El Poder Judicial retrasa a finales de febrero su informe al Senado sobre la ley de amnist¨ªa

El informe sobre la proposici¨®n de ley org¨¢nica de amnist¨ªa que el Senado encarg¨® al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no llegar¨¢ a la C¨¢mara alta antes de finales de febrero, despu¨¦s de que la comisi¨®n permanente del ¨®rgano de gobierno de los jueces haya aprobado este jueves ...

El informe sobre la proposici¨®n de ley org¨¢nica de amnist¨ªa que el Senado encarg¨® al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no llegar¨¢ a la C¨¢mara alta antes de finales de febrero, despu¨¦s de que la comisi¨®n permanente del ¨®rgano de gobierno de los jueces haya aprobado este jueves solicitar del Senado una ampliaci¨®n del plazo para confeccionar dicho texto. La ampliaci¨®n es por 15 d¨ªas, pero fuentes del propio Consejo explican que este nuevo plazo retrasa la entrada del informe en el pleno ¨Dque es el ¨®rgano que debe aprobarlo¨D hasta el ¨²ltimo jueves de febrero. Es decir, al d¨ªa 25, que es cuando el texto se someter¨ªa a votaci¨®n de los vocales. Este ser¨ªa el calendario salvo que se convocase un pleno extraordinario, que de momento nadie quiere.

El informe ser¨¢ contrario a los puntos esenciales de la proposici¨®n de ley pactada por el PSOE y sus socios independentistas, dada la actual mayor¨ªa conservadora del Poder Judicial. Y junto a ¨¦l se remitir¨¢n al Senado los votos discrepantes, que tanto el sector conservador como el progresista del Consejo dan por descontados, ya que por los antecedentes del debate sobre la ley de amnist¨ªa nadie cree en el ¨®rgano de gobierno de los jueces que vaya a haber un informe de consenso. En lo que s¨ª lo ha habido es en la petici¨®n de la pr¨®rroga para elaborar el texto. Los ponentes ¨DWenceslao Olea, del grupo conservador, y Mar Cabrejas, del progresista¨D no han discrepado sobre la conveniencia de disponer de m¨¢s tiempo para confeccionar sus respectivas propuestas.

En el Consejo, que lleva m¨¢s de cinco a?os en funciones tras expirar su mandato en diciembre de 2018, predomina la idea de que no tiene mucho sentido elaborar con ciertas prisas un informe sobre la proposici¨®n de ley de amnist¨ªa cuando a¨²n no se ha iniciado el debate del texto en comisi¨®n en el Congreso. Si se hubiera pedido un dictamen sobre un proyecto de ley ¨Des decir, sobre una iniciativa del Gobierno¨D, el Consejo hubiera tenido que hacerlo sin esperar a que avanzasen las tareas de discusi¨®n parlamentaria. Pero este informe se refiere a una proposici¨®n de ley org¨¢nica del Grupo Socialista en el Congreso, y lo ha pedido la Mesa del Senado, en la que el PP tiene mayor¨ªa. Y en paralelo han sido tambi¨¦n los populares los que han impulsado una reforma del reglamento de la C¨¢mara alta que permitir¨¢ alargar hasta dos meses la tramitaci¨®n parlamentaria de la proposici¨®n de ley. Es decir, que ha sido la fuerza pol¨ªtica que tiene mayor inter¨¦s en este dictamen la que ha preferido dilatar los plazos, mientras en paralelo encargaba a trav¨¦s del propio Senado un informe al Poder Judicial, donde existe una mayor¨ªa conservadora que ya se ha manifestado cr¨ªticamente sobre el encaje legal de la amnist¨ªa.

En concreto, el 6 de noviembre el Consejo del Poder Judicial dio a conocer una declaraci¨®n en la que afirmaba: ¡°la aprobaci¨®n de una ley de amnist¨ªa, cualquiera que fuese su fundamentaci¨®n, y cualquiera que fuesen sus aspectos objetivos y subjetivos, entra en conflicto con principios constitucionales diversos, (¡­) entre ellos el de exclusividad de la jurisdicci¨®n, que justifican que este Consejo, como ¨®rgano constitucional cuya misi¨®n esencial es velar por la independencia judicial, exprese su preocupaci¨®n ante la inminente tramitaci¨®n de aquella¡±. El texto a?ad¨ªa que la concesi¨®n de una amnist¨ªa constituye ¡°una grave vulneraci¨®n¡± de los derechos fundamentales y del sistema de divisi¨®n de poderes en el que se inspira la Constituci¨®n y sobre el que se asienta el Estado de derecho.