La Fiscal¨ªa ve ¡°irrisoria¡± la multa de 1.200 euros impuesta a cuatro miembros de la Mesa del Parlament que tramitaron las leyes de ruptura
El ministerio p¨²blico recurre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a contra los diputados de ERC y Junts
La Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo ha recurrido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) que el pasado mayo conden¨® por un delito de desobediencia, a cuatro meses de inhabilitaci¨®n y dos meses de multa (con una cuota diaria de 20 euros, hasta un total de 1.200 euros), a cuatro diputados que integraban la Mesa del Parlament en septiembre de 2017. Los cuatro parlamentarios, de Junts pel S¨ª (la marca que agrupaba entonces a Junts y ERC), acordaron tramitar varias resoluciones que derivaron en la aprobaci¨®n de las llamadas leyes de ruptura y el refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre de aquel a?o, desoyendo al Tribunal Constitucional.
En el escrito presentado ante el alto tribunal, la Fiscal¨ªa carga, sobre todo, contra la cuant¨ªa de la multa, que considera ¡°absolutamente irrisoria¡± con relaci¨®n a ¡°la gravedad objetiva de los hechos¡±. ¡°Resulta grotesco que la pena final de un episodio que permiti¨® como g¨¦nesis y embri¨®n la apertura de un proceso que puso en jaque la vigencia en Catalu?a de la CE [Constituci¨®n Espa?ola] y la integridad territorial de Espa?a, propiciado a trav¨¦s de un alzamiento violento contra el orden constitucional, termine con una pena de 1.200 euros¡±, se?ala el recurso, firmado por Fidel Cadena, uno de los cuatro fiscales que han llevado en el Supremo la acusaci¨®n del proc¨¦s.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a consider¨® que estos cuatro miembros de la Mesa acusados ¡ªLlu¨ªs Corominas, Anna Sim¨® (actual consejera de Educaci¨®n de la Generalitat), Ramona Barrufet y Llu¨ªs Guin¨®¡ª desobedecieron el mandato del Tribunal Constitucional al tramitar varias resoluciones que derivaron en el refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre de 2017, pero los jueces auton¨®micos recortaron la pena de 20 meses de inhabilitaci¨®n y una multa de 30.000 euros que le hab¨ªa impuesto tras un primer juicio que el Tribunal Supremo orden¨® luego repetir por falta de imparcialidad de dos jueces. Los jueces redujeron el castigo porque aplicaron la atenuante de dilaciones indebidas, una medida que la Fiscal¨ªa considera ¡°injustificada¡±. El ministerio p¨²blico se?ala que esta atenuante se suele aplicar a procesos que superan los ocho a?os de demora entre la imputaci¨®n y la celebraci¨®n del juicio, por lo que considera inadecuado aplicarlo en este caso, en el que el retraso fue de cinco a?os y la causa se complic¨®, entre otras razones, porque tuvo que pasar del Supremo (donde empez¨® a instruirse) al TSJ y porque los propios acusados retrasaron el procedimiento al recusar a varios miembros del tribunal.
En el escrito, adelantado por El Mundo y al que ha tenido acceso este peri¨®dico, la Fiscal¨ªa reprocha tambi¨¦n al TSJC que no argumente ¡°m¨ªnimamente¡± las circunstancias personales de los acusados que pudieran justificar una cuota diaria de multa ¡°tan exigua¡±. La jurisprudencia del Supremo, y del propio tribunal auton¨®mico catal¨¢n, recuerda el ministerio p¨²blico, ¡°es constante en la imposici¨®n de cuotas de multa muy superiores para casos de miembros del Govern y diputados auton¨®micos¡±. El fiscal Cadena cita la sentencia del proc¨¦s, en la que el alto tribunal impuso una multa de 10 meses con una cuota diaria de 200 euros a los exconsejeros Meritxell Borr¨¤s, Santi Vila y Carles Mund¨®, condenados, como los miembros de la Mesa del Parlament, por desobediencia. Tambi¨¦n el Supremo, al condenar a Joan Josep Nuet, compa?ero de Mesa de Corominas, Sim¨®, Barrufet y Guin¨®, le impuso cuatro meses de multa con cuota diaria de 100 euros.
La Fiscal¨ªa hace hincapi¨¦ en la gravedad de los hechos cometidos por los condenados y probados durante el juicio: ¡°Desobediencia contumaz y reiterada a las resoluciones suspensivas del TC ¨Dm¨¢s que desobedecido, denostado¨D, burla del sistema constitucional, permitiendo la aprobaci¨®n de los textos normativos con los que se dio apariencia de legalidad al sedicioso refer¨¦ndum del 1-O, propiciando la aprobaci¨®n de las Leyes de Transitoriedad y proclamaci¨®n de independencia, desgajando de Espa?a una parte de su territorio¡±.
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