El Gobierno rebaja las expectativas de Junts en la cesi¨®n de las competencias migratorias

El PSOE ha entregado a Junts, para sacar adelante la primera votaci¨®n clave de la legislatura, un compromiso para delegar a trav¨¦s de una ley las competencias en materia de inmigraci¨®n a la Generalitat, pero la demanda es compleja y poco clara. Junts asegura que pretende que la Generalitat pueda expulsar a inmigrantes reincidentes, controlar los flujos migratorios o gestionar los permisos de residencia. Pero el Gobierno, sin negar tajantemente esos extremos para evitar un conflicto con un socio clave, rebaja las expectativas en p¨²blico y en privado sobre esa posibilidad.

Lo ¨²nico que se ha pactado entre el PSOE y Junts, de momento, es hacer una ley org¨¢nica, que tendr¨¢ que ser pactada con todos los grupos de la mayor¨ªa para llegar a 176 votos y llevar¨¢ meses de negociaci¨®n, en la que se sustanciar¨¢ la ¡°delegaci¨®n ¨ªntegra de las competencias y recursos en inmigraci¨®n¡± a trav¨¦s de la v¨ªa que abre el art¨ªculo 150.2 de la Constituci¨®n. El 149 dice que la inmigraci¨®n es competencia exclusiva de la Administraci¨®n central, pero el 150.2 permite delegar casi cualquier competencia a trav¨¦s de una ley.

El acuerdo solo dice eso, y en la negociaci¨®n, seg¨²n fuentes socialistas, no se habl¨® de expulsi¨®n ni de fronteras ni de permisos de residencia, se dej¨® todo a la discusi¨®n posterior sobre la ley. Cuando le preguntaron directamente en La Sexta a una de las negociadoras, la vicepresidenta primera, Mar¨ªa Jes¨²s Montero, si van a permitir a Catalu?a que expulse a inmigrantes, ella evit¨® un no rotundo, pero redujo las expectativas: ¡°Es aventurado trasladar ninguna cuesti¨®n porque nos faltan largos meses de discusi¨®n, no solo con Junts, sino con el resto de los grupos¡±, sentenci¨®. Al ser preguntada en directo por si otras comunidades podr¨ªan demandar lo mismo, la vicepresidenta ha respondido: ¡°Nadie lo ha pedido¡±.

De las palabras de Montero y de las conversaciones con fuentes gubernamentales puede deducirse que lo ¨²nico seguro a d¨ªa de hoy es que se redactar¨¢ una nueva ley sin que nadie tenga claro su contenido. Preguntados, los ministerios de Interior y Migraciones, los que m¨¢s competencias migratorias concentran, se han remitido a las palabras de Bola?os y Montero. ¡°El anuncio ha pillado a muchos por sorpresa¡±, mantiene una fuente ministerial.

Mientras el PSOE apostaba por la contenci¨®n, los representantes de Junts dedicaron la ma?ana del jueves a perfilar sus aspiraciones migratorias en declaraciones que han sembrado a¨²n m¨¢s dudas sobre su viabilidad. El secretario general del partido, Jordi Turull, ha dicho que quieren para la Generalitat, gobernada ahora por ERC, la autoridad para expulsar a inmigrantes que reincidan en m¨²ltiples delitos. Tambi¨¦n quieren influir en los flujos migratorios. La portavoz de Junts en el Congreso, M¨ªriam Nogueras, a?adi¨® adem¨¢s que el acuerdo debe incluir la gesti¨®n de los permisos de residencia.

Catalu?a es la segunda comunidad aut¨®noma con un mayor porcentaje de extranjeros, solo por detr¨¢s de Baleares. Son m¨¢s de 1,4 millones personas que suponen un 18% del total de la poblaci¨®n (en Espa?a la poblaci¨®n extranjera supone un 13%). La comunidad marroqu¨ª es la m¨¢s numerosa, seguida de la rumana y la italiana.

La competencia en inmigraci¨®n es estatal, aunque los distintos estatutos de autonom¨ªa han ido abriendo v¨ªas con las que las comunidades participan, en mayor o menor medida, en la pol¨ªtica migratoria. La mayor¨ªa de las autonom¨ªas han asumido medidas para la integraci¨®n social y laboral de los inmigrantes en el marco de sus competencias, aunque algunas, como Catalu?a y Andaluc¨ªa, han ido m¨¢s all¨¢. Las dos gestionan la tramitaci¨®n de autorizaciones iniciales de trabajo de los extranjeros cuya relaci¨®n laboral se desarrolle en su territorio. Esto no quiere decir que apliquen criterios propios para otorgar los permisos, sino que se ocupan de su tramitaci¨®n. Catalu?a asume adem¨¢s la primera acogida de los extranjeros. No ofrece recursos donde vivir, una competencia estatal, pero s¨ª asesoramiento, cursos de formaci¨®n o de idiomas, una atribuci¨®n bastante b¨¢sica.

Las competencias sobre las autorizaciones de trabajo de Catalu?a y Andaluc¨ªa, fueron recurridas por Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, ante el Tribunal Supremo en 2009. Pero, dos a?os despu¨¦s, el alto tribunal rechaz¨® el recurso. Tambi¨¦n la sentencia del Tribunal Constitucional que analiz¨® la reforma del Estatuto de Autonom¨ªa de Catalu?a aval¨® esa atribuci¨®n porque consider¨® que se circunscrib¨ªa al ¨¢mbito laboral y no condicionaba la competencia estatal en materia de entrada y residencia de extranjeros.

