El PP propone endurecer el requisito de vulnerabilidad para facilitar los desalojos por impago de alquiler

Convertido ya en un asunto central del debate p¨²blico, el PP ha empezado a desgranar su modelo para afrontar los problemas de acceso de los espa?oles a la vivienda. Los populares definen su propuesta sobre todo en oposici¨®n al modelo del Gobierno de coalici¨®n progresista, ya que rechazan de plano la limitaci¨®n de los precios del alquiler de la nueva Ley de Vivienda, que sus Gobiernos auton¨®micos est¨¢n neg¨¢ndose a aplicar. El PP considera que, en cambio, la soluci¨®n para rebajar los precios es el incremento de la oferta. Para ello, entre otras medidas, los populares han puesto sobre la mesa endurecer el requisito para ser considerado vulnerable a efectos de la Administraci¨®n, una condici¨®n que dificulta ser desahuciado en caso de impago. Seg¨²n el PP, de esta forma se incentivar¨¢ a los propietarios a sacar sus casas al alquiler, al rebajar su miedo a no poder desalojar a los inquilinos morosos.

La Ley de Vivienda en vigor establece que la condici¨®n de vulnerabilidad se puede adquirir tras estudio de los Servicios Sociales por quienes cobren menos de 1.800 brutos mensuales (tres veces el Indicador P¨²blico de Renta de Efectos M¨²ltiples (IPREM). Y el PP propone que ese umbral se rebaje a quienes cobren menos de 1.050 euros brutos mensuales. La condici¨®n de vulnerable sirve para retrasar un desahucio, aunque no lo impide. En caso de demanda, la norma dice que se estudiar¨¢ si el inquilino se encuentra en situaci¨®n de vulnerabilidad. Y, si los servicios sociales as¨ª lo consideran, el juzgado podr¨¢ suspender el desalojo dos meses con el fin de que la Administraci¨®n busque alternativas habitacionales, lo que en la pr¨¢ctica retrasa los desahucios.

Con esta iniciativa, el PP defiende que posibilitar¨¢ que salgan m¨¢s casas al mercado del alquiler y que facilitar¨¢ que los j¨®venes accedan a una vivienda, porque los propietarios est¨¢n exigiendo salarios superiores a esos 1.800 brutos mensuales para no encontrarse con retrasos en caso de tener que desalojarlos por impago. El reverso de esta medida es que menos personas podr¨¢n adquirir la condici¨®n de vulnerables, lo que podr¨ªa dejar desprotegidos a algunos colectivos.

El PP insiste, en paralelo, en su negativa tajante a aplicar los l¨ªmites de precios al alquiler, que asegura que suprimir¨¢ de la ley en cuanto gobierne. ¡°Eliminaremos las fracasadas zonas de mercado tensionado. Si hay algo en lo que los expertos econ¨®micos coinciden es que intervenir el mercado no resuelve¡±, ha afirmado este mi¨¦rcoles la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Mart¨ªn, aunque la discusi¨®n est¨¢ abierta y en Catalu?a, ¨²nica autonom¨ªa donde se est¨¢ aplicando esta iniciativa, el precio de la vivienda ha registrado una ca¨ªda interanual del 3,1%, seg¨²n un informe del pasado mes de julio del Colegio Notarial de Catalu?a.

En el partido de Feij¨®o no creen en ninguna intervenci¨®n del mercado sino en promocionar la construcci¨®n de viviendas y en incentivar la compra y el alquiler. As¨ª, el PP plantea la bonificaci¨®n del 100% en el impuesto de sucesiones y donaciones a familiares para comprar una vivienda y aprobar una deducci¨®n en el IRPF a los propietarios que formalicen nuevos contratos de arrendamiento de inmuebles que hayan estado en desuso al menos dos a?os.

Los populares proponen modificar, adem¨¢s, la ley del suelo ¡°para hacer que la Administraci¨®n sea eficaz y no un freno para los nuevos desarrollos urban¨ªsticos y la rehabilitaci¨®n de viviendas¡±, sostienen, incluyendo medidas para la liberalizaci¨®n del suelo tanto por el Gobierno central como de las comunidades aut¨®nomas y ayuntamientos para lograr reducir plazos de construcci¨®n, aunque no han detallado cu¨¢les ni de qu¨¦ forma. El PP prepara una ley de vivienda propia que har¨¢ p¨²blica en las pr¨®ximas semanas.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodr¨ªguez, ha pedido este mi¨¦rcoles al PP que retorne al consenso para aprobar la ley de suelo y que aplique las medidas que el Gobierno ya ha puesto en marcha antes de plantear nuevas medidas en la materia. ¡°Celebro que hagan propuestas y se dejen de boicotear¡±, ha afirmado en un acto en la sede de la CEOE en Madrid, informa Jos¨¦ Luis Aranda. Ante los representantes de la principal patronal espa?ola y de las organizaciones sectoriales relacionadas con la vivienda, que han coincidido en la necesidad de conformar una ¡°alianza de pa¨ªs¡± en torno a la vivienda, la ministra ha recordado la negativa del principal partido de la oposici¨®n a aprobar la norma de suelo, que contaba con amplio respaldo empresarial. Adem¨¢s, ha instado a aplicar disposiciones de la ley estatal de vivienda para reducir el precio de los alquileres, como la posibilidad de que los caseros particulares rebajen un 5% el importe a cambio de recibir una bonificaci¨®n del 90% en la declaraci¨®n de renta. Esto implicar¨ªa declarar ¨¢reas de precios tensionados y aplicar el control de precios, algo que las comunidades del PP rechazan de plano y que de momento solo ha sacado adelante Catalu?a. ¡°Nosotros hemos hecho nuestro trabajo¡±, ha recalcado Rodr¨ªguez, quien ha exhibido buena sinton¨ªa con los representantes empresariales para aumentar la oferta de vivienda mediante la colaboraci¨®n p¨²blico-privada.

Sin embargo, aunque el PP present¨® en su momento enmiendas al proyecto de ley del suelo del Gobierno y se abri¨® a negociarlas, ahora enfr¨ªa cualquier posibilidad de acuerdo. ¡°Dijimos que [la ley del suelo] era una reforma necesaria y urgente, pero que se quedaba coja¡±, ha defendido hoy la vicesecretaria Paloma Mart¨ªn. ¡°El Gobierno por dos ocasiones la ha retirado. No sabemos por qu¨¦ lo ha hecho. Debe dar explicaciones¡±, ha instado la dirigente popular. El Ejecutivo retir¨® la norma ante la falta de apoyos (incluidos los del PP) para aprobarla. La vicesecretaria del PP ha replicado a la ministra, por otro lado, que las comunidades aut¨®nomas gobernadas por el PP s¨ª est¨¢n cumpliendo la ley de vivienda, pero la posibilidad de declarar zonas tensionadas es potestativa y no obligatoria por las autonom¨ªas y le ha recordado que tampoco las comunidades gobernadas por el PSOE han promovido el control de precios.