La derecha del poder judicial ultima otro informe contra la ley de amnist¨ªa

Varios vocales del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva caducado cinco a?os, han iniciado las tareas para la confecci¨®n de un informe sobre la proposici¨®n de ley de amnist¨ªa con objeto de hacerlo p¨²blico en las pr¨®ximas semanas, mientras se tramita en el Congreso de los Diputados.

La iniciativa ha surgido a ra¨ªz de que la Mesa del Senado, con mayor¨ªa absoluta del PP, aprobara el d¨ªa 5 solicitar tanto al ¨®rgano de gobierno de los jueces como al Consejo Fiscal su criterio sobre la proposici¨®n de ley presentada por el Grupo Socialista.

La petici¨®n del Senado ya ha llegado al Consejo del Poder Judicial, que en los pr¨®ximos d¨ªas nombrar¨¢ al ponente o ponentes del futuro dictamen. De hecho, alguno de los integrantes del sector conservador ya hab¨ªa comenzado las tareas preparatorias del informe. Ocho de los 17 vocales del actual CGPJ, todos ellos elegidos a propuesta del PP, iniciaron hace semanas una estrategia de ataques reiterados al Gobierno por los acuerdos alcanzados entre el PSOE y Junts para facilitar la investidura de Pedro S¨¢nchez.

Esos acuerdos inclu¨ªan la presentaci¨®n de la proposici¨®n de ley de amnist¨ªa para beneficiar a cerca de 400 encausados por el proceso independentista catal¨¢n, incluido el expresidente Carles Puigdemont. La iniciativa legislativa comienza el martes su andadura parlamentaria con la toma en consideraci¨®n de la proposici¨®n en el Congreso.

El criterio que se impondr¨¢ en el CGPJ, dada su actual mayor¨ªa conservadora, ser¨¢ muy cr¨ªtico con la proposici¨®n de ley y cuestionar¨¢ su constitucionalidad, seg¨²n indican distintos vocales. El 6 de noviembre, la mayor¨ªa conservadora del CGPJ apoy¨® una declaraci¨®n contra la ley de amnist¨ªa, incluso antes de conocer su contenido.

En dicha declaraci¨®n se expon¨ªa la opini¨®n de que la medida de gracia no solo ¡°no es compatible con el principio de Estado de derecho¡±, sino que crea ¡°una clase pol¨ªtica jur¨ªdicamente irresponsable e impune por sus delitos¡±. ¡°Mediante esa ley singular¡±, se?alaba la declaraci¨®n, ¡°se vendr¨ªan a declarar nulas las sentencias dictadas por los diferentes tribunales y esa ley singular vendr¨ªa a invadir las competencias que en exclusividad (art¨ªculo 117.3 de la Constituci¨®n) tienen encomendadas los tribunales¡±.

La propuesta del PP para que se consultara al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal sobre la ley de amnist¨ªa fue formulada tambi¨¦n en el Congreso, pero la mayor¨ªa con que PSOE y Sumar cuentan en la Mesa de la C¨¢mara baja impidi¨® que la iniciativa prosperara.

Las proposiciones de ley no requieren los informes del Consejo General del Poder Judicial ni del Consejo de Estado, que s¨ª son preceptivos (aunque no vinculantes) cuando se trata de proyectos de ley remitidos por el Gobierno a las Cortes.

Injerencia

Fuentes jur¨ªdicas consultadas por EL PA?S se?alan que la iniciativa del Senado de pedir un informe al CGPJ sobre una proposici¨®n de ley deber¨ªa estar recogida como posibilidad en el reglamento de la C¨¢mara alta, algo que no ocurre. El PP no la incluy¨® en la modificaci¨®n del reglamento aprobada hace varias semanas para prologar hasta dos meses la tramitaci¨®n de la amnist¨ªa una vez que se haya aprobado en el Congreso.

Las mismas fuentes se?alan que la petici¨®n del Senado en este momento supone una injerencia en los trabajos del Congreso, que ni siquiera han empezado todav¨ªa a tramitar la proposici¨®n de ley, por lo que se podr¨ªa dar la circunstancia de que el CGPJ elabore el informe sobre un texto diferente al que recibir¨¢ el Senado para su tramitaci¨®n una vez que lo apruebe el Congreso.

