La Fiscal¨ªa advierte al Gobierno canario de que podr¨ªa incurrir en un delito de abandono de menores si se niega a acogerlos

La fiscal superior de Canarias, Mar¨ªa Farn¨¦s Mart¨ªnez, ha emitido este viernes un decreto en el que avisa al Gobierno canario de que puede cometer un delito de abandono de menores si pone impedimentos al acogimiento de ni?os y adolescentes migrantes llegados a las islas, seg¨²n fuentes del ministerio p¨²blico. La iniciativa de Mart¨ªnez se produce un d¨ªa despu¨¦s de que el Bolet¨ªn Oficial de Canarias publicase el nuevo protocolo de admisi¨®n de menores migrantes no acompa?ados aprobado por el Ejecutivo de Coalici¨®n Canaria y PP: un protocolo que condiciona la acogida de menores a la realizaci¨®n de una serie de tr¨¢mites previos que van desde la rese?a policial a entrevistas individuales a los chicos. Esos tr¨¢mites dilatar¨ªan el tiempo que un ni?o reci¨¦n desembarcado pasar¨ªa en una instalaci¨®n policial en lugar de en un centro especializado.

La fiscal superior de las islas establece los pasos que han de seguir a partir de ahora los fiscales que se encuentren de guardia en el momento en el que arribe un cayuco con uno o m¨¢s menores no acompa?ados. Si los fiscales tienen conocimiento de que el Ejecutivo auton¨®mico se niega a ingresar en la red de acogida a ese menor a pesar de que este haya sido ¡°debidamente rese?ado de acuerdo a lo establecido en el Protocolo Marco del 2014¡å (el que estaba vigente antes de la iniciativa lanzada esta semana por Canarias), los funcionarios tendr¨¢n que dirigirse de oficio inmediatamente a la Direcci¨®n General de Protecci¨®n de la Infancia y de la Adolescencia de las islas. Y ante ella reclamar¨¢n que se adopten las medidas necesarias a fin de que dicho menor sea acogido ¡°de forma inmediata¡± en el centro que se indique. La fiscal asume que, hasta que se haga efectiva esa acogida, ser¨¢n los agentes de la Polic¨ªa Nacional quienes deban atender a los menores con las ¡°medidas de protecci¨®n¡± que precisen (comida, alojamiento, etc¨¦tera).

Adem¨¢s, el fiscal de guardia tendr¨¢ que remitir a la Fiscal Delegada de Trata de Personas y Extranjer¨ªa, Teseida Garc¨ªa, un ¡°informe detallado¡± de las circunstancias personales del menor y de las de su llegada (personas que iban en la embarcaci¨®n, d¨ªas de navegaci¨®n, si ha habido alg¨²n fallecimiento), adem¨¢s de su estado de salud.

Ese documento, recalca el decreto fiscal, deber¨¢ ¡°identificar de forma detallada a las personas de la Direcci¨®n General de protecci¨®n de la Infancia que o bien no responden a las llamadas o bien les contesten que no tienen capacidad de acogida para dichos menores o bien que no se van a hacer cargo de los mismos con base en el Protocolo publicado el d¨ªa 12 de septiembre del 2024 en el BOC¡±. Cuando este sea el caso, los fiscales de Trata de Personas y Extranjer¨ªa deber¨¢n incoar las correspondientes Diligencias preprocesales de investigaci¨®n por si se hubiese cometido por parte del Gobierno de Canarias un delito de abandono de menores, ¡°sin perjuicio de cualquier otro delito que pudiera aparecer en el curso de la investigaci¨®n¡±.

Este decreto de la fiscal Mar¨ªa Farn¨¦s Mart¨ªnez constituye un nuevo cap¨ªtulo en la escalada de tensi¨®n en torno a los menores migrantes desatada en las ¨²ltimas semanas entre el Gobierno central y el presidente canario, Fernando Clavijo. Su Ejecutivo tutela en la actualidad a unas 5.300 personas de menos de 18 a?os llegadas en barco a las islas, situaci¨®n que lo ha llevado a declararse ¡°desbordado¡± en repetidas ocasiones.

