Condenado el cabo de la Guardia Civil de Algeciras que blanque¨® 1,6 millones de euros procedentes del narco

Bernardo A. P. ganaba 1.600 euros al mes por su puesto de cabo de la Guardia Civil en la secci¨®n fiscal de Algeciras (C¨¢diz). Ni m¨¢s ni menos que el mismo salario que pod¨ªa recibir ¡ªen el lapso de 2010 a 2016¡ª cualquier otro compa?ero de la misma categor¨ªa. Con esos emolumentos se antojaba complicado tener un entramado societario de 12 empresas y cuatro uniones temporales capaces de hacerse con concesiones p¨²blicas millonarias, si no fuera porque el cabo Bernardo contaba con una ayuda clave procedente del blanqueo de hasta 1,6 millones de euros del narco. Su conducta le han llevado a acabar condenado a siete a?os de prisi¨®n y una multa de 4,5 millones de euros.

La Secci¨®n en Algeciras de la Audiencia Provincial de C¨¢diz ha condenado al guardia civil, de 55 a?os, por un delito de blanqueo de capitales, agravado por procedencia del tr¨¢fico de drogas, y por otro de organizaci¨®n criminal. Adem¨¢s, la sentencia 211/2024 del pasado 22 de julio ha considerado culpables a los dos hijos de Bernardo, Mar¨ªa del Mar y Juan Francisco, de ser cooperadores necesarios del delito de blanqueo, por lo que les impone sendas penas de tres a?os y un mes de prisi¨®n y multas de 4,5 millones de euros a cada uno. Los tres, pese a carecer ¡°de recursos econ¨®micos personales suficientes, han constituido una compleja estructura societaria compuesta por doce empresas y cuatro uniones temporales de empresas estas ¨²ltimas con la finalidad de participar en distintas licitaciones p¨²blicas¡±, seg¨²n considera el pronunciamiento.

No es la primera vez que Bernardo A. tiene problemas por sus enredos con el narco. Tanto ¨¦l como su mujer acabaron detenidos en octubre de 2014 por pertenencia a organizaci¨®n criminal y blanqueo. Casi cuatro a?os despu¨¦s, en marzo de 2018, la Polic¨ªa Nacional lo detuvo como presunto autor de un delito de falsificaci¨®n de documentos. Entonces, los agentes lo detuvieron por usar un dep¨®sito judicial de su propiedad, Rent Mar¨ªn S. L., como aparcamiento camuflado para todoterrenos de los narcos. La investigaci¨®n por blanqueo, realizada por la fiscal antidroga del Campo de Gibraltar, Macarena Arroyo, que ahora ha acabado con su condena abarca desde 2015 ¡ªa?o en el que acab¨® trasladado al puesto de la Guardia Civil en Almad¨¦n (Ciudad Real)¡ª hasta ese 2018, cuando se encontraba de baja desde hac¨ªa dos a?os.

En ese lapso, los hechos probados de la sentencia relatan un complejo entramado econ¨®mico, societario e inmobiliario compuesto por 12 empresas y cuatro uniones temporales de empresas, estas ¨²ltimas con la finalidad de participar en distintas licitaciones p¨²blicas. Dos de ellas fueron capaces de hacerse con la adjudicaci¨®n del contrato p¨²blico de un dep¨®sito judicial de Sevilla por un valor de 544.500 euros. El cabo Bernardo sum¨® a eso una elaborada estructura de pr¨¦stamos privados o capital de terceros ¡°dirigida a enmascarar y servir de justificaci¨®n a las cantidades invertidas, pr¨¦stamos que pese su apariencia legal son encubiertos realizados con las partidas de dinero en efectivo que se tratan de blanquear¡±.

El cabo de la Guardia Civil tambi¨¦n blanque¨® parte del dinero en compras inmobiliarias realizadas directamente por ¨¦l o por las empresas administradas por sus hijos: tanto de parcelas y terrenos como de coches de alta gama, adem¨¢s de los numerosos viajes a pa¨ªses y ciudades como Jap¨®n, Londres, Marruecos, Orlando o Riviera Maya. Entre las pruebas tambi¨¦n ha quedado documentado c¨®mo Bernardo A. gast¨® parte del dinero ¡ªaunque no se ha podido determinar la cantidad exacta¡ª participando en carreras automovil¨ªsticas.

Durante el juicio, celebrado del 3 al 7 de junio, el cabo asegur¨® ser empresario desde el a?o 1997. La mayor¨ªa de las compa?¨ªas, creadas en Castellar (C¨¢diz) estaban dedicadas a desguaces, compraventas de coches o empresas de turismo activo y un dep¨®sito judicial, adem¨¢s de haber realizado diferentes adquisiciones inmobiliarias. Sin embargo, los tres magistrados han considerado que buena parte de esos movimientos societarios los hizo con dinero procedente del tr¨¢fico de drogas.

La sentencia extiende la responsabilidad a los hijos al entender que ¡°eran perfectamente conocedores de la anormalidad de la actividad econ¨®mica/societaria/financiera desplegada por su padre¡±, explica el pronunciamiento. De esa forma, los magistrados han rechazado el planteamiento de las defensas, que intentaron exculparlos al se?alar que todas las gestiones y decisiones eran dirigidos por el progenitor.

Cuando la polic¨ªa detuvo al cabo Bernardo en marzo de 2018 por usar un dep¨®sito judicial de La L¨ªnea de la Concepci¨®n (C¨¢diz) como un aparcamiento protegido para los narcos, ¨¦l y su empresa Rent Mar¨ªn ya estaban bajo sospecha por otros hechos. Apenas dos meses antes, tres encapuchados asaltaron un dep¨®sito judicial en Conil de la Frontera, tambi¨¦n en la provincia gaditana, y se llevaron una narcolancha. Los asaltantes, armados con pistolas, supuestamente ataron al vigilante que en ese momento custodiaba las investigaciones. Pero los investigadores r¨¢pidamente encontraron contradicciones en las declaraciones de los hechos y circunstancias extra?as que envolvieron al caso.