El PP promover¨¢ en el Senado la votaci¨®n para cubrir una vacante del Constitucional ¡°en las pr¨®ximas semanas¡±
La plaza de Alfredo Montoya, que dimiti¨® por enfermedad, est¨¢ desierta desde julio de 2022. En caso de ser sustituido por otro magistrado conservador, la mayor¨ªa progresista del tribunal se estrechar¨ªa


El l¨ªder del PP, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, ha confirmado este martes que su partido impulsar¨¢ ¡°en las pr¨®ximas semanas¡± una votaci¨®n en el Senado para intentar cubrir la ¨²nica vacante que queda en el Tribunal Constitucional. Ese puesto est¨¢ desierto desde julio de 2022, cuando el magistrado conservador Alfredo Montoya Melgar dimiti¨® por enfermedad, y corresponde a la C¨¢mara alta designar al sustituto. El PP tiene mayor¨ªa absoluta en el Senado, aunque para sacar adelante el nombramiento se necesita una mayor¨ªa de tres quintos. Durante una entrevista radiof¨®nica en la Cadena Cope, Feij¨®o ha acusado al PSOE y a sus socios de frenar la sustituci¨®n de ese magistrado en la legislatura pasada, cuando los socialistas y sus socios ten¨ªan mayor¨ªa en la C¨¢mara alta.
¡°En la anterior legislatura fuimos incapaces de que la Mesa lo incluyese en el orden del d¨ªa. Qu¨¦ fraude es mantener con 11 miembros el Constitucional y negar que el partido al que le corresponde la propuesta del magistrado [n¨²mero] 12 lo pueda hacer¡±, ha afirmado el jefe de la oposici¨®n, culpando de esa situaci¨®n al ¡°mismo Gobierno que habla de que si el PP no quiere renovar no s¨¦ s¨¦ qu¨¦ cosa [en referencia al Consejo General del Poder Judicial]¡±. El proceso de sustituci¨®n de Montoya, sin embargo, s¨ª lleg¨® a ser promovido por el anterior presidente del Senado, el socialista Ander Gil, aunque qued¨® en suspenso por la convocatoria de las elecciones generales del 23-J y la posterior disoluci¨®n de las Cortes.
La C¨¢mara alta designa a cuatro magistrados del Constitucional, conforme al art¨ªculo 159.1 de la Ley Fundamental, la ley org¨¢nica que regula el tribunal de garant¨ªas y los art¨ªculos 184 y 196 del Reglamento del Senado. En el proceso de elecci¨®n de esos magistrados entran en juego las comunidades aut¨®nomas, pues cada Parlamento regional puede presentar hasta dos candidatos. Esa propuesta de los territorios pasa a la Comisi¨®n de Nombramientos de la C¨¢mara alta y luego se vota definitivamente en el pleno del Senado. En la pr¨¢ctica, suele haber un acuerdo previo entre los partidos pol¨ªticos para mantener el equilibrio de fuerzas, explican fuentes parlamentarias.
En dicha votaci¨®n, el candidato ha de lograr mayor¨ªa de tres quintos para ser designado. El PP tiene mayor¨ªa absoluta en el Senado desde el 23-J, pero no llega a esos tres quintos necesarios. S¨ª puede, no obstante, forzar que el asunto se someta a debate del pleno, al tener mayor¨ªa en la Mesa. En el PSOE todav¨ªa no hay una posici¨®n sobre c¨®mo enfrentar¨¢n esa negociaci¨®n. ¡°No nos hemos puesto ni a mirarlo a¨²n. Eso hay que estudiarlo¡±, explican fuentes del grupo parlamentario socialista en la C¨¢mara alta. En rueda de prensa en el Senado, el portavoz del PSOE, Juan Espadas, se ha referido este martes a la vacante del Constitucional. ¡°Est¨¢ pendiente. En la pasada legislatura no se tom¨® la decisi¨®n. Espero que esta legislatura tambi¨¦n despeje estas inc¨®gnitas¡±, ha dicho Espadas al respecto.
En estos momentos, el Tribunal Constitucional tiene una mayor¨ªa de siete magistrados progresistas frente a cuatro conservadores. Por tanto, en caso de que Montoya fuera sustituido por otro magistrado del cupo del PP, el margen de la mayor¨ªa progresista se estrechar¨ªa: 7 a 5. Ese baile de n¨²meros podr¨ªa tener consecuencias, ya que hay, por ejemplo, dos magistrados progresistas que pueden ser recusados para decidir sobre la futura ley de amnist¨ªa: el exministro Juan Carlos Campo ¡ªque, de hecho, ya ha pedido apartarse en este asunto¡ª y la magistrada Laura D¨ªez, quien tambi¨¦n form¨® parte del Gobierno de Pedro S¨¢nchez. En caso de ser recusados ambos, habr¨ªa un empate a cinco entre progresistas y conservadores, que solo podr¨ªa deshacer con su voto de calidad el presidente del tribunal, el progresista C¨¢ndido Conde-Pumpido.
Intentos previos
En la pasada legislatura, el presidente del Senado, el socialista Ander Gil, solicit¨® a los Parlamentos auton¨®micos hasta en cinco ocasiones que presentaran a sus candidatos para cubrir la vacante en el Constitucional. Hubo C¨¢maras de mayor¨ªa popular que no aportaron ning¨²n nombre. El ¨²ltimo tr¨¢mite relacionado con este asunto data del pasado 20 de junio, cuando Gil ampli¨® el plazo de presentaci¨®n de candidaturas, un mes antes de que se disolvieran las Cortes. Los nombres registrados durante la legislatura pasada son v¨¢lidos ahora, pero el PP puede volver a solicitar nuevas candidaturas, algo que podr¨ªa beneficiar a los populares porque ahora gobiernan en varias autonom¨ªas en las que hasta el pasado mayo gobernaba el PSOE.
Por otra parte, la Mesa del Senado ha aprobado este martes pedir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ¡ªcuyo mandato lleva cinco a?os caducado¡ª un informe sobre la futura ley de amnist¨ªa. Un pronunciamiento que fue descartado en el Congreso de los Diputados al ser tramitada la iniciativa como proposici¨®n de ley y no ser obligatorio, por tanto, el informe del CGPJ.
El grupo parlamentario socialista presentar¨¢ una moci¨®n en el pr¨®ximo pleno del Senado para ¡°instar al PP a que cumpla su obligaci¨®n constitucional y acelere la renovaci¨®n del CGPJ¡±. El Gobierno ha rechazado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ¨²ltima propuesta de los populares: renovar la composici¨®n del Poder Judicial si se modifica ¡°simult¨¢neamente¡± la ley que regula su renovaci¨®n.
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