?Puigdemont a la c¨¢rcel?
La orden de detenci¨®n es por malversaci¨®n, pero ello no impide que el magistrado impute al ¡®expresident¡¯ por otros delitos que s¨ª queden fuera de la ley de amnist¨ªa
Durante siete a?os, la persecuci¨®n judicial de quien fue president de la Generalitat ha sido casi incesante, aunque ha tenido momentos de pausa cuando los tribunales alemanes, los belgas o los de la Uni¨®n Europea con sede en Luxemburgo no han fallado como esperaba el magistrado instructor del proceso. Estos arranques, acelerones y frenazos han propiciado un sinf¨ªn de situaciones grotescas, con dos detenciones ef¨ªmeras ¡ªen Alemania y en Italia¡ª, y un reo circulando finalmente por cualquier pa¨ªs de la Uni¨®n Europea menos Espa?a. Hubo hasta un ofrecimiento de entrega por parte de los jueces alemanes justamente por el ¨²nico delito por el que ahora se le persigue: el de malversaci¨®n, que fue incomprensiblemente rechazado por la justicia espa?ola. Lo que entonces se rechaz¨® es justamente lo que ahora se acepta.
Pero con un cambio sustancial. La orden de detenci¨®n es por el delito de malversaci¨®n, pero ello no impide ¡ªs¨ª lo hubiera impedido entonces¡ª que el magistrado impute a Carles Puigdemont por otros delitos que incluso ¡ªa diferencia del de malversaci¨®n¡ª s¨ª queden fuera de la ley de amnist¨ªa. Al final, el inopinado auto del Tribunal Supremo que interpret¨® la ley en contra de sus intenciones, es muy probable que sea corregido por el Tribunal Constitucional en favor del reo. Pero es muy dif¨ªcil que pudiera combatir esas nuevas imputaciones que ahora prefiero ni imaginar, que seguro que el reo y su defensa tienen en mente, y que pueden garantizar una larga estancia en prisi¨®n.
Es en este contexto que resulta incomprensible que el expresident se arriesgue a su detenci¨®n, que, salvo maniobras elusivas, se va a producir en cualquiera de los posibles escenarios si se acerca al Parlament o incluso si aparece de improviso en el mismo, o es detectado dentro de las fronteras espa?olas. Cualquier miembro de las fuerzas de seguridad que lo detecte tiene la obligaci¨®n inmediata y sin matices de cumplir la orden del magistrado Llarena y detenerlo, ojal¨¢ que sin crear situaciones que sirvan para el espect¨¢culo. Una detenci¨®n en el sal¨®n de plenos dar¨ªa la vuelta al mundo y deber¨ªa evitarse por pura sensibilidad democr¨¢tica y respeto por la tradici¨®n hist¨®rica de inviolabilidad de los Parlamentos y que es conocida en cualquier pa¨ªs. En Inglaterra se recuerda cada a?o con un ceremonial. Busquen ¡°Black Rod¡± en YouTube y no s¨®lo entender¨¢n por qu¨¦, sino que aprender¨¢n uno de los fundamentos esenciales de la democracia.
Pero como dec¨ªa, siendo esa detenci¨®n inevitable, cabe preguntarse por qu¨¦ la pone tan f¨¢cil quien durante siete a?os ha invertido buena parte de sus esfuerzos en eludirla. Imposible adivinar esas razones, que en todo caso abrir¨¢n un proceso judicial que dar¨¢ bastante que hablar en un per¨ªodo futuro m¨¢s o menos prolongado. Un proceso que ojal¨¢ no se base ni en delitos amnistiados ni en interpretaciones de las normas penales contrarias a reo. Tarde o temprano, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y a¨²n antes tal vez el Tribunal Constitucional, recordar¨ªan que eso no es leg¨ªtimamente posible.
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