El Gobierno ralentiza las reformas legales de gran calado

Las reformas estrella que el Gobierno y los dos partidos que lo integran defendieron al comenzar la legislatura en materia de Justicia e Interior han echado el freno. El Ejecutivo, que s¨ª sac¨® adelante recientemente la ley de la eutanasia y trabaja en la de memoria democr¨¢tica, ha pospuesto otros grandes debates jur¨ªdicos para concentrarse en el desarrollo de los Presupuestos y las grandes reformas econ¨®micas. Tras las cr¨ªticas que recibi¨® del Consejo Fiscal, el Ministerio de Justicia ha decidido repensar el proyecto estrella de la legislatura, una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal para que la instrucci¨®n de los casos pase de jueces a fiscales.

Adem¨¢s, la derogaci¨®n de la Ley de Seguridad Ciudadana del PP, conocida como ley mordaza, sigue empantanada en el Congreso de los Diputados sin que ni siquiera haya acuerdo sobre la eliminaci¨®n de las devoluciones en caliente, tras un aval ambiguo del Tribunal Constitucional a esta medida. Esta ley estuvo encima de la mesa en la negociaci¨®n presupuestaria entre los dos socios de Gobierno, pero finalmente se dej¨® para m¨¢s adelante.

El Ejecutivo ha centrado sus prioridades en la agenda econ¨®mica, en especial los Presupuestos, y est¨¢ dejando otras cuestiones en segundo plano. Fuentes del Gobierno se?alan que, al menos en lo que queda de a?o, la agenda del Gobierno y de sus reformas legales est¨¢ ¡°centrada en la recuperaci¨®n justa¡± despu¨¦s de una pandemia muy dura y, por tanto, esa es la prioridad.

La prisi¨®n permanente revisable, que el PSOE recurri¨® y Podemos denunci¨® por inconstitucional, ha sido avalada por el Constitucional y en el Gobierno no hay de momento planes para sacarla del C¨®digo Penal. Fuentes del Ejecutivo aseguran que no se renuncia a la idea de derogar esta norma, pero que se va a trabajar primero para buscar una mayor¨ªa suficiente en el Congreso.

Lo mismo ocurre con la reforma del delito de sedici¨®n, vinculado a la situaci¨®n de los dirigentes independentistas catalanes. La reforma de este delito, con una rebaja de las penas previstas de 15 a 8 a?os de c¨¢rcel, era una de las v¨ªas que se plantearon al inicio de la legislatura para flexibilizar situaci¨®n penitenciaria de los nueve l¨ªderes independentistas catalanes condenados por sedici¨®n por el Tribunal Supremo en octubre de 2019. Una vez que Oriol Junqueras y el resto de condenados por este delito fueron indultados por el Gobierno y puestos en libertad el pasado junio por motivos de ¡°utilidad p¨²blica¡±, la reforma del C¨®digo Penal ha perdido urgencia. El Gobierno cree, adem¨¢s, que no hay consensos suficientes en el Parlamento para abordar ya esa cuesti¨®n.

Tambi¨¦n se ha echado el freno por ahora a la promesa del sector socialista del Gobierno de llevar adelante un cambio en las leyes que afectan a la libertad de expresi¨®n para evitar casos como el del rapero Pablo Has¨¦l, condenado a penas de prisi¨®n. Unidas Podemos sigue adelante con su propuesta en el Congreso para sacar adelante esta reforma, pero la ley que iba a promover Justicia no se ha abordado.

¡°Ritmo m¨¢s lento¡±

El ministerio que dirige Pilar Llop est¨¢ trabajando ahora para acelerar otras tres leyes que tienen como objeto mejorar la organizaci¨®n, eficiencia y digitalizaci¨®n de la justicia, en el marco de la Agenda 2030, y en una o dos semanas tendr¨¢ lista una de ellas, la de eficiencia organizativa. Pero otros proyectos legislativos se han ralentizado. Fuentes de este departamento aseguran que se va a seguir trabajando en todos ellos, pero a un ¡°ritmo m¨¢s lento¡± para que los planes que se impulsen tengan consenso de los sectores implicados y mayor¨ªas suficientes para sacarlos adelante en el Congreso.

Uno de los proyectos que estaba m¨¢s avanzado es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), para dar la instrucci¨®n a los fiscales, una de las propuestas de mayor envergadura del Ministerio de Justicia para esta legislatura. El Consejo de Ministros aprob¨® en noviembre de 2020 el anteproyecto, pero tras la destituci¨®n del ministro Juan Carlos Campo y la llegada de Pilar Llop al ministerio, la gran reforma del proceso penal ha entrado en una fase de replanteamiento.

