El enfrentamiento entre el Gobierno y Canarias por los menores migrantes llega al Constitucional
El Gobierno impugna el protocolo del Ejecutivo auton¨®mico despu¨¦s de que el Consejo de Estado haya determinado que el Ejecutivo auton¨®mo se excede en sus competencias
Crece la tensi¨®n en el choque entre el Gobierno central y el auton¨®mico a cuenta de los menores migrantes no acompa?ados. El Gobierno ha anunciado este martes que impugnar¨¢ ante el Tribunal Constitucional el protocolo de menores migrantes aprobado el d¨ªa 12 por el Ejecutivo auton¨®mico y los acuerdos tomados por el Ejecutivo aut¨®nomo el d¨ªa 2. El Consejo de Ministros ha tomado esta decisi¨®n despu¨¦s de que el Consejo de Estado haya dictaminado de forma un¨¢nime que ¡°existen fundamentos jur¨ªdicos suficientes¡± para recurrirlo. Seg¨²n La Moncloa, tanto el protocolo como los acuerdos ¡°se han aprobado con la pretensi¨®n de renunciar a sus obligaciones constitucionales y estatutarias de protecci¨®n y tutela a los menores migrantes no acompa?ados, exigiendo al Estado que sea quien se haga cargo de tales competencias, e incumpliendo gravemente la protecci¨®n de los derechos de los menores¡±.
El d¨ªa 2, el presidente canario, Fernando Clavijo, anunci¨® que los servicios jur¨ªdicos del Gobierno auton¨®mico iban a analizar las posibles v¨ªas, incluida la penal, para que se reconozca que los ni?os sin tutor que llegan a sus costas en cayucos o pateras est¨¢n bajo custodia policial, no abandonados ni desamparados, y que, por ello, son competencia del Estado. Ese mismo d¨ªa, el Consejo de Gobierno que preside aprob¨® una disposici¨®n que recog¨ªa este extremo y conminaba a las entidades colaboradoras ¡°que no reciban nuevos migrantes con cargo a esta comunidad aut¨®noma, salvo la previa comunicaci¨®n de conformidad o la autorizaci¨®n expresa de las autoridades auton¨®micas competentes¡±. Diez d¨ªas despu¨¦s, el archipi¨¦lago anunciaba un nuevo protocolo de recepci¨®n, que pretend¨ªa actualizar el vigente desde 2014, y que frenaba la atenci¨®n a los menores migrantes no acompa?ados al condicionarla a una serie de tr¨¢mites y a la disponibilidad de plazas. Entre estos pasos que se impon¨ªan, Canarias pretend¨ªa que hubiera una rese?a policial completa, una audiencia, una resoluci¨®n administrativa de d¨®nde se ubicar¨¢ al menor que cuente con el conocimiento del fiscal, un acto formal de entrega del ni?o entre agentes nacionales y auton¨®micos y la confirmaci¨®n de que existe plaza para el reci¨¦n llegado. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ya suspendi¨® el viernes de forma cautelar, a petici¨®n de la Fiscal¨ªa, este protocolo. Anteriormente, la Fiscal¨ªa hab¨ªa amenazado con denuncias por delito de abandono si se aplicaba este nuevo reglamento.
Este martes, el ministro de Pol¨ªtica Territorial y Memoria Democr¨¢tica y expresidente canario, ?ngel V¨ªctor Torres, ha anunciado la decisi¨®n del Consejo de Ministros apoy¨¢ndose en el informe del Consejo de Estado. El ¨®rgano consultivo ha concluido que esas exigencias no se encuentran contempladas en la ley de extranjer¨ªa, ni en otras normas de menor rango, por lo que ¡°se exceden de la competencia auton¨®mica¡± y estima que Canarias ha incurrido en una serie de ¡°transgresiones del ordenamiento jur¨ªdico¡±. Estas han perseguido limitar sus competencias en lo que respecta a los menores migrantes ni acompa?ados. En opini¨®n del ¨®rgano consultivo, la suspensi¨®n de la recepci¨®n de menores constituye ¡±un incumplimiento de las obligaciones de protecci¨®n y asistencia a los menores extranjeros no acompa?ados que incumben a comunidad¡±.
