Claves de la reforma de la ¡®ley mordaza¡¯: buscar sustituto a las balas de goma y multas m¨¢s bajas por desobedecer a la polic¨ªa
El texto pactado entre el Gobierno y EH Bildu, que ahora se negociar¨¢ con el resto de grupos, insta a abordar en seis meses un cambio legal sobre las devoluciones de migrantes en la frontera
La sustituci¨®n de las balas de goma que usan en ocasiones las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por otro tipo de material antidisturbios que no cause ¡°lesiones irreparables¡± es la novedad m¨¢s llamativa del acuerdo que han alcanzado el PSOE y Sumar con EH Bildu, uno de los socios m¨¢s fiables del Gobierno, para la reforma de la ley de seguridad ciudadana, m¨¢s conocida como...
La sustituci¨®n de las balas de goma que usan en ocasiones las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por otro tipo de material antidisturbios que no cause ¡°lesiones irreparables¡± es la novedad m¨¢s llamativa del acuerdo que han alcanzado el PSOE y Sumar con EH Bildu, uno de los socios m¨¢s fiables del Gobierno, para la reforma de la ley de seguridad ciudadana, m¨¢s conocida como ley mordaza. El Congreso la aprob¨® en 2015 solamente con los votos del PP, con mayor¨ªa absoluta, y entr¨® en vigor en julio de ese a?o en medio de una gran contestaci¨®n social. El PSOE, que la recurri¨® al Tribunal Constitucional, estuvo cerca de lograr un acuerdo con sus socios la legislatura pasada que finalmente se trunc¨® por las diferencias en cuatro puntos que hasta hoy hab¨ªan sido insalvables. El Gobierno a¨²n necesita el apoyo de otras formaciones para sacar adelante la reforma. Estos son sus aspectos principales:
Pelotas de goma. El empleo de este material antidisturbios era uno de los principales escollos. La prohibici¨®n de su uso era para EH Bildu, ERC y Junts una condici¨®n imprescindible, pero el PSOE solo se abr¨ªa a limitar su uso. Los sindicatos policiales rechazan su retirada porque consideran que ¡°supondr¨ªa una p¨¦rdida operativa¡± para los agentes cuando deben hacer frente a altercados callejeros violentos. Los Mossos d¡¯Esquadra tienen prohibida, desde 2014, su utilizaci¨®n y emplean en su lugar proyectiles de foam, un material que no rebota y se deforma al impactar, por lo que supuestamente es ¡°menos lesivo¡±. Las pelotas de foam tambi¨¦n las usan la Ertzaintza y la Polic¨ªa Foral de Navarra. El acuerdo entre PSOE, Sumar y EH Bildu, en todo caso, no especifica cu¨¢l ser¨¢ el material que reemplace a las pelotas de goma.
Un informe de junio de 2021 de la asociaci¨®n catalana de defensa de los derechos humanos Iridia aseguraba que, entre los a?os 2000 y 2020, hubo 26 personas ¡°afectadas¡± por el impacto directo de pelotas de goma. De ellas, una, el seguidor del Athletic de Bilbao ??igo Cabacas, falleci¨®. Otras 15 sufrieron la inutilizaci¨®n o p¨¦rdida de un ¨®rgano, la mayor¨ªa del globo ocular. El Ministerio del Interior compr¨® cerca de 60.000 pelotas de goma a finales de 2022, en pleno debate parlamentario sobre su prohibici¨®n. ¡°El uso de los proyectiles cin¨¦ticos denominados balas de goma se sustituir¨¢ progresivamente¡±, recoge el pacto conocido hoy, sin entrar en fechas concretas. El Gobierno deber¨¢ presentar un calendario para su sustituci¨®n.
