La Audiencia Nacional da un nuevo varapalo a Marlaska al anular 56 medallas al valor a polic¨ªas

Nuevo rev¨¦s judicial al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La Audiencia Nacional ha anulado 56 condecoraciones que la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa concedi¨® en septiembre de 2022 a otros tantos agentes. Se trata, en concreto, de siete medallas de plata a altos mandos que se jubilaban, y 49 cruces rojas a agentes en activo, todas ellas con una gratificaci¨®n econ¨®mica vitalicia que va del 15% del salario base y trienios de las primeras al 10% de las segundas. Son las conocidas como medallas al valor. Cada a?o, la Polic¨ªa Nacional gasta m¨¢s de 11 millones de euros en pagar las pensiones vitalicias que generan las m¨¢s de 4.600 medallas pensionadas concedidas en los ¨²ltimos 45 a?os.

La sentencia se conoce adem¨¢s un a?o despu¨¦s de que la Audiencia Nacional rectificase otra decisi¨®n del ministro del Interior sobre condecoraciones, aunque entonces fue en sentido contrario. Grande-Marlaska hab¨ªa concedido al coronel de la Guardia Civil Manuel S¨¢nchez Corb¨ª ¨Dal que hab¨ªa cesado como jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) en el verano de 2018¨D, una cruz blanca, la de inferior categor¨ªa de las que otorga el instituto armado. La justicia le orden¨® que se entregase al mando la Cruz de Plata, una de las m¨¢s altas.

La nueva sentencia, dictada por la titular del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo 1, Lourdes P¨¦rez Padilla, se produce despu¨¦s de que cuatro sindicatos policiales ¨DJusticia Policial, el Sindicato Unificado de Polic¨ªa, la Uni¨®n Federal de Polic¨ªa y la Confederaci¨®n Espa?ola de Polic¨ªa¨D presentasen sendas demandas en las que ped¨ªan la nulidad de parte de la orden general que en septiembre de 2022 concedi¨® m¨¢s de 2.800 medallas, en sus diversas categor¨ªas, con motivo de la celebraci¨®n en esas fechas del patr¨®n de la instituci¨®n. La inmensa mayor¨ªa de aquellas condecoraciones eran cruces blancas, que ¨²nicamente suponen un reconocimiento honor¨ªfico para el agente que la recibe, ya que no conlleva ning¨²n tipo de gratificaci¨®n econ¨®mica.

En concreto, los sindicatos Jupol, UFP y CEP recurrieron la concesi¨®n de las 10 de plata que se entregaron aquel a?o a comisarios de polic¨ªa que se retiraban. El SUP a?adi¨® a estas las 49 cruces rojas que recibieron otros tantos polic¨ªas de las diferentes escalas. Las organizaciones argumentaban que se hab¨ªan producido ¡°defectos formales¡± en el proceso de concesi¨®n y que, adem¨¢s, los expedientes individuales en los que se debe justificar su concesi¨®n incumpl¨ªan ¡°los requisitos legalmente exigibles¡±, ya que no detallaban los motivos concretos por los que se les conced¨ªa. Por su parte, el ministerio defend¨ªa que se hab¨ªan ¡°cumplido y respetado todos los tr¨¢mites regulados¡±, entre ellos el de escuchar a los sindicatos policiales y que estos hicieran alegaciones si nos las consideran ajustadas a derecho.

Ahora, la magistrada da la raz¨®n a los sindicatos al concluir, por un lado, que Interior obvi¨® la ¡°necesaria¡± intervenci¨®n de los sindicatos en el tr¨¢mite de concesi¨®n, ya que considera probado que no se les entreg¨® los expedientes por escrito, sino que simplemente se les inform¨® de manera verbal en una reuni¨®n que dur¨® poco m¨¢s de media hora. La jueza considera que la informaci¨®n que recibieron entonces ¡°debi¨® ser, como m¨ªnimo, incompleta y resumida¡±. Por otro lado, la magistrada se?ala que, tras analizar el expediente de cada una de las medallas, en los mismos ¡°no obra por ning¨²n sitio valoraci¨®n a las propuestas, as¨ª como el motivo de dichas concesiones¡±, un elemento imprescindible ¡°a fin de poder verificar el adecuado control jurisdiccional¡±. Por todo ello, la magistrada anula la concesi¨®n de las 56 medallas y rechaza la petici¨®n de la Abogac¨ªa del Estado que hab¨ªa planteado retrotraer las actuaciones e iniciar de nuevo todo el proceso. La decisi¨®n se produce cuando la justicia tiene sobre la mesa otras demandas similares por la concesi¨®n, un a?o despu¨¦s de las ahora anuladas, de otras medallas de plata a altos mandos de la polic¨ªa.

En la Polic¨ªa Nacional, la concesi¨®n de las medallas, sobre todo de aquellas que conlleva una recompensa econ¨®mica, siempre ha estado rodeada de pol¨¦mica al considerar los sindicatos policiales que dan pie a numerosas arbitrariedades. Su entrega est¨¢ regulada por una ley de 1964. Esta norma franquista reserva las condecoraciones al valor para aquellos agentes que han resultado ¡°heridos en acto de servicio¡±, han participado ¡°en tres o m¨¢s servicios¡± en los que hubiera riesgo de agresi¨®n con armas, han realizado un hecho ¡°abnegado en circunstancias de peligro para su persona¡± o a trav¨¦s de una conducta de especial trascendencia.

Esta ¨²ltima frase es la que da pie, seg¨²n llevan denunciando los sindicatos desde hace a?os, a todo tipo de interpretaciones subjetivas que han permitido a los diferentes ministros del Interior premiar presuntamente de modo discrecional a agentes afines. De hecho, esa fue la argumentaci¨®n que en su d¨ªa esgrimi¨® Interior para condecorar con medallas pensionadas a siete presuntos integrantes de la llamada brigada patri¨®tica, buena parte de los cuales est¨¢n a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por espiar al extesorero del PP Luis B¨¢rcenas.