El Gobierno da el primer paso para la reforma integral del proceso penal

El Ejecutivo dio ayer el primer paso para una de las reformas legales de mayor envergadura: la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), un proyecto que se ha ido retrasando desde hace nueve a?os y que supondr¨¢ un cambio estructural en el proceso penal. El Consejo de Ministros aprob¨® el borrador del anteproyecto de ley que Justicia encarg¨® a una comisi¨®n de expertos y que deja la instrucci¨®n penal en manos de los fiscales. El ministro Juan Carlos Campo defendi¨® la reforma como ¡°un ejercicio de coherencia constitucional y de cumplimiento del mandato de la UE¡±.

Al texto aprobado ayer le queda por delante un largo camino de tr¨¢mite parlamentario en el que sufrir¨¢ modificaciones, pero el Ministerio de Justicia conf¨ªa en que se mantengan las l¨ªneas esenciales de su proyecto. El borrador elaborado por un grupo de expertos bebe del plan que ya se puso en marcha en 2011, en tiempos del ministro Francisco Caama?o, de cuyo equipo formaba parte el actual ministro, aunque la reforma ahora propuesta es m¨¢s amplia e incluye cambios que entonces no se plantearon. El texto recoge 982 art¨ªculos, casi un 25% m¨¢s que el elaborado bajo el Ejecutivo de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. Y apenas un 10% de los que se repiten conservan la literalidad del anterior proyecto, seg¨²n fuentes conocedoras de los trabajos de redacci¨®n.

Si el proyecto sale adelante, la instrucci¨®n de las causas penales ser¨¢ asumida por el fiscal, que dirigir¨¢ toda la investigaci¨®n. Justicia defiende que este modelo, que cuenta con el benepl¨¢cito de la mayor parte de las carreras judicial y fiscal, es m¨¢s ¡°eficiente¡± y ¡°garantista¡±. El fiscal investiga y el juez vela por que esa investigaci¨®n no vulnere ninguna garant¨ªa constitucional. Al margen de que Campo es firme partidario de este cambio, el titular de Justicia advirti¨® ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que atribuir la investigaci¨®n al fiscal, ¡°no es ya una opci¨®n, sino una obligaci¨®n establecida de forma clara y directa por la UE¡±.

La nueva Lecrim, que pondr¨¢ fin a la vigencia de una ley de 138 a?os (la actual se aprob¨® en 1882 y ha sido reformada 77 veces), obligar¨¢ a retocar otras normas, en especial el Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal y la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, en la que se deber¨¢ regular el funcionamiento de los jueces de garant¨ªa y los llamados tribunales de instancia sobre los que pivota el nuevo modelo (que sustituyen los actuales ¨®rganos unipersonales). Justicia calcula que la nueva ley tardar¨¢ seis a?os en estar en pleno funcionamiento, ya que la transferencia de funciones de los jueces a los fiscales requiere de reformas estructurales que abarcan desde la necesidad de actualizar las herramientas inform¨¢ticas a la distribuci¨®n de funciones del personal de juzgados y fiscal¨ªas.

Aunque el modelo de investigaci¨®n fiscal es el gran cambio que introduce el texto aprobado ayer, el anteproyecto recoge otras reformas pendientes desde hace a?os. Uno de ellos es el veto a que los partidos pol¨ªticos y los sindicatos ejerzan la acusaci¨®n popular, una pr¨¢ctica que se ha extendido en los ¨²ltimos a?os, particularmente en casos de corrupci¨®n o que implican a pol¨ªticos, y al que muchos jueces y fiscales eran partidarios de poner coto. Los expertos que han participado en la redacci¨®n del proyecto defienden este cambio para ¡°recuperar¡± para los ciudadanos la acci¨®n popular, acaparada ahora por organizaciones.

El texto prev¨¦ tambi¨¦n la creaci¨®n de una comisi¨®n nacional de seguimiento de la prisi¨®n provisional, un ¨®rgano inspirado en el art¨ªculo 150 del c¨®digo procesal franc¨¦s y cuya misi¨®n ser¨¢ revisar el uso que se da a esta medida cautelar. La ley pretende garantizar la indemnizaci¨®n a quienes hayan sido absueltos o cuyo proceso se haya sobrese¨ªdo tras estar en prisi¨®n provisional. ¡°En un proceso penal regido por la presunci¨®n de inocencia la prisi¨®n provisional tiene que ser la excepci¨®n¡±, se?alan fuentes conocedoras de la redacci¨®n del texto, que recuerdan que el Tribunal Constitucional fij¨® recientemente la obligaci¨®n de compensar a quienes sufran estas situaciones.