En su batalla de todos a una contra Pedro S¨¢nchez, los gobiernos del Partido Popular han optado por mirar m¨¢s los votos que el bolsillo. En el documento Espa?a entre todos, suscrito por los 12 Ejecutivos auton¨®micos del PP y las dos ciudades aut¨®nomas durante la cumbre de barones de este viernes en Madrid, los dirigentes territoriales han sellado el compromiso de no negociar bilateralmente sistemas de financiaci¨®n con el Gobierno. Las autonom¨ªas se permiten as¨ª seguir hacia delante con los recursos econ¨®micos de los que ya disponen, en lugar de rascar m¨¢s inversi¨®n al Estado en conversaciones de t¨² a t¨². Porque los territorios liderados por el PP son conscientes del r¨¦dito pol¨ªtico que supone una ofensiva unitaria, a bombo y platillo, contra la financiaci¨®n singular contra Catalu?a y priorizan dicho r¨¦dito a la posibilidad de engordar la hucha. De fondo de este agravio subyace una coyuntura en la que las comunidades han tenido recursos suficientes para prestar los servicios p¨²blicos con relativa comodidad, gracias a unos ingresos fiscales que han ido al alza y al ox¨ªgeno que ha llegado desde la Administraci¨®n central.

En el texto suscrito por los barones populares, la formaci¨®n de Alberto N¨²?ez Feij¨®o urge al Gobierno a sentarse en una mesa de negociaci¨®n multilateral para abordar la reforma del sistema de financiaci¨®n auton¨®mica, caducado desde 2014. Pero rechazan de plano la invitaci¨®n de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Mar¨ªa Jes¨²s Montero, que el 31 de octubre asegur¨® que la financiaci¨®n singular puede extenderse a otras comunidades aut¨®nomas. Si bien es cierto que reconocen la necesidad de acometer la renovaci¨®n de la Ley de Financiaci¨®n Auton¨®mica de las Comunidades Aut¨®nomas (Lofca) en una mesa de negociaci¨®n multilateral, el nuevo dise?o no ser¨¢ cosa de un d¨ªa ni de dos. La dificultad de alcanzar un consenso entre los territorios, tambi¨¦n entre los del mismo color pol¨ªtico, ha lastrado su reforma durante una d¨¦cada. Algo que sabe de sobra el PP. Un camino de obst¨¢culos al que se suma ahora la ronda de presidentes auton¨®micos en La Moncloa ofrecida por el jefe del Ejecutivo.

Tanto en esas entrevistas, que S¨¢nchez quiere materializar durante el oto?o, como en eventuales conversaciones privadas con la ministra Montero, los barones del PP podr¨ªan acelerar cambios en sus respectivas sistemas, sacando provecho para sus arcas p¨²blicas. Pero Feij¨®o cerr¨® ya la puerta el lunes a cualquier cambio pactado a dos bandas, y cuya orden se materializ¨® en el compromiso extra¨ªdo a los barones en el texto Espa?a entre todos, en el que tambi¨¦n se expone la urgencia de m¨¢s fondos para los territorios. ¡°Es necesario una inyecci¨®n econ¨®mica inmediata¡±, asever¨® el l¨ªder del PP en el acto celebrado en Madrid.

El sistema de financiaci¨®n auton¨®mica ha sido durante a?os el elefante en la habitaci¨®n. Aunque el modelo vigente tendr¨ªa que haberse reformado hace ya 10 a?os y est¨¢ indiscutiblemente desfasado, las 15 comunidades de r¨¦gimen com¨²n (todas salvo Pa¨ªs Vasco y Navarra) han ido disfrutando de holgura econ¨®mica gracias a la buena evoluci¨®n de los ingresos tributarios estatales y auton¨®micos. En 2022, seg¨²n la ¨²ltima liquidaci¨®n del sistema disponible, la financiaci¨®n total creci¨® en 18.200 millones de euros (un 13,8%) frente a 2021, hasta alcanzar los 149.530 millones a repartir, un nivel in¨¦dito. Las entregas a cuenta previstas para el futuro siguen la misma tendencia y alcanzar¨¢n nuevo r¨¦cord. Por eso, m¨¢s all¨¢ de demandas puntuales por parte del independentismo catal¨¢n y de los territorios peor financiados, el mel¨®n del redise?o ha permanecido en la sombra.

En 2022, una vez producidos los ajustes del modelo, Andaluc¨ªa obtuvo 26.481 millones de euros de financiaci¨®n efectiva. Tras ella se situaron Catalu?a (25.912 millones), Madrid (21.998 millones) y Comunidad Valenciana (15.276 millones). El resto de territorios se movi¨® entre los 9.992 millones de Galicia y los 1.299 millones de La Rioja. Pero esto son cifras absolutas. Cada a?o, la Fundaci¨®n de Estudios de Econom¨ªa Aplicada (Fedea) calcula la financiaci¨®n exacta por habitante y, a partir de ah¨ª, elabora un ranking territorial. Para el ejercicio de referencia, los recursos medios por habitante fueron de 3.365 euros. La Rioja (3.954 euros per c¨¢pita), Cantabria (3.944 euros) y Baleares (3.877 euros) se situaron en la parte alta de la tabla, mientras que la Regi¨®n de Murcia (3.056 euros), Comunidad Valenciana (3.089 euros) y Andaluc¨ªa (3.182 euros) quedaron a la cola. Aunque la diferencia entre la mejor y peor financiada ronda los 900 euros por persona, en general los territorios disponen de los mayores recursos de la historia.