En el pacto con Junts se habla de ¡°delegaci¨®n integral de las competencias y recursos en inmigraci¨®n¡±, pero el campo que se abre es desconocido, incluso para los que tienen que emplearse ahora en cristalizar el acuerdo en un papel. Cuando Bola?os y Montero despejan balones sobre el tema, no es porque no quieran responder, sino porque hay much¨ªsimas dudas acerca de c¨®mo se puede concretar el acuerdo, seg¨²n fuentes de la Administraci¨®n. ¡°Se est¨¢ estudiando qu¨¦ tipo de competencias pueden delegarse. No est¨¢ claro¡±, explican.

La aspiraci¨®n de Junts de expulsar a inmigrantes que reincidan en m¨²ltiples delitos es una competencia del Ministerio del Interior que, adem¨¢s, solo se ejecuta en base a decisiones judiciales. No parece viable que la Generalitat pueda asumir su propia pol¨ªtica de expulsiones, ni decidir sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Ferran Camas, director de la c¨¢tedra de Inmigraci¨®n de la Universidad de Girona, duda que las pretensiones de Junts tengan encaje constitucional. ¡°La potestad de expulsar reside en el Estado, en las ¨®rdenes dictadas por las subdelegaciones de Gobierno y la polic¨ªa y en las decisiones judiciales. Las comunidades aut¨®nomas no pueden decidir sobre un asunto que es propio del principio de soberan¨ªa estatal y que adem¨¢s puede afectar a libertades fundamentales de las personas¡±, explica.

Camas tampoco ve claro que la Generalitat pueda asumir la gesti¨®n de las autorizaciones de residencia, como ya hace con las de trabajo. ¡°A diferencia de una autorizaci¨®n inicial de trabajo, que est¨¢ limitada a un territorio concreto, un permiso de residencia da al extranjero la libertad para residir no solo en Catalu?a, sino en todo el territorio, con los mismos derechos y deberes. ?Las autorizaciones de residencia que conceda Catalu?a servir¨¢n solo en Catalu?a? Dir¨ªa que no se puede conceder autorizaciones para una sola comunidad aut¨®noma¡±. Fuentes de la Administraci¨®n plantean que quiz¨¢ pueda hablarse de dar a Catalu?a ¡°competencias ejecutivas¡± en las renovaciones de autorizaciones de trabajo y residencia, una funci¨®n que depende ahora de las oficinas de Extranjer¨ªa, pero nadie se atreve a afirmar que eso sea posible.

Nogueras se ha referido a que con el acuerdo se aspira a ¡°gestionar los flujos migratorios¡±, aunque tampoco est¨¢ claro c¨®mo puede hacerlo cuando la libertad de movimiento por el territorio espa?ol est¨¢ garantizada incluso para los inmigrantes en situaci¨®n irregular. En el caso de solicitantes de asilo puede ser m¨¢s viable. El estudio y concesi¨®n de las peticiones de protecci¨®n internacional es y ser¨¢ competencia nacional, pero la acogida de quien llega a Espa?a pidiendo refugio, tambi¨¦n en manos del Estado, tiene m¨¢s margen de negociaci¨®n. El caso del Pa¨ªs Vasco puede ilustrarlo. Para apoyar la investidura de Pedro S¨¢nchez, el PNV pact¨® con el PSOE una peque?a cesi¨®n en materia migratoria. En concreto, quiere el traspaso de la competencia y su correspondiente financiaci¨®n de la ¨²ltima fase de acogida de los refugiados. En esta etapa, la llamada fase de autonom¨ªa, los solicitantes de asilo ya est¨¢n reconocidos como refugiados y viven de forma m¨¢s o menos independiente en viviendas y no en centros de acogida; trabajan y se preparan para una autonom¨ªa total. ¡°Tiene todo el sentido que asumamos el conjunto de la gesti¨®n de una fase que va acompa?ada de un proceso de integraci¨®n en el lugar donde los refugiados se asientan y en el que ya participa la comunidad aut¨®noma¡±, explica el director de Migraci¨®n y Asilo del Gobierno Vasco, Xabier Legarreta. Aunque peque?a, esta es una de las cesiones prioritarias reivindicadas por el PNV en su acuerdo y sigue en negociaci¨®n. Precisamente este jueves, el lehendakari, I?igo Urkullu, ha pedido al Gobierno ¡°plasmar ya¡± ese compromiso. Junts, sin embargo, no ha dejado claro qu¨¦ quiere ni por qu¨¦.

El partido de Carles Puigdemont lleva meses endureciendo el tono en materia migratoria. El pasado mes de diciembre, Junts puso ¨¦nfasis en algunos altercados y conflictos de convivencia registrados en algunos municipios catalanes para agitar el discurso de la inseguridad ciudadana. Es su estrategia pol¨ªtica para desgastar al Govern de ERC y competir por los votos de la derecha, como Vox y como Alian?a Catalana en Ripoll, que han normalizado los discursos islam¨®fobos.