La discoteca que ardi¨® en Murcia abri¨® sin pedir la licencia y aprovech¨® el caos administrativo para eludir la orden de cierre

La discoteca Fonda Milagros, en la que murieron 13 personas en la madrugada del domingo, abri¨® sus puertas antes de solicitar una licencia al Ayuntamiento de Murcia. Lo hizo, al menos, desde mayo de 2019, tal y como desvelan las publicaciones en las redes sociales en las que publicitaron fiestas y noches tem¨¢ticas. No fue hasta el 27 de junio cuando la empresa Teatre Murcia S. L., trat¨® de legalizar su situaci¨®n, a trav¨¦s de una modificaci¨®n de la actividad, un tr¨¢mite menor. Con esta solicitud pretend¨ªa dar cobertura legal a una operaci¨®n que ya hab¨ªa llevado a cabo: dividir la gran nave con el fin de albergar dos negocios distintos: se manten¨ªa Teatre, la discoteca que la empresa ya operaba desde 2008, con m¨²sica discotequera y ambiente juvenil, y se abr¨ªa Fonda Milagros, con m¨²sica latina. La operaci¨®n expr¨¦s para legalizar los dos locales no sali¨® bien: la administraci¨®n fue lenta y deneg¨® que pudiera tomar la v¨ªa r¨¢pida. Sin embargo, y pese a que desde 2022 ten¨ªan una orden de cierre, nadie la ejecut¨®. Entre alegaciones, recursos, silencios administrativos, falta de coordinaci¨®n entre departamentos y la apertura por parte de la empresa de un expediente paralelo para legalizar el negocio, Teatre eludi¨® el cierre y ambas discotecas siguieron abiertas hasta que, la madrugada del domingo, ardieron. Y 13 personas murieron.

Fonda Milagros operaba desde 2019 junto a Teatre y no se trataba de locales precisamente clandestinos: eran muy populares en la zona de ocio y en sus instalaciones se celebraban fiestas de graduaci¨®n, cumplea?os y todo tipo de eventos. El tr¨¢mite para legalizar la divisi¨®n de una nave en dos discotecas que inici¨® la empresa era una ¡°comunicaci¨®n de modificaci¨®n no sustancial para el ejercicio de actividad de discoteca¡± que no obtuvo respuesta hasta enero de 2022. El Ayuntamiento no dio por bueno el tr¨¢mite: requiri¨® a la empresa que presentara un proyecto completo con el que se pudiera dar licencia a los dos negocios, dado que se trataba de un cambio ¡°sustancial¡±. A la vez, se comunic¨® a la empresa que deb¨ªa cerrar. En ese mismo expediente, el 117/2019, se incluy¨® despu¨¦s, en octubre de 2022, el decreto de orden de cierre en el que se da traslado a los servicios de inspecci¨®n ¡°para comprobar el cese de la actividad¡±.

Los locales no cerraron. Y la certificaci¨®n de la inspecci¨®n no era la ¨²nica v¨ªa para que el Ayuntamiento hiciera cumplir su decisi¨®n de clausurar los locales. Como se?ala el decreto de cierre, ¡°en el caso de que no se hubiese producido el cese voluntario [tal como ocurri¨®], se proceder¨¢ por esta administraci¨®n a la ejecuci¨®n forzosa del acto administrativo utilizando para ello los medios que sean necesarios, incluidos el precinto del establecimiento¡±. As¨ª, en el mismo documento oficial, el Ayuntamiento se atribuye la capacidad de tramitar esa ejecuci¨®n forzosa, que nunca se dio y que deber¨ªa haber resuelto el propio departamento de urbanismo. Incluso, se hace referencia a otros recursos recogidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, como son las multas coercitivas, que tampoco se impusieron. En la misma orden de cierre, el Ayuntamiento advirti¨® a la empresa de que el incumplimiento del cese de actividad pod¨ªa ser considerado desobediencia grave, un delito recogido en el C¨®digo Penal que conlleva pena de c¨¢rcel. E incluso informa a la empresa de ocio del procedimiento a seguir en el caso de querer legalizar el negocio, tr¨¢mite que la sociedad ya hab¨ªa iniciado.

