El Gobierno da un ultim¨¢tum al Poder Judicial para acelerar la reforma legal que deja la investigaci¨®n penal en manos de los fiscales
Justicia reclam¨® en marzo de 2021 el pronunciamiento del CGPJ, que admite el retraso pero alega la complejidad de los trabajos
El Ministerio de Justicia reclam¨® en febrero de 2021 al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un informe sobre el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2020. Tres a?os despu¨¦s, el ¨®rgano de gobierno de los jueces no ha enviado todav¨ªa su dictamen sobre esta reforma integral del proceso penal que contempla, entre otros cambios, que la instrucci¨®n de las causas penales quede en ...
El Ministerio de Justicia reclam¨® en febrero de 2021 al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un informe sobre el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2020. Tres a?os despu¨¦s, el ¨®rgano de gobierno de los jueces no ha enviado todav¨ªa su dictamen sobre esta reforma integral del proceso penal que contempla, entre otros cambios, que la instrucci¨®n de las causas penales quede en manos de los fiscales. El Ministerio de Justicia ha enviado esta semana una carta al CGPJ en la que pone de relieve este retraso y reclama que se remita el informe ¡°en el curso de esta semana¡±.
El ultim¨¢tum dado por Justicia constata la intenci¨®n del Ministerio que dirige F¨¦lix Bola?os de acelerar la nueva Lecrim, una de las reformas legales de mayor envergadura dise?adas en los ¨²ltimos a?os y que implicar¨¢ un vuelco en el proceso penal. Pero para avanzar en la tramitaci¨®n es preceptivo el informe del CGPJ, cuyo mandato caduc¨® en diciembre de 2018, pero que, mientras siga en funciones, tiene entre sus principales competencias la de informar sobre los anteproyectos de ley. Fuentes del ¨®rgano se?alan que el presidente suplente, Vicente Guilarte, prev¨¦ dar cuenta en el pleno de este jueves de la carta enviada por Justicia ¡°para adoptar las decisiones que correspondan¡±, previsiblemente, fijar una fecha para el fin de los trabajos. El Consejo no va a cumplir el plazo dado por el Gobierno, pero las fuentes consultadas se?alan que el documento, en el que se empez¨® a trabajar en marzo de 2021, est¨¢ muy avanzado y puede estar terminado en unas semanas.
Estas fuentes admiten el retraso en la redacci¨®n del texto, pero alegan la complejidad de la norma y las vacilaciones del Gobierno con esta ley, impulsada en la etapa de Juan Carlos Campo en Justicia, pero que en tiempos de Pilar Llop se lleg¨® a meter en un caj¨®n durante varios meses. Este frenazo llev¨®, seg¨²n el CGPJ, a aparcar el informe de mutuo acuerdo con el Ejecutivo. El Ministerio reclam¨® de nuevo el dictamen en enero de 2022, y, en marzo de ese a?o, el Consejo remiti¨® el anteproyecto a todos los jueces destinados en las salas de los tribunales del orden penal para recabar su opini¨®n, constituy¨® un grupo t¨¦cnico de trabajo con tres magistrados y sum¨® un nuevo vocal ponente a los cinco designados de inicio para agilizar el trabajo. Para entonces, el ministerio ya hab¨ªa concedido varias pr¨®rrogas solicitadas por el Consejo para la entrega del informe, pero en julio de 2022 deneg¨® la ¨²ltima solicitada.
El grupo de expertos designados para elaborar las bases del dictamen redact¨® un primer borrador que, en l¨ªneas generales, avalaba la norma, aunque advert¨ªa, entre otros aspectos, de la necesidad de reformar el estatuto del Ministerio Fiscal para ampliar su autonom¨ªa antes de ponerle al frente de la instrucci¨®n de las causas penales. Este texto se remiti¨® al presidente del ¨®rgano y los vocales el 25 de mayo de 2023 para que lo fueran analizando. Cuatro d¨ªas m¨¢s tarde, el presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, anunci¨® la convocatoria de elecciones para el 23 de julio. ¡°Desde la celebraci¨®n de las elecciones generales, el Ministerio de Justicia no hab¨ªa vuelto a enviar, hasta esta semana, ninguna indicaci¨®n en relaci¨®n con la emisi¨®n del informe¡±, alega el Consejo.
En los m¨¢s de tres a?os que han pasado desde que Justicia reclam¨® al CGPJ el dictamen de la Lecrim, el ¨®rgano, cuyo mandato caduc¨® en diciembre de 2018, ha emitido m¨¢s de medio centenar de informes sobre anteproyectos, reales decretos y otras normas, la mayor¨ªa de ellos reclamados con posteridad al de la ley del proceso penal, la reforma de m¨¢s calado sobre la que tiene pendiente pronunciarse el Consejo de forma preceptiva. El ¨®rgano ha ultimado tambi¨¦n, en poco m¨¢s de dos meses, un dictamen reclamado por la Mesa del Senado ¨Ddonde el PP tiene mayor¨ªa absoluta¨D sobre la proposici¨®n de ley de amnist¨ªa, una norma cuya tramitaci¨®n no exige informe del CGPJ. El Consejo encarg¨® este pronunciamiento a dos vocales, Wenceslao Olea, del sector conservador, y Mar Cabrejas, progresistas. Las discrepancias entre ambos ha impedido que consens¨²en un ¨²nico texto, por lo que cada uno ha elaborado el suyo y ambos ser¨¢n sometidos a debate en el pleno de este jueves. Vocales de ambos grupos dan por hecho que la mayor¨ªa conservadora propiciar¨¢ que se apruebe el de Olea, que carga duramente contra la amnist¨ªa y considera que no tiene encaje en la Constituci¨®n.
El mismo d¨ªa que Justicia reclam¨® por primera vez al CGPJ el informe de la Lecrim, el 23 de febrero de 2021, se remiti¨® una petici¨®n id¨¦ntica a la Fiscal¨ªa, cuyo pronunciamiento sobre los anteproyectos de ley es tambi¨¦n preceptivo. El Consejo Fiscal aprob¨® cuatro meses despu¨¦s su dictamen, de m¨¢s de 700 p¨¢ginas y en el que advert¨ªa de graves deficiencias en la ley. Este texto llev¨® a la entonces ministra Llop a crear un grupo de trabajo para revisar el anteproyecto.