Vocales del Consejo del Poder Judicial indican que la petici¨®n del Senado, forzada por la mayor¨ªa absoluta del PP, supone el escenario id¨®neo para que el ¨®rgano de gobierno de los jueces vuelva a hacer o¨ªr su voz en esta materia con amparo parlamentario, aunque el sector conservador habr¨ªa elaborado el informe sin necesidad de que se lo requiriera la C¨¢mara.

En la ¨²ltima comisi¨®n permanente del organismo, celebrada la semana pasada, los conservadores intentaron forzar una dur¨ªsima declaraci¨®n contra las comisiones de investigaci¨®n creadas en el Congreso para investigar las maniobras policiales contra independentistas catalanes y el espionaje a dirigentes de la Generalitat con el programa Pegasus. El presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, tambi¨¦n elegido en su d¨ªa a propuesta del PP, se plant¨® con los dos representantes del sector progresista para impedirlo. Guilarte se ha distanciado en las ¨²ltimas semanas de la ofensiva conservadora del Poder Judicial, advirtiendo incluso de que el Consejo no deber¨ªa incurrir en injerencias indebidas sobre el poder legislativo.

El PP denunci¨® en diversas ocasiones durante la pasada legislatura que el Ejecutivo de coalici¨®n utilizase la v¨ªa de las proposiciones de ley a trav¨¦s de los partidos que lo formaban, PSOE y Podemos, para evitar as¨ª recabar el informe de los ¨®rganos consultivos del Estado. La mayor¨ªa absoluta del PP en el Senado ha permitido ahora que se apruebe la solicitud del informe sin estar legalmente previsto.

Sin renovaci¨®n a la vista

Los ¨²ltimos pasos dados por el PP en el Senado, aprobando la petici¨®n del informe, y el prop¨®sito de varios vocales del sector conservador de elaborarlo, aunque no se hubiera solicitado, se interpretan en fuentes del propio ¨®rgano de gobierno de los jueces como un dato m¨¢s que configura un escenario en el que va a ser muy dif¨ªcil que el Ejecutivo y la oposici¨®n aproximen posturas sobre pol¨ªtica judicial a corto plazo.

En medios del Consejo, tanto del sector conservador como del grupo progresista, se estima poco probable que puedan producirse avances significativos en el encuentro propuesto por el presidente, Pedro S¨¢nchez, al l¨ªder popular, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, antes de fin de a?o.

El pesimismo alcanza a la propia renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial, sobre el que contin¨²a un debate sin salida a la vista. La iniciativa del presidente provisional del Poder Judicial, Vicente Guilarte, para facilitar dicha renovaci¨®n ha generado reservas en ambos sectores del ¨®rgano de gobierno de los jueces.

La propuesta de Guilarte, detallada en un art¨ªculo que public¨® en EL PA?S, consiste en quitar la competencia clave al Consejo General del Poder Judicial sobre los nombramientos de cargos judiciales para dejarla en manos de los propios jueces de audiencias y tribunales superiores. El presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, lleg¨® a sugerir que si no hay acuerdo con el PP, podr¨ªan impulsar alguna propuesta de reforma de la Ley del Poder Judicial que recoja las ideas de Guilarte.

Tanto conservadores como progresistas estiman que la competencia para los nombramientos de los altos cargos de los ¨®rganos jurisdiccionales ¡ªcomo el Tribunal Supremo, los tribunales superiores de las comunidades aut¨®nomas o la Audiencia Nacional¡ª deben seguir en manos del Consejo General del Poder Judicial. Vocales de ambos sectores consideran que en modo alguno se debe dejar esta funci¨®n a un nuevo organismo independiente del Consejo, posibilidad que contempla la que ya ha sido bautizada como v¨ªa Guilarte para tratar de desbloquear la renovaci¨®n del ¨®rgano de gobierno de los jueces.