El organismo que vela por la transparencia en Espa?a, atascado: duplica los plazos legales para contestar a los ciudadanos

La ley de Transparencia permite a cualquier persona solicitar informaci¨®n a la Administraci¨®n p¨²blica, que dispone de un mes para contestar. Si el ciudadano no est¨¢ conforme con la respuesta (por parcial o directamente por inexistente), puede presentar una reclamaci¨®n ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Este organismo, m¨¢ximo garante del acceso a la informaci¨®n p¨²blica en Espa?a, tiene tres meses para dar la raz¨®n a la Administraci¨®n o al ciudadano sobre si los datos que se reclaman pueden facilitarse o no. Cualquiera de los dos, si no est¨¢ satisfecho con la decisi¨®n del Consejo, puede recurrir ante un tribunal.

Ese mecanismo, ya de por s¨ª complicado, se ha atascado en un punto clave. El Consejo lleva varios meses en una situaci¨®n nunca vivida: est¨¢ tardando, de media, siete meses en dar una respuesta a las reclamaciones de los ciudadanos ante la administraci¨®n estatal, m¨¢s del doble del tiempo (tres meses) que exige la Ley, seg¨²n los datos p¨²blicos de reclamaciones analizados por EL PA?S.

El Consejo recibe hoy cuatro veces m¨¢s reclamaciones que en 2015, cuando empez¨® su actividad (la Ley entr¨® en vigor en 2014): de ser poco m¨¢s de 500 anuales han llegado 2.091 en 2022 (y, al ritmo actual, en 2023 podr¨ªan superar las 2.300). La plantilla, sin embargo, apenas ha variado.

En 2018 el Consejo contaba con 22 trabajadores. El Tribunal de Cuentas en ese momento cifr¨® en 33 el n¨²mero de personas necesarias para que el Consejo cumpliera sus funciones b¨¢sicas en forma y plazos, para luego crecerlas hasta 55. A d¨ªa de hoy no se ha alcanzado la primera cifra: el Consejo cuenta con 28 trabajadores, seis m¨¢s que a cierre de 2021, cuando registr¨® su mayor aumento de plantilla.

Desde esa estimaci¨®n del Tribunal de Cuentas hasta hoy las reclamaciones a las que se enfrenta el Consejo cada a?o han crecido en m¨¢s del 50%. Este organismo ha ampliado adem¨¢s sus funciones: por un lado, la doctrina del Tribunal Supremo sobre la aplicaci¨®n de la Ley de Transparencia le obliga a admitir reclamaciones sobre asuntos de los que antes de no se ocupaba (desde el acceso de informaci¨®n medioambiental hasta las peticiones que persegu¨ªan intereses privados). Por otro, como se?ala el mismo Consejo a preguntas de EL PA?S, afecta tambi¨¦n ¡°la mayor complejidad de los asuntos que se est¨¢n planteando ante el Consejo (fruto, entre otras cosas, de la cada vez m¨¢s frecuente intervenci¨®n de profesionales del derecho)¡±.

A d¨ªa de hoy cada t¨¦cnico, explica el propio Consejo, trabaja de media en 46 resoluciones mensuales. Se trata de textos jur¨ªdicos largos y complejos, a menudo de m¨¢s de una decena de p¨¢ginas, que tienen que quedar blindados para convencer a la administraci¨®n a cumplir con la ley. O, si esta recurre en los tribunales, aguantar ante el escrutinio judicial.

Fuentes cercanas al ¨¢rea de Hacienda encargada de aprobar las demandas de personal del Consejo subrayan a EL PA?S el aumento de efectivos que se ha ido produciendo desde 2018 y se?alan que se seguir¨¢ avanzando hasta alcanzar la plantilla ideal.

Silencio administrativo

De forma casi parad¨®jica, lo que m¨¢s trabajo da al Consejo es la falta de respuesta de la propia administraci¨®n p¨²blica. El silencio administrativo, como se denomina el silencio de una administraci¨®n que no contesta al ciudadano en el plazo legal de un mes, es la raz¨®n principal por la que la gente manda reclamaciones al Consejo.

Ya en su memoria de 2020 el Consejo alertaba del ¡°excesivo peso¡± del silencio administrativo en las respuestas de los organismos p¨²blicos: ¡°es un grave lastre para el despliegue de la transparencia y el pleno ejercicio del derecho de acceso a la informaci¨®n¡±. Desde entonces la situaci¨®n no ha mejorado.

El ¨²ltimo a?o, el 30% de las reclamaciones de la ciudadan¨ªa (336) fueron porque un ministerio o un organismo estatal no hab¨ªa respondido, en l¨ªnea con los a?os anteriores. En las resoluciones que llegan desde el ¨¢mbito territorial, es decir, de decisiones de comunidades aut¨®nomas o ayuntamientos, el 75% son por silencio administrativo.

Isaac Mart¨ªn Delgado, director de la c¨¢tedra de Gobierno Abierto en la Universidad de Castilla-La Mancha que ha analizado la actividad del consejo, recuerda: ¡°El silencio administrativo es el mayor obst¨¢culo para el derecho de acceso a la informaci¨®n p¨²blica. Es el peor tipo de respuesta: cuando la administraci¨®n contesta, puedes no estar de acuerdo, pero sabes qu¨¦ te contestan. Si hay silencio, se deja al ciudadano desamparado y se da una imagen negativa, de ineficacia, y eso hace perder legitimidad¡±, justo lo opuesto del objetivo que se marca la Ley, recuerda Mart¨ªn Delgado.

El Consejo, por su parte, no tiene poder para obligar a ninguna administraci¨®n a hacer p¨²blicos unos datos o a responder en plazo. Puede ¡®instar¡¯, pero ni sancionar ni forzar a liberar la informaci¨®n que alguien ha solicitado utilizando la Ley de Transparencia, una situaci¨®n que el mismo presidente de este organismo lamentaba en una entrevista con EL PA?S.

Reformar esta ley era, de hecho, uno de los puntos del Acuerdo de Gobierno de PSOE y Podemos para la pasada legislatura. El grupo de trabajo que se reuni¨® para empezar a esbozar ese posible cambio ha destacado la necesidad de ¡°reforzar el estatus de independencia de esta autoridad administrativa [el Consejo de Transparencia], proponiendo una mayor dotaci¨®n de medios materiales y personales para la realizaci¨®n de sus competencias¡±. A comienzos de este a?o, este grupo de expertos present¨® a consulta p¨²blica el texto de modificaci¨®n de la Ley y ha empezado a incorporar las aportaciones de la sociedad civil.