Los argumentos del fiscal del Supremo que tampoco ve indicios contra Puigdemont: ¡°No concurre terrorismo¡±

El fiscal del Tribunal Supremo encargado de analizar el caso Tsunami Democr¨¤tic, ?lvaro Redondo, no aprecia delitos de terrorismo en las protestas impulsadas en 2019 por la plataforma independentista contra la sentencia del alto tribunal que conden¨® a los l¨ªderes del proc¨¦s. Tampoco ve que existan indicios suficientes para imputar al expresident Carles Puigdemont y a Rub¨¦n Wagensberg, el miembro de la mesa del Parlament, que anunci¨® la pasada semana su marcha a Suiza por ¡°miedo¡± a esta investigaci¨®n de la Audiencia Nacional, impulsada por el juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n. Esas son las principales conclusiones del informe que Redondo pondr¨¢ este martes sobre la mesa de la junta de fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo, que debatir¨¢n su propuesta para pronunciarse sobre si el alto tribunal debe asumir la causa.

En su escrito de 69 p¨¢ginas, al que tuvo acceso EL PA?S, ?lvaro Redondo mantiene una l¨ªnea similar a la marcada por Miguel ?ngel Carballo, fiscal del caso Tsunami en la Audiencia Nacional. Ambos pertenecen a la conservadora Asociaci¨®n de Fiscales. Estos son los principales argumentos expuestos por el fiscal del Supremo, seg¨²n consta en el documento elaborado por ¨¦l:

Des¨®rdenes p¨²blicos. El fiscal del Supremo afirma que el bloqueo del aeropuerto de El Prat (Barcelona) y el corte de carreteras impulsados por Tsunami, as¨ª como los disturbios causados durante las protestas y la huelga convocadas en 2019, solo pueden considerarse como ¡°indiciariamente constitutivos de delitos de des¨®rdenes p¨²blicos¡±. ¡°No concurre el tipo penal de terrorismo¡±, a?ade el miembro del ministerio p¨²blico.

Redondo recuerda que el juez Garc¨ªa-Castell¨®n apunt¨® que la movilizaci¨®n convocada en El Prat se tradujo en ¡°posibles actuaciones terroristas¡±, ya que provoc¨® el ¡°encierro de los controladores a¨¦reos en la torre de control, impidi¨¦ndoles la salida del edificio, as¨ª como al bloqueo de pasajeros¡± en la propia instalaci¨®n, ¡°por el cierre de las salidas¡±. Sin embargo, el fiscal no comparte esa tesis. El representante de la acusaci¨®n p¨²blica detalla que los manifestantes no ten¨ªan ¡°la intenci¨®n espec¨ªfica de encerrar¡± a los controladores y a los pasajeros afectados, sino que ese fue el efecto de su acci¨®n. Por tanto, a?ade el fiscal, no puede considerarse que se produjera una ¡°detenci¨®n ilegal¡±, sino como mucho unas ¡°coacciones¡±: ¡°Delito menos grave cuya comisi¨®n, incluso con la finalidad de afectar gravemente a la paz p¨²blica, no constituye delito de terrorismo¡±.

El muerto de El Prat. El ministerio p¨²blico admite que, m¨¢s adelante, el avance de las investigaciones puede revelar la responsabilidad penal de ¡°alguna persona¡± concreta por las lesiones sufridas en esas movilizaciones por algunos afectados ¡ªcomo los agentes de polic¨ªa que resultaron heridos¡ª. Pero a?ade: ¡°No obstante, ninguna de dichas lesiones puede ser objetivamente imputada a los se?ores aforados, [Puigdemont y Wagensberg]¡±. ¡°En el mismo sentido, el fallecimiento de un pasajero en el aeropuerto ¡ªun turista franc¨¦s que sufri¨® un infarto¡ª, dados los informes rese?ados en la exposici¨®n razonada, no puede prima facie atribuirse a la actuaci¨®n de los manifestantes. La muerte por paro card¨ªaco aparece vinculada a una enfermedad card¨ªaca cr¨®nica. En el supuesto de que tal conexi¨®n pudiera establecerse, a partir de futuras investigaciones, parece evidente que dicho suceso no puede imputarse a la concreta actuaci¨®n de los se?ores aforados¡±.

¡°Indicios demasiado abiertos¡±. ?lvaro Redondo mantiene que no existen pruebas concretas que impliquen a Puigdemont y Wagensberg. En su escrito, el fiscal afirma que ¡°los indicios¡± expuestos por el juez ¡°resultan demasiado abiertos¡±. En este sentido, el miembro del ministerio p¨²blico cita jurisprudencia del alto tribunal donde se requiere que, para el Supremo asuma la causa contra un aforado, ¡°es exigible no solo que se individualice la conducta concreta que pudiera ser constitutiva de delito, sino tambi¨¦n que haya alg¨²n indicio o principio de prueba que pudiera servir de apoyo a tal imputaci¨®n¡±.

El juez enumeraba varios indicios contra Puigdemont. Garc¨ªa-Castell¨®n citaba documentaci¨®n intervenida a Josep Llu¨ªs Alay, amigo de Carles Puigdemont y jefe de su oficina en Waterloo (B¨¦lgica), que situaba al expresident en unas reuniones celebradas en Ginebra (Suiza) a finales de agosto de 2019, ¡°donde pudo haberse planificado la actuaci¨®n de Tsunami¡±. El magistrado tambi¨¦n incid¨ªa, entre otros indicios, en un mensaje de m¨®vil, enviado por otro de los imputados (Jes¨²s Rodr¨ªguez) a Alay, que dice: ¡°El lunes 26 de agosto se dar¨¢n a conocer los perfiles de la campa?a Tsunami Democr¨¤tic como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo. Supongo que desde ?mnium [Cultural, una asociaci¨®n independentista], informar¨¢n directamente al presidente Puigdemont. Te lo avanzo para que tenga constancia¡±.

Descarta el delito electoral. El fiscal a?ade en su escrito: ¡°Se realizaron actividades culturales, pol¨ªticas y festivas en todas las ciudades, pueblos y barrios del territorio de la comunidad catalana, pretendiendo, con ello, interferir en el proceso electoral. Sin embargo, tales conductas no constituyen delito electoral. No se verifica la conducta consistente en presionar con violencia o intimidaci¨®n a los electores para que voten, o en dificultar la entrada o salida de los electores de los colegios electorales, ni una grave perturbaci¨®n del acto electoral, ¨²nicos tipos penales que podr¨ªan tener alguna relaci¨®n con los hechos descritos por el instructor, seg¨²n la vigente legislaci¨®n electoral¡±.