Familiares de los fallecidos en el incendio de las discotecas de Murcia se querellan contra dos concejales y tres funcionarios

Los familiares de dos de las 13 personas que fallecieron el pasado 1 de octubre en el incendio que arras¨® dos discotecas de Murcia han presentado este martes una querella contra el actual concejal de Urbanismo de la ciudad, Antonio Navarro (PP), su antecesor en el cargo, Andr¨¦s Guerrero (PSOE), y tres funcionarios del Ayuntamiento. Los consideran responsables de la tragedia porque consintieron durante a?os que las discotecas siniestradas se mantuvieran abiertas a pesar de que ten¨ªan numerosas deficiencias en materia de seguridad y tambi¨¦n una orden de cese de actividad vigente. El abogado que los representa, Jos¨¦ Manuel Mu?oz Ort¨ªn, cree que pueden ser considerados culpables de delitos de prevaricaci¨®n por omisi¨®n y va m¨¢s all¨¢: denuncia una ¡°trama organizada que permite que esta discoteca funcione de forma continuada e irregular desde que inici¨® su actividad¡±, en el a?o 2008.

Para el letrado, que ha ofrecido una rueda de prensa acompa?ado de sus representados, todo el expediente administrativo relacionado con las discotecas, de unos 1.800 folios, est¨¢ cuajado de irregularidades que se han mantenido a lo largo del tiempo y tuvieron que ser conocidas, e incluso propiciadas, por los dos concejales (Navarro estuvo en el cargo entre 2015 y 2021, y de nuevo a partir de las elecciones municipales de mayo de 2023, mientras que Guerrero lo ocup¨® desde marzo de 2021 hasta las elecciones de mayo de 2023), y tambi¨¦n por los tres funcionarios contra los que se dirige la querella: el inspector del servicio t¨¦cnico de Obras y Actividades, el jefe de servicio de Protecci¨®n Civil y Protecci¨®n contra Incendios y el jefe del servicio de Intervenci¨®n.

En total, desde que la discoteca solicit¨® una licencia de actividad en 2005, hasta el d¨ªa del incendio, el 1 de octubre de 2023, se generaron una veintena de resoluciones, de las que tres son ¨®rdenes de suspensi¨®n y cese de la actividad, y otras cuatro son solicitudes de inicio de procedimientos de legalizaci¨®n. ¡°La peculiaridad en este caso es que se ha mantenido una actividad a trav¨¦s de procedimientos de legalizaci¨®n. Si hab¨ªa una denuncia de la Polic¨ªa Local, si se detectaba una irregularidad en los protocolos de seguridad, si se emit¨ªa una sanci¨®n, si se decretaba el cierre¡­ a continuaci¨®n, siempre se abr¨ªa un procedimiento de legalizaci¨®n que luego se quedaba sin resoluci¨®n. El procedimiento se abr¨ªa para paralizar una sanci¨®n o una suspensi¨®n, pero nunca iba m¨¢s all¨¢. Hablamos de una eterna regularizaci¨®n¡±, ha explicado el abogado.

Mu?oz Ort¨ªn ha explicado que la ley contempla solicitar un procedimiento de legalizaci¨®n ante una irregularidad, pero alerta de que ese procedimiento debe concluir y, si no lo hace y caduca, como sucedi¨® con las discotecas incendiadas, el cese de la actividad debe ser autom¨¢tico. En este caso, sin embargo, esos y otros expedientes se dejaron caducar sin respuesta y sin detener la actividad. Adem¨¢s, ha destacado la pr¨¢ctica ¡°fraudulenta¡± de que todos los procedimientos de legalizaci¨®n se presentaron con la misma documentaci¨®n y repitiendo alegaciones que ya hab¨ªan sido desestimadas previamente, motivo por el que deb¨ªan haber sido inadmitidos.

El expediente administrativo recoge diversas resoluciones abiertas a instancias de la Polic¨ªa Local por incumplimientos de medidas de seguridad o de aforos, pero la sala solo lleg¨® a ser sancionada en una ocasi¨®n, con una multa de 250 euros por no haber comunicado un cambio de titularidad. La solicitud de dividir en dos la nave industrial en la que se ubicaban las dos discotecas nunca fue concedida, y fue lo que motiv¨® que se dictara la ¨²ltima de las ¨®rdenes de cierre que no lleg¨® a ejecutarse. Para el abogado, esa divisi¨®n gener¨® deficiencias en materia de seguridad que fueron determinantes en las muertes de las 13 v¨ªctimas del incendio, ya que las medidas de evacuaci¨®n de Fonda Milagros eran casi inexistentes: sus puertas de emergencia no daban a la calle, sino a la otra discoteca, Teatre, donde la polic¨ªa sit¨²a el origen del fuego. La zona de palcos de Fonda, donde fallecieron todas las personas, solo contaba con una ¨²nica salida, y sus recorridos de evacuaci¨®n ten¨ªan distancias que llegaban a superar los 36 metros, cuando el m¨¢ximo permitido por ley es de 25 metros. Pese a ello, la discoteca sigui¨® funcionando, como tambi¨¦n lo hizo Teatre, donde ya en 2017 el expediente deja reflejada una inspecci¨®n en la que se constataba que sus salidas de emergencia estaban bloqueadas, una deficiencia que no se subsan¨® y de la que los bomberos dieron cuenta el d¨ªa del incendio.

Este mantenimiento a lo largo de los a?os de todas las irregularidades es la que lleva a Mu?oz Ort¨ªn a hablar de una ¡°trama organizada¡±. En su opini¨®n, el concejal Antonio Navarro ¡°desarroll¨® una normativa que permit¨ªa este funcionamiento¡± administrativo, y su sucesor, Andr¨¦s Guerrero, aunque dict¨® la ¨²ltima de las ¨®rdenes de cierre, que segu¨ªa vigente en el momento del incendio, incluy¨® en ella una cl¨¢usula que invalidaba la propia orden, ya que daba pie a poder mantener la sala funcionando con un nuevo procedimiento de legalizaci¨®n. Los tres funcionarios, por su parte, dejaron tambi¨¦n pasar las graves infracciones que afectaban a la seguridad sin tomar medidas.

Desde el Ayuntamiento de Murcia han emitido un comunicado para recordar que estos mismos afectados ya solicitaron al juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 3, que instruye el caso, que abriera una pieza separada para dirimir estas responsabilidades, algo que fue denegado por su titular. Mu?oz Ort¨ªn ha se?alado que esas diligencias se solicitaron cuando las partes a¨²n no hab¨ªan tenido acceso al expediente administrativo y, por lo tanto, no hab¨ªan sido argumentadas con una base documental con la que s¨ª cuentan ahora, motivo por el que han decidido plantear esta nueva querella.

Hasta el momento, en la causa abierta por el incendio, que investiga 13 posibles homicidios por imprudencia, hay investigadas seis personas: el propietario de Fonda Milagros, tres responsables de Teatre, adem¨¢s del DJ que organiz¨® la fiesta que se celebraba esa noche y el propietario de la m¨¢quina de fuegos fr¨ªos que la polic¨ªa cree que fue el origen del incendio.