El Poder Judicial prorrogar¨¢ su informe contrario a la ley de amnist¨ªa

El informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la ley de amnist¨ªa va a sufrir un aplazamiento. La comisi¨®n permanente del ¨®rgano de gobierno de los jueces va a solicitar este jueves que se ampl¨ªe el plazo habitual de treinta d¨ªas para contestar a la petici¨®n que le formul¨® el Senado con objeto de obtener su criterio sobre la legalidad de dicha proposici¨®n de ley y su encaje o incompatibilidad con la Constituci¨®n. El criterio dominante en el Consejo es que resulta conveniente ajustar los plazos para la confecci¨®n del citado informe, sobre todo teniendo en cuenta que el Parlamento va a comenzar en breve el debate sobre las enmiendas formuladas, lo que puede implicar cambios en el texto presentado. En todo caso, fuentes del propio ¨®rgano de gobierno de la magistratura dan por hecho que no habr¨¢ consenso sobre el informe y que junto al texto que pueda aprobar la mayor¨ªa conservadora habr¨¢ otros alternativos del grupo minoritario progresista en forma de votos particulares discrepantes.

La Mesa del Senado, en la que el PP tiene mayor¨ªa absoluta, acord¨® el pasado 5 de diciembre dirigirse al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal ¡ªprincipal ¨®rgano representativo de la carrera¡ª para solicitarles que elaboraran sendos informes sobre la proposici¨®n de ley de amnist¨ªa. El periodo de treinta d¨ªas para la confecci¨®n de este tipo de dict¨¢menes es, de hecho, orientativo, porque su cumplimiento depende entre otros factores de la fecha de recepci¨®n del encargo y del ritmo que sigan las tareas preparatorias, como el nombramiento del ponente o ponentes del texto. En este caso, los designados fueron dos, el conservador Wenceslao Olea y la progresista Mar Cabrejas. Ambos han mantenido desde antes del par¨¦ntesis navide?o alguna reuni¨®n con los letrados del Consejo que van a tomar parte en la elaboraci¨®n del informe y los probables textos alternativos. Se ha dise?ado un modelo organizativo, pero no se ha avanzado mucho m¨¢s, en parte porque no existe conciencia de que la labor encargada al Consejo sea especialmente urgente.

El informe tiene que ser aprobado por un pleno, y el siguiente es el pr¨®ximo d¨ªa 25, salvo que se convocara uno con car¨¢cter extraordinario. En principio, se ha descartado esta posibilidad, porque no se quiere actuar con grandes prisas ni dar la impresi¨®n de que se corre para dar satisfacci¨®n a los m¨¢s cr¨ªticos con la proposici¨®n de ley. Eso ya suceder¨¢,, en su caso, con el texto que se apruebe. De momento, los ponentes quieren intentar el acuerdo, aunque en sus respectivos sectores no se cree que sea posible. En los bloques conservador y progresista existen ya trabajos preparatorios y criterios consolidados sobre la legalidad o incompatibilidad del texto pactado por el PSOE y los partidos independentistas sobre la amnist¨ªa, unas opiniones que dif¨ªcilmente van a cambiar a tenor del debate sobre las enmiendas en el Congreso. Pero la pr¨®rroga que se va a pedir al Senado permitir¨¢ conocer su contenido.

El debate de enmiendas en comisi¨®n est¨¢ previsto que comience en el Congreso la semana del pr¨®ximo d¨ªa 22. El pleno del Poder Judicial ser¨¢, a su vez, el 25 de este mes. En ese pleno no estar¨¢ terminado el informe sobre la ley de amnist¨ªa. En el Consejo se da por hecho que el Senado no podr¨¢ objeci¨®n alguna a dar no menos de dos semanas m¨¢s para que se elabore. Ello lleva al 29 de febrero la fecha probable para que el Poder Judicial apruebe su informe, con sus correspondientes votos discrepantes. Ese d¨ªa, ¨²ltimo jueves del mes, es el se?alado para plenos del ¨®rgano de gobierno de los jueces, que los celebra con dicha periodicidad.

El encargo del informe hecho por el Senado sorte¨® la estrategia seguida por el Gobierno y el PSOE para evitar que la discusi¨®n de la ley tuviera como obligado pr¨®logo la confecci¨®n de informes de ¨®rganos consultivos, como el del propio Consejo. Dicho tipo de informes es preceptivo, aunque sus conclusiones no sean vinculantes, cuando se trata de proyectos de ley enviados por el Gobierno. En cambio, es prescindible cuando se trata de proposiciones de ley, remitidas por los grupos parlamentarios, como es el caso de la ley de amnist¨ªa. El PP quiso que se pidiera el dictamen por considerar que la amnist¨ªa ¡°conculca el principio de separaci¨®n de poderes¡± y que tendr¨¢ ¡°graves consecuencias en la misma configuraci¨®n del Poder Judicial¡±. El ¨®rgano de gobierno de los jueces, a su vez, acept¨® la petici¨®n tratando de cubrirse de la acusaci¨®n de injerirse en las funciones del Parlamento, para lo cual apel¨® a las previsiones de la propia ley org¨¢nica del Poder Judicial en un precepto ¨®mnibus, pr¨¢cticamente omnicomprensivo. Dicho precepto es el art¨ªculo 561.1.9? le habilita para informar sobre ¡°cualquier otra cuesti¨®n que el Gobierno, las Cortes Generales o, en su caso, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut¨®nomas estimen oportuna¡±.

Aprobaci¨®n definitiva

Para facilitar la extensi¨®n de los plazos de debate, el PP modific¨® asimismo el reglamento del Senado, que va a tener dos meses para discutir sobre la ley. Es probable que, por tanto, el texto no vuelva al Congreso para su aprobaci¨®n definitiva hasta entrado el pr¨®ximo abril. Hay vocales conservadores a favor de aprobar este mismo mes un informe duro contra la proposici¨®n de ley. Pero la solicitud de la pr¨®rroga indica que, salvo cambios de ¨²ltima hora, es un grupo minoritario. El Constitucional, a su vez, ya ha recibido el recurso del PSOE contra dicha reforma del reglamento del Senado. Si se admite a tr¨¢mite, como con toda probabilidad suceder¨¢, habr¨¢ que pedir informe a las partes, lo cual sit¨²a la fecha previsible de la sentencia para dentro de unos meses, cuando el debate parlamentario sobre la ley de amnist¨ªa ya habr¨¢ terminado, y el propio tribunal de garant¨ªas tendr¨¢ sobre la mesa el recurso de inconstitucionalidad del PP contra la ley que el PSOE y sus socios cierren en el Parlamento, previsiblemente a comienzos del pr¨®ximo mes de mayo.