As¨ª, las islas se arrogan la potestad de denegar la recepci¨®n del menor si considera ¡°discrecionalmente¡± y de ¡°forma unilateral¡± que no se ha puesto el menor a su disposici¨®n de manera adecuada o que, simplemente, no dispone de los medios adecuados para su atenci¨®n. Adem¨¢s, afirma el informe, trata de atribuir a las fuerzas de seguridad la guarda legal de los menores que hayan entrado en Canarias estando a disposici¨®n de estos cuerpos policiales o de la Administraci¨®n, ¡°discrimin¨¢ndoles en relaci¨®n con cualquier otro menor¡±. La entrega de estos menores a los servicios auton¨®micos tampoco puede estar condicionada, como pretende el protocolo canario, a una previa decisi¨®n del Ministerio Fiscal sobre la minor¨ªa de edad del joven.
La impugnaci¨®n supone un nuevo paso en la escalada de tensi¨®n entre ambas administraciones. Este lunes, el Consejo de Gobierno de Canarias hab¨ªa acordado remitir un requerimiento al central en el que lo acusaba de estar incurriendo en una ¡°acumulaci¨®n de incumplimientos¡± en la atenci¨®n a los menores migrantes. El archipi¨¦lago dio entonces al un plazo de 30 d¨ªas al Estado para que presente sus alegaciones. Pasado ese tiempo, asegura que ejercer¨¢ las acciones legales y judiciales que vea ¡°adecuadas¡±. Este requerimiento, al cual ha tenido acceso EL PA?S, aseveraba que el Gobierno de Espa?a est¨¢ agravando la crisis migratoria con su ¡°manifiesta dejaci¨®n de funciones¡± en esta materia y sostiene que ¡°no existe competencia constitucional o estatutaria¡± que le obligue a acoger ¡°a cuantos menores migrantes no acompa?ados la Administraci¨®n del Estado decida traer al archipi¨¦lago¡±.
El presidente canario, Fernando Clavijo, en una intervenci¨®n ante el Parlamento aut¨®nomo, ha afirmado este martes que est¨¢ empezando a pensar que el Gobierno ¡°no quiere arreglar¡± el problema migratorio canario ¡°ni sentarse a negociar¡± y pretende que la comunidad aut¨®noma ¡°sea la Lesbos del sur de Europa, despreciando a los menores y a todos los canarios¡±. El ejecutivo canario divulg¨® el lunes que solo en lo que va de septiembre han llegado por mar a Canarias 4.075 personas, de las cuales 586 son menores no acompa?ados.
Canarias lleva meses declar¨¢ndose sobrepasada por la gesti¨®n de los menores migrantes no acompa?ados, alrededor de 5.500 en la actualidad. Gobierno central y auton¨®mico elaboraron durante la primavera una propuesta de reforma de la ley de extranjer¨ªa que deb¨ªa haber permitido la derivaci¨®n obligatoria de menores a otras comunidades aut¨®nomas. Sin embargo, PP ¡ªsocio de Gobierno de Clavijo en Canarias¡ª, Junts y Vox rechazaron su toma en consideraci¨®n en el Congreso el 23 de julio. PSOE, Partido Popular y Gobierno de Canarias han mantenido diversas reuniones durante el verano para acercar posturas, con las dos partes ¡ªGobierno central, por un lado; Ejecutivo auton¨®mico y PP por el otro¡ª acus¨¢ndose mutuamente por la falta de acuerdo.
El clima de entendimiento que Gobierno central y canario mostraron hasta el 23 de julio ha saltado por los aires, pese al voto en contra de los populares. Tanto es as¨ª, que los canarios han asegurado en repetidas ocasiones que se plantean romper su acuerdo en el Congreso de los Diputados. El 10 de septiembre, el l¨ªder del PP, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, viaj¨® a Santa Cruz de Tenerife para aunar criterios de c¨®mo deber¨ªa ejecutarse la derivaci¨®n de menores migrantes entre comunidades. Este encuentro gener¨® malestar en el Gobierno. El propio Torres carg¨® ese d¨ªa contra Clavijo, l¨ªder de Coalici¨®n Canaria, por el viraje de su partido. Torres lo ha acusado de plegarse al discurso de la derecha y la extrema derecha.
Pese a esta tensi¨®n, ?ngel V¨ªctor Torres, espera que la reuni¨®n que mantendr¨¢ el Gobierno los pr¨®ximos d¨ªas con el Partido Popular para abordar la pol¨ªtica migratoria avance hacia el ¨¦xito de poder sacar adelante una modificaci¨®n del art¨ªculo 35 de la ley de extranjer¨ªa. ¡°Creo que no ser¨¢ una reuni¨®n definitiva, pero yo espero que sea definitoria¡±, ha se?alado este martes el responsable de Pol¨ªtica Territorial y Memoria Democr¨¢tica.
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