30 y 44 a?os y la mitad son marroqu¨ªes, casi un tercio de Senegal y el resto procede otros pa¨ªses africanos¡ª destaca la invisibilidad de estos campamentos y de sus habitantes respecto a los derechos m¨¢s b¨¢sicos, la gran carencia el acceso a servicios o que la mayor¨ªa ¡ªel 76,3% de los hombres y el 86,8% de las mujeres¡ª se encuentran en situaci¨®n administrativa irregular.

A finales de enero, cuando se desaloj¨® uno de los mayores asentamientos de N¨ªjar (Almer¨ªa, 26.126 habitantes) ¡ªdenominado Walili y hoy ya totalmente arrasado por las excavadoras¡ª, sus residentes insist¨ªan en las dificultades que tienen para empadronarse. ¡°Cada vez que voy al ayuntamiento me dicen que no¡±, afirmaba Samir, de 25 a?os. ¡°Es muy dif¨ªcil, un gran problema. La Ley dice que puedes empadronarte en el municipio que vives residas donde residas, pero nadie nos quiere inscribir¡±, a?ad¨ªa Nora, de 28 a?os, desde otro de los mayores campamentos chabolistas de la zona, Atochares. Sus palabras solo dicen lo que las instrucciones del Gobierno publicadas en 2020 determinaban. ¡°El padr¨®n debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio¡±, explica el documento, que se?ala que las infraviviendas ¡°pueden y deben figurar como domicilios v¨¢lidos¡±. ¡°Cada ayuntamiento asume esas instrucciones como quiere. Es incuestionable que el empadronamiento es muy dif¨ªcil para los migrantes¡±, insist¨ªan desde el Equipo de Atenci¨®n al Inmigrante (Edati) de la Guardia Civil.

La ¨²nica soluci¨®n para estas personas suele proceder de quienes se aprovechan de su situaci¨®n y les ofrecen la posibilidad de empadronarse a cambio de entre 600 y 2.000 euros. ¡°Tambi¨¦n se le tienen que dar recursos a los ayuntamientos para poder atender a sus vecinos¡±, apunta Madero.

Para Andaluc¨ªa Acoge el padr¨®n es la llave a otros servicios b¨¢sicos. Luz y agua son dos de ellos y conseguirlos no es f¨¢cil en los asentamientos, donde el precario cableado es peligroso. Hay algunos, como Atochares, donde existen puntos de acceso a agua instalados por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) o a los que el municipio lleva una cuba cada cierto tiempo. En la mayor¨ªa, como los de la zona de El Barranquete, no ocurre eso. El 80% de residentes tiene tambi¨¦n mucha o m¨¢xima dificultad para acceder a saneamiento en sus chabolas, donde carecen de recogida de basuras, que se acumula y genera insalubridad.

La situaci¨®n de aislamiento y falta de recursos b¨¢sicos tiene otras consecuencias, como los incendios que de forma peri¨®dica ocurren en estos espacios de manera accidental. ¡°Hay que dotarlos de servicios m¨ªnimos¡±, subraya Madero. Juan Miralles, director de Almer¨ªa Acoge, afirma que la situaci¨®n en estos lugares es ¡°una verg¨¹enza¡± resultado de la ¡°inacci¨®n de todas las administraciones¡±.

La mayor dificultad para estas personas ¡ªy el resto de la poblaci¨®n local¡ª es la vivienda. El 98% de los residentes en los campamentos chabolistas asegura que tienen mucha o m¨¢xima dificultad para acceder a un alojamiento a pesar de que la mayor¨ªa (56,6%) lleva m¨¢s de un a?o residiendo en Espa?a y el 15% lo hace desde hace m¨¢s de diez a?os. Gracias al trabajo, hay quienes tienen capacidad de alquilar un piso, pero la extrema escasez ¡ªy la discriminaci¨®n y racismo en el mercado del alquiler¡ª es uno de los problemas m¨¢s graves, seg¨²n el documento de Andaluc¨ªa Acoge, que solicita ¡°ampliar el parque de viviendas sociales para el conjunto de la poblaci¨®n¡±.

Las administraciones solo construyen 62 pisos a las afueras de Campohermoso, en un pol¨ªgono industrial sin servicios alejado del n¨²cleo urbano y de los invernaderos donde los migrantes trabajan, dificultando a¨²n m¨¢s su situaci¨®n, dado que el 50% de los entrevistados tiene ¡°m¨¢xima dificultad¡± para acceder a transporte p¨²blico. Muchos lo hacen en patinete o bicicleta, un riesgo en las estrechas y ajetreadas carreteras de la zona.

Andaluc¨ªa Acoge espera que esta investigaci¨®n sirva de ¡°palanca de impulso para alcanzar nuevos compromisos, especialmente desde los ayuntamientos¡±, seg¨²n han explicado desde la organizaci¨®n en un comunicado, donde destacan la importancia de impulsar medidas coordinadas entre los agentes implicados, es decir, administraciones p¨²blicas, sindicatos, tejido empresarial, sociedad civil organizada y las propias personas que viven en los asentamientos.