El 23 de julio, el Congreso de los Diputados rechaz¨® la reforma de la ley de extranjer¨ªa que buscaba hacer obligatoria para las comunidades la acogida de menores migrantes. Junts, Vox y el socio de gobierno de Clavijo en las islas, el PP, votaron en contra de esa reforma. Clavijo, sin embargo, ha cargado contra los socialistas, partido con el que elabor¨® la propuesta legal. ¡°Estoy profundamente decepcionado con el PSOE¡±, asegur¨® en una entrevista reciente con este peri¨®dico. Desde el 23 de julio, el PSOE, el PP y el Gobierno de Canarias han mantenido diversas reuniones para acercar posturas, con las dos partes ¡ªGobierno central por un lado, Ejecutivo auton¨®mico y PP por el otro¡ª acus¨¢ndose mutuamente por la falta de acuerdo.

El 2 de septiembre, Clavijo pas¨® abiertamente al ataque y lanz¨® varios mensajes: en primer lugar, que los menores que llegaban sin progenitores no est¨¢n desamparados sino bajo la custodia policial, por lo que son competencia del Estado y no de las comunidades aut¨®nomas. En segundo lugar, exigi¨® que se cumpliesen a rajatabla los exhaustivos protocolos fijados en 2014 antes de aceptar un ni?o sin tutor, lo cual puede dilatar durante horas ¨Dsi no d¨ªas¨D el ingreso en un centro. Y diez d¨ªas despu¨¦s, el pasado jueves, aprob¨® un nuevo protocolo que endurece esos tr¨¢mites. El archipi¨¦lago sostiene que muchos de los menores son entregados a las organizaciones que gestionan los centros sin pasar por el Gobierno canario y sin que se hayan elaborado los informes preceptivos.

Ese mismo d¨ªa 2, el Consejo de Gobierno de Canarias aprob¨® una propuesta de acuerdo que prohib¨ªa a las entidades colaboradoras recibir a nuevos migrantes ¡°salvo la previa comunicaci¨®n de conformidad o la autorizaci¨®n expresa¡± del Ejecutivo auton¨®mico. Esta decisi¨®n llev¨® a la ONG Red Espa?ola de Inmigraci¨®n y Ayuda al Refugiado a registrar el d¨ªa 10 ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias un recurso contencioso-administrativo en contra de este movimiento, que considera ¡°contrario a los derechos fundamentales de los menores y del inter¨¦s superior del menor¡±. A finales de esa misma semana, el Gobierno lanz¨® otro mensaje al anunciar que instalar¨ªa una carpa en el muelle de La Estaca, en El Hierro, para atender a menores.

La tensi¨®n se ha incrementado esta semana. El martes, el l¨ªder del PP, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, viaj¨® a Tenerife para anunciar junto a Clavijo un acuerdo conjunto para aunar criterios de c¨®mo deber¨ªa ejecutarse la derivaci¨®n de menores migrantes entre comunidades. Este anuncio irrit¨® a La Moncloa. Dos d¨ªas despu¨¦s, el Bolet¨ªn Oficial de Canarias publicaba un nuevo protocolo que actualizaba el de 2014, el cual ha provocado el decreto de la fiscal superior de Canarias.

Este viernes, Clavijo ha defendido su nueva normativa y ha dicho que est¨¢ orientada a ¡°garantizar la seguridad de los ni?os¡±, pues ¡°no era normal que, sin tomar huella, fotograf¨ªa o identificar, los ni?os fuesen entregados a una ONG, ni siquiera a la comunidad aut¨®noma¡±, seg¨²n recoge Efe. ¡°Est¨¢ hecho con toda la buena intenci¨®n. Nos hubiese gustado, de alguna manera, haber tenido m¨¢s fluidez con el Gobierno de Espa?a para poder pactar las cosas, pero es que si no se quieren sentar es complicado que podamos avanzar y lo que nosotros no vamos a hacer es ser c¨®mplices, porque en estas situaciones no hacer nada tambi¨¦n es una decisi¨®n¡±, ha rematado.