Intercambio de propuestas sin acuerdo en la primera reuni¨®n entre los funcionarios judiciales y el ministerio

La primera reuni¨®n entre el Ministerio de Justicia y los funcionarios judiciales, que est¨¢n en huelga indefinida desde el 22 de mayo para reclamar mejoras salariales y laborales, ha terminado este martes sin acuerdo tras m¨¢s de ocho horas. El departamento que dirige Pilar Llop recibi¨® a los trabajadores con la petici¨®n de dejar las negociaciones hasta despu¨¦s de las elecciones del 23 de julio, a lo que los sindicatos se negaron y, tras tres horas de desencuentros, las dos partes optaron por hacer un receso a la vuelta del cual Justicia presentar¨ªa por escrito su propuesta. En la sesi¨®n de la tarde las posturas siguieron enquistadas y el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodr¨ªguez, dio por terminada la reuni¨®n y se levant¨® de la mesa. Los funcionarios se han negado a marcharse y, seg¨²n miembros del comit¨¦ de huelga, van a permanecer en la sede del ministerio ¡°como medida de presi¨®n¡± hasta ser de nuevo recibidos por un ¡°interlocutor v¨¢lido¡±.

A la primera reuni¨®n con los funcionarios han asistido el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodr¨ªguez, y el secretario general para la Innovaci¨®n y Calidad del Servicio P¨²blico de Justicia, Manuel Olmedo, pero no ha participado ning¨²n miembro del Ministerio de Hacienda y Funci¨®n P¨²blica, que s¨ª estuvieron presentes en la fase final de la negociaci¨®n con los Letrados de la Administraci¨®n de Justicia y con los jueces y fiscales, ambas cerradas con acuerdo tras un largo proceso.

Tras el primer acercamiento de la reuni¨®n de la ma?ana, en la de la tarde ambas partes intercambiaron sus propuestas. Primero entreg¨® la suya el Gobierno, consistente en un escrito en el que se compromet¨ªa a continuar despu¨¦s de las elecciones el di¨¢logo iniciado ahora. El Ministerio ha explicado a los funcionarios que la convocatoria de elecciones generales y la disoluci¨®n de las Cortes ha implicado que decaigan todos los proyectos legislativos que se encontraban en tramitaci¨®n parlamentaria, entre ellos el de Eficiencia Organizativa, al que los funcionarios han vinculado su protesta. Justicia se ha comprometido a negociar el nuevo Anteproyecto de Ley, antes de que empiece a tramitarse en el Congreso en cuanto se constituyan las nuevas Cortes Generales y se forme un nuevo Gobierno.

El comit¨¦ de huelga rechaz¨® la propuesta de Justicia y, seg¨²n fuentes d ela negociaci¨®n, reproch¨® al ministerio que no hubiera recogido ninguna de las reclamaciones que los trabajadores han formulado desde le inicio de la huelga y entreg¨® por escrito las suyas. Entre otros aspectos, los sindicatos piden el ¡°reconocimiento profesional¡± de los distintos cuerpos de la Administraci¨®n de Justicia; el compromiso de negociar cualquier nueva ley que pueda afectar a las condiciones de trabajo, como, seg¨²n los funcionarios, ocurr¨ªa con la Ley de Eficiencia Organizativa; e incrementos salariales de entre 350 y 430 euros al mes. Justicia no ha aceptado esta petici¨®n y en un comunicado difundido al t¨¦rmino de la reuni¨®n ha lamentado ¡°el grave perjuicio¡± la huelga est¨¢ ocasionando a la ciudadan¨ªa y a otros profesionales. El ministerio que dirige Llop advierte de que, en el actual contexto, ¡°se hace inviable alcanzar cualquier acuerdo que pudiera vincular a gobiernos auton¨®micos que se encuentran en funciones y sobre la base de un Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa que ha deca¨ªdo¡±. ¡°Desde el Ministerio se reitera el convencimiento de que el momento que atravesamos exige de un ambiente sosegado y estable, tanto en el ¨¢mbito nacional como en el auton¨®mico, en el que la ciudadan¨ªa pueda formar su voluntad adecuadamente, por lo que es responsabilidad de todos favorecer esas condiciones¡±, a?ade Justicia.

Los funcionarios de justicia, un colectivo formado por 45.000 personas, dependen org¨¢nicamente del Gobierno central, aunque la mayor¨ªa de las comunidades aut¨®nomas tienen transferida la gesti¨®n de la Justicia (todas excepto Castilla-La Mancha, Castilla y Le¨®n, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla). No obstante, los sindicatos han centralizado su reclamaci¨®n en dos cuestiones que son competencia directa del ministerio: el complemento general del puesto (una retribuci¨®n de car¨¢cter b¨¢sico que se fija por los Presupuestos Generales del Estado y que est¨¢ ligada a las funciones que realiza el funcionario) y la Ley de Eficiencia. Los sindicatos cifran en m¨¢s de un 80% el seguimiento medio diario de la huelga, mientras los datos de Justicia (solo sobre los trabajadores de los ¨®rganos centrales y de las comunidades sin las competencias transferidas) sit¨²an el seguimiento este martes en el 25,81% de la plantilla.

El acuerdo salarial que reclaman los trabajadores est¨¢ en la l¨ªnea con el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo central y los letrados de la Administraci¨®n de justicia (los antiguos secretarios judiciales) que puso fin a dos meses de huelga indefinida por parte de ese cuerpo. Ese pacto est¨¢ en el trasfondo de la huelga iniciada ahora por los funcionarios judiciales. Pero entre un conflicto y otro se col¨® la amenaza de huelga de los jueces y fiscales y el Gobierno se centr¨® en este asunto para evitar la protesta de un poder del Estado en plena campa?a electoral. Adem¨¢s, la revisi¨®n de retribuciones de jueces y fiscales est¨¢ regulada por ley y se estaba incumpliendo desde hace 20 a?os.