Tras este decreto, s¨ª hubo una actuaci¨®n de la inspecci¨®n, el 21 de octubre de 2022, en la que el funcionario emiti¨® un acta, a la que ha tenido acceso EL PA?S. El inspector de actividades se?ala que ¡°en respuesta¡± a la orden de cese que pesa sobre el local, ¡°una vez contactado con la titularidad, declaran y aportan justificaci¨®n de presentaci¨®n de la documentaci¨®n t¨¦cnica que les faltaba para la tramitaci¨®n de la legalizaci¨®n¡±. Este documento es el ¨²ltimo que figura en el expediente abierto en el Ayuntamiento en 2019 a ra¨ªz de la petici¨®n de la empresa para dividir el local en dos espacios diferentes. No especifica si el local est¨¢ o no abierto. Tampoco si esa documentaci¨®n aportada es o no v¨¢lida. Solo da acuse de recibo. Y despu¨¦s de la actuaci¨®n de ese inspector, que no acudi¨® al lugar, sino que, ¨²nicamente, contact¨® con la empresa, el Ayuntamiento no llev¨® a cabo ning¨²n otro tr¨¢mite.

Un expediente paralelo para legalizar los locales

Los documentos que menciona el inspector en la ¨²ltima acta ¡ªlos que la empresa alega que registr¨® por v¨ªa telem¨¢tica¡ª ni siquiera hac¨ªan referencia al expediente original que acab¨® rechazado en el Ayuntamiento. Los papeles que dicen haber enviado son parte de otro expediente, el 248/2022, iniciado cuando, tras la negativa de la administraci¨®n a dar el visto bueno a la divisi¨®n del local y ordenar el cierre, los propietarios decidieron presentar un proyecto, tal y como reclamaba el Ayuntamiento. Esta nueva carpeta se gestion¨® en paralelo a la otra, que qued¨® en el limbo, con una orden de cierre no ejecutada. El nuevo expediente, donde Teatre solicitaba el cambio de actividad con un proyecto m¨¢s amplio, s¨ª sigui¨® su curso en la administraci¨®n, con revisiones e inspecciones: entre otras, hay un acta de Sanidad, fechada en marzo de 2023, que sostiene que se han subsanado las deficiencias detectadas por el mismo servicio un mes antes.

As¨ª, en el Ayuntamiento de Murcia existen dos expedientes, el que incluye la orden de cierre que qued¨® varado y el iniciado para legalizar la existencia de los dos negocios que, en cualquier caso, llevaban funcionando de forma separada desde, al menos, abril de 2019. Adem¨¢s, para eludir la ejecuci¨®n de cierre, Teatre utiliz¨® el proceso de legalizaci¨®n y el Ayuntamiento no hizo nada. Tampoco saltaron las alarmas cuando Sanidad, entre otros servicios, acudi¨® a Teatre para inspeccionar las cocinas, pese que se trataba no solo de un proyecto de legalizaci¨®n, sino un establecimiento sobre el que pesaba una orden de cierre. La falta de comunicaci¨®n entre los departamentos, que adem¨¢s est¨¢n separados f¨ªsicamente en dos dependencias municipales, posibilit¨® que la empresa aprovechara el embrollo administrativo y funcionara con impunidad.

Las dos empresas que regentan actualmente los dos negocios, Teatre y Fonda Milagros, se han se?alado mutuamente. El abogado de la discoteca latina, Francisco Ad¨¢n, asegura que su cliente tiene un contrato de arrendamiento de un local con licencia de actividad, mientras que la de Teatre, Mar¨ªa Dolores Abell¨¢n, sostiene que la documentaci¨®n del suyo est¨¢ en regla. En el Ayuntamiento nadie explica por qu¨¦ la orden de cierre nunca se ejecut¨®.