Los funcionarios judiciales redoblan su presi¨®n al Gobierno con siete d¨ªas de huelga general

Los funcionarios judiciales han tensado m¨¢s este martes la cuerda con el Gobierno, al que exigen una subida salarial en l¨ªnea con la pactada con los letrados de la administraci¨®n de justicia y que haga cambios en la futura Ley de Eficiencia Organizativa. Los sindicatos, que convocaron paros parciales indefinidos desde el d¨ªa 17 (CSIF, CC OO, UGT y STAJ), han anunciado este martes que cambian esos paros por siete d¨ªas de huelga general en el sector, los pr¨®ximos 4, 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo. Con esas citas, cuya segunda semana coincidir¨¢ con la campa?a electoral para las elecciones auton¨®micas y municipales del 28 de mayo y con el paro general convocado por las asociaciones de jueces y fiscales mayoritarias, los sindicatos pretenden redoblar la presi¨®n sobre el Gobierno.

¡°Si el Ministerio no cambia su actitud, las movilizaciones continuar¨¢n con mayor contundencia si fuese necesario¡±, advierten los funcionarios en un comunicado emitido para difundir su decisi¨®n. El anuncio se produce despu¨¦s de que el lunes fracasara la reuni¨®n entre el Ministerio de Justicia y el comit¨¦ de huelga. ¡°Con los paros parciales de tres horas hemos conseguido que el Ministerio de Justicia nos llamara a negociar, pero debemos intensificar las movilizaciones para que se nos haga una oferta para el reconocimiento profesional y retributivo de nuestras funciones reales¡±, se?alan los sindicatos. Los paros parciales de tres horas al d¨ªa (de 10.00 a 13.00) que han mantenido desde la semana pasada quedan desconvocados a partir de este mi¨¦rcoles.

En el encuentro del lunes, el departamento que dirige Pilar Llop ofreci¨® negociar algunos aspectos de la ley de eficiencia con los que no est¨¢n de acuerdo los sindicatos, pero rechaz¨® cualquier incremento salarial. Con esta actitud, seg¨²n los representantes de los trabajadores, el Ministerio de Justicia, junto con el Ministerio de Hacienda y Funci¨®n P¨²blica, ¡°abocan a la Administraci¨®n de justicia a un colapso total¡±.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodr¨ªguez, ha recordado este martes que esta legislatura se ha hecho ¡°un esfuerzo retributivo muy importante con la Administraci¨®n de justicia¡± y, tras la convocatoria de huelga de jueces y fiscales y la protesta ya en marcha de los funcionarios del sector, ha apelado a su responsabilidad como servidores p¨²blicos. ¡°Somos respetuosos con todas las demandas, pero creo que tambi¨¦n todos tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos como servidores p¨²blicos para que exista un buen funcionamiento de la Administraci¨®n de justicia y una buena atenci¨®n a la ciudadan¨ªa¡±, ha manifestado la portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Mientras tanto, la huelga de funcionarios sigue afectando cada d¨ªa a miles de procedimientos. El ¨²ltimo, el primer juicio del caso Lezo, que deb¨ªa sumergirse en las entra?as de la corrupci¨®n del PP de Madrid en plena campa?a electoral y que se ha suspendido de forma indefinida. La Audiencia Nacional ten¨ªa previsto iniciar esta vista oral el 24 de mayo; pero se ha pospuesto sin fecha, ya que al menos uno de los miembros del tribunal forma parte del que enjuicia desde enero al expresidente valenciano Francisco Camps por su supuesta implicaci¨®n en el caso G¨¹rtel, un proceso que tambi¨¦n se ha retrasado debido a estas movilizaciones.

En una resoluci¨®n del viernes, la Audiencia Nacional avanza que las dilaciones atribuibles a la huelga de funcionarios de justicia han derivado en que los dos juicios vayan a solaparse en el tiempo, ¡°no siendo posible simultanear la celebraci¨®n de ambos¡±. El proceso contra Camps se suspendi¨® sine die el d¨ªa 18, y se calcula que no podr¨¢ reanudarse hasta m¨ªnimo el 10 de mayo ¡ªy faltan a¨²n muchos testigos y peritos por desfilar ante los jueces, adem¨¢s de las exposiciones finales de cada una de las partes (hay 26 acusados) y los turnos de ¨²ltima palabra¡ª. Por ello, el tribunal ha avisado a los personados en el caso Lezo de que habr¨¢ que esperar y, una vez acabe este juicio de G¨¹rtel, se les convocar¨¢ a una reuni¨®n para se?alar una nueva jornada de inicio.

En este primer juicio del caso Lezo se escrutar¨¢ la compra por parte del Canal de Isabel II del 75% de la sociedad colombiana Inassa en 2001, una operaci¨®n que tuvo un sobreprecio de hasta 35,4 millones de euros, seg¨²n la Fiscal¨ªa. Esta investigaci¨®n aborda la corrupci¨®n del PP madrile?o y de la Comunidad de Madrid, gobernada por los populares desde hace casi 30 a?os. Entre los acusados se encuentran Pedro Calvo y Juan Bravo, consejeros auton¨®micos durante los gobiernos de Alberto Ruiz-Gallard¨®n; y Arturo Canalda, expresidente de la C¨¢mara de Cuentas de Madrid.