Fuentes de Justicia explican que el dur¨ªsimo informe emitido en julio pasado por el Consejo Fiscal sobre el anteproyecto aprobado por el Ejecutivo ha llevado al Ministerio de Justicia a rehacer el texto. Los cambios, afirman estas fuentes, no afectar¨¢n a la esencia del proyecto (dejar la instrucci¨®n penal en manos de los fiscales), pero se va a revisar el texto para eliminar los puntos negros se?alados por la Fiscal¨ªa.

La necesidad de acometer una modificaci¨®n integral del proceso penal se ha ido retrasando durante 20 a?os y el exministro Campo lo asumi¨® cuando lleg¨® al cargo como uno de los planes irrenunciables de su mandato. Pero el dictamen emitido en julio por el Consejo Fiscal ¡ªprincipal ¨®rgano asesor de la fiscal general¡ª encendi¨® todas las alertas.

El ministerio p¨²blico apoya la decisi¨®n del Gobierno de dejar la instrucci¨®n penal en manos de los fiscales, tal y como contempla el anteproyecto aprobado por el Ejecutivo, pero cuestion¨® de forma muy contundente c¨®mo resuelve ese texto aspectos clave de la norma, lo que, en opini¨®n de la Fiscal¨ªa, puede hacer fracasar el nuevo modelo de proceso penal. El ¨®rgano que preside Dolores Delgado se?al¨® importantes deficiencias en el anteproyecto, especialmente, por las ¡°exorbitantes funciones¡± que, en su opini¨®n, seguir¨ªan concentrando los denominados jueces de garant¨ªas, figura en la que se transforman los actuales jueces de instrucci¨®n y cuyo cometido ser¨¢ supervisar la labor de los fiscales investigadores.

La Fiscal¨ªa advirti¨® de que si la reforma segu¨ªa adelante tal y como estaba planteada hab¨ªa un grave riesgo de ¡°dilaciones y otras disfunciones que pueden dar lugar a la ralentizaci¨®n de los procedimientos¡± y se generar¨ªan ¡°indeseables espacios de impunidad¡±. El informe urg¨ªa tambi¨¦n a ampliar la plantilla de fiscales para evitar un previsible ¡°colapso¡± cuando el ministerio p¨²blico tuviera que asumir la direcci¨®n de la investigaci¨®n penal. El ministro Campo fue destituido el 10 de julio, solo tres d¨ªas despu¨¦s de que el Consejo Fiscal aprobara e hiciera p¨²blico ese dictamen.

Comisi¨®n de instituciones

La fiscal Dolores Delgado pidi¨® ¡°ajustes¡± y Justicia, ya sin Campo y con Llop (juez de carrera, como su antecesor) al frente ha decidido no empezar de cero, pero casi. El anteproyecto aprobado en noviembre pasado, que beb¨ªa en gran medida del plan que ya se puso en marcha en 2011, en tiempos del ministro Francisco Caama?o, fue redactado por un grupo de expertos pero sin contar con los operadores jur¨ªdicos, lo que dio lugar a un texto que no convenci¨® ni a la carrera fiscal ni a otras instituciones del Poder Judicial. Eso es lo que se quiere corregir ahora, se?alan fuentes de Justicia.

Para hacerlo, el ministerio ha optado por crear una comisi¨®n, cuya creaci¨®n avanz¨® El Espa?ol, que estar¨¢ integrada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscal¨ªa General del Estado, el Ministerio del Interior, el Consejo de la Abogac¨ªa, el Consejo General de Procuradores de Espa?a y expertos de universidades. Justicia ya se ha puesto en contacto con todas ellas para que designen a los miembros que formar¨¢n parte de este grupo.

La idea, se?alan desde Justicia, es darle ¡°un impulso institucional¡± a la principal reforma del proceso penal desde hace m¨¢s de un siglo (la actual Lecrim se aprob¨® en 1882 y ha sido reformada 77 veces) y que debe servir para adaptar la ley espa?ola a las exigencias de la UE. Un proyecto de esta envergadura, advierten en el departamento que dirige Llop, no puede abordarse sin contar desde el inicio con la Fiscal¨ªa y el resto de operadores jur¨ªdicos.

La nueva comisi¨®n no tiene todav¨ªa calendario, pero Justicia da por hecho que los trabajos de este grupo van a retrasar varios meses la tramitaci¨®n parlamentaria. La idea, se?alan en el departamento que dirige Llop, es conseguir un texto con el mayor ¡°consenso¡± posible. La sensaci¨®n es que se hab¨ªa pisado el acelerador con un proyecto hecho por un grupo de expertos designados al inicio de la legislatura que no recog¨ªa las inquietudes y las aportaciones de jueces, fiscales y otras carreras e instituciones que se van a ver afectadas por la reforma.