En ese escenario, sin una presi¨®n econ¨®mica asfixiante, los barones del PP tienen en su mano la capacidad de esperar hasta que la reforma del sistema llegue a puerto. Y el reparto de recursos sea entonces m¨¢s beneficioso para determinados territorios. Entretanto, y con la batalla contra la financiaci¨®n singular de Catalu?a de por medio, los dirigentes del PP apuntalan las victorias logradas en las elecciones del 28 de mayo de 2023 (y en otras citas como la andaluza o la de Castilla y Le¨®n de 2022), y cotizan al alza para futuros comicios, conscientes de que la cuesti¨®n monetaria escuece en los ciudadanos de sus comunidades mucho m¨¢s que otros asuntos, como la amnist¨ªa. As¨ª lo reconocen en privado varias voces de la formaci¨®n, sobre todo en territorios como Andaluc¨ªa. Un sentir que se repite entre simpatizantes socialistas, como han manifestado airadamente algunos sectores de las federaciones del PSOE.

El PP se aferra as¨ª a ese arma pol¨ªtica y lo prioriza a la posibilidad de arrancar al Estado m¨¢s recursos. Y m¨¢s considerando que el 28-M el PSOE sufri¨® una gran p¨¦rdida de poder institucional, pero no hubo desplome por n¨²mero de votos. En los comicios auton¨®micos del 28 de mayo de 2023, el PSOE se dej¨® 1,2 puntos. Un resultado que no supuso una debacle, pero que con ese peque?o movimiento, sumado al reagrupamiento de la derecha con Ciudadanos en declive y la ca¨ªda de algunos grupos a su izquierda, provoc¨® que los socialistas perdieran varias autonom¨ªas y ayuntamientos. En cuanto a las municipales, el PP concit¨® 7.054.887 de sufragios y un 31,53 %, mientras los socialistas 6.291.812 y un 28,12% ¡ªsolo 1,26% menos¡ª.

En cualquier caso, el PP se guard¨® un as en la manga en el documento rubricado este viernes al no citar expresamente la quita de la deuda. Con lo cual, a priori, los barones siguen teniendo v¨ªa libre para negociar por su cuenta la condonaci¨®n parcial del pasivo con el Ministerio de Hacienda. Adem¨¢s de poder justificarse alegando que en el texto salido de la cumbre exigen al Gobierno que les transfiera 18.000 millones de euros de los Fondos Next Generation, de la UE, y piden que se cree un fondo transitorio que compense los desequilibrios entre territorios.

El horizonte

El sistema actual funciona mediante una suerte de cesta en la que acaba el 50% de lo que se recauda en IRPF, el 50% del IVA y el 58% de impuestos especiales ¡ªlos tributos que Estado y comunidades comparten¡ª, adem¨¢s de los impuestos cedidos totalmente y aportaciones estatales. Estos recursos se reparten despu¨¦s entre los territorios en base a diferentes variables con el objetivo de garantizar un nivel similar de servicios p¨²blicos para hacer efectivo as¨ª el principio de solidaridad. Los territorios ricos son aportadores netos, mientras que los m¨¢s pobres se convierten en receptores.

Ahora, tras el acuerdo entre PSC y ERC que sienta las bases para la financiaci¨®n singular de la Generalitat, el resto de las comunidades de r¨¦gimen com¨²n empieza a ver en el horizonte el momento de sentarse para negociar la reforma. Y ninguna quiere quedarse atr¨¢s por varios motivos. Por un lado, el sistema es el encargado de repartir, nada m¨¢s y nada menos, los recursos para que los territorios puedan costear y ofrecer los servicios p¨²blicos b¨¢sicos, tales como sanidad, educaci¨®n o dependencia. Por el otro, el pacto sacar¨ªa a Catalu?a del r¨¦gimen com¨²n, por lo que el sistema perder¨ªa a uno de sus grandes aportadores.

La reforma es endiablada por varios motivos. Uno de ellos es el peso que actualmente tiene el criterio del statu quo, que garantiza que ninguna comunidad reciba con la remodelaci¨®n menos dinero del que hubiera obtenido con el modelo anterior, es decir, el ahora vigente. Aunque los expertos en la materia no tienen una posici¨®n com¨²n, la idea mayoritaria es que esta regla desvirt¨²a la negociaci¨®n porque sit¨²a en una posici¨®n privilegiada a las comunidades que actualmente est¨¢n mejor financiadas, por lo que habr¨ªa que ir tendiendo hacia su desaparici¨®n. Es aqu¨ª cuando entra en juego el respeto al principio de ordinalidad que reclaman los catalanes, y que est¨¢ recogido en el pacto que ha desbloqueado la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat.

La ordinalidad defiende que los mecanismos de solidaridad y nivelaci¨®n con los que cuenta el sistema deben corregir la desigualdad entre territorios, pero no revertir el ranking de recursos per c¨¢pita. Dicho de otra forma, el modelo deber¨ªa reducir las diferencias entre las zonas m¨¢s ricas y las m¨¢s pobres, pero no intercambiar sus posiciones, que es lo que ahora sucede.