Desobediencia y faltas de respeto a la autoridad. El pacto entre los partidos del Gobierno y EH Bildu dice querer poner fin a ¡°la discrecionalidad¡± en las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La ley mordaza permiti¨® imponer 1.817.478 multas entre 2015 y 2022, seg¨²n datos del Ministerio del Interior. Y casi una cuarta parte correspondieron a dos ¨²nicos art¨ªculos: el 36.6, que sanciona la resistencia, desobediencia o negativa a identificarse ante las fuerzas de seguridad, y el 37.4, que multa las faltas de respeto a la autoridad. En estas cifras no se incluyen las 1,14 millones de sanciones impuestas en los tres meses del primer estado de alarma por la covid, entre marzo y junio de 2020, luego anuladas por el Constitucional.
En la futura proposici¨®n de ley que presentar¨¢ el Gobierno tras pactarla con EH Bildu, la desobediencia a la autoridad pasar¨¢ de infracci¨®n grave a leve y se a?adir¨¢ un criterio para que sea ¡°manifiesta, clara y objetivable¡±. Se considerar¨¢ desobediencia ¡°manifiesta y clara¡± a las autoridades o agentes en el ejercicio de sus funciones ¡°cuando se trate de la negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jur¨ªdico y cuando no sea constitutiva de infracci¨®n penal¡±. Tambi¨¦n se pasa a regular de esta manera la resistencia a la autoridad en la que exista ¡°oposici¨®n corporal¡± cuando se trate de la ¡°negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jur¨ªdico, y cuando no sea constitutiva de infracci¨®n penal¡±. El tercer supuesto ser¨¢ por ¡°la negativa manifiesta y clara a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes¡±, as¨ª como la alegaci¨®n ¡°de datos falsos o inexactos en los procesos de identificaci¨®n¡±, como en los casos anteriores cuando no sea constitutiva de infracci¨®n penal.
Los insultos o injurias cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones ser¨¢n leves cuando estas conductas no sean constitutivas de infracci¨®n penal y deber¨¢ tratarse ¡°de expresiones relevantes, sin que pueda considerarse sancionable la sola disconformidad con un mandato leg¨ªtimo o el ejercicio fundamental a la libertad de expresi¨®n¡±. Asimismo, se dejar¨¢ sin efecto la sanci¨®n cuando el sancionado ¡°acceda a retractarse/disculparse por sus expresiones¡±.
Cuant¨ªa de las multas. La ley mordaza regula ahora mismo que las infracciones muy graves ser¨¢n sancionadas con una multa de 30.001 a 600.000 euros; las graves, de 601 a 30.000 euros; y las leves, de 100 a 600 euros. En el nuevo texto se prev¨¦ que las faltas graves se sancionen con multas de entre 501 y 25.000 euros y las leves con una multa de entre 100 y 500 euros, seg¨²n coinciden fuentes de varios grupos parlamentarios. Adem¨¢s, se incluir¨¢n baremos para que las sanciones sean progresivas y tengan en cuenta el salario de los posibles sancionados: si ganan menos de 1,5 del salario m¨ªnimo interprofesional (SMI) ¡ªque ahora mismo es de 1.134 euros mensuales en 14 pagas¡ª se les aplicar¨¢ una reducci¨®n de la sanci¨®n del 50%, y si es 2,5 veces inferior al SMI la multa a los infractores ser¨ªa del 25% sobre la cuant¨ªa prevista.
Devoluciones en frontera. Las expulsiones en caliente de inmigrantes irregulares en las ciudades aut¨®nomas de Ceuta y Melilla, nada m¨¢s cruzar la frontera, no deber¨ªan volver a producirse, aunque habr¨¢ que ver la aplicaci¨®n en la pr¨¢ctica de la nueva ley, seg¨²n apuntan fuentes parlamentarias con cierto escepticismo. Amnist¨ªa Internacional (AI) y otros organismos como la Comisi¨®n Espa?ola de Ayuda al Refugiado (CEAR) ¡ªque tambi¨¦n se movilizaron contra la ley mordaza antes de que fuese aprobada¡ª denuncian desde hace a?os la expulsi¨®n de personas migrantes o refugiadas sin la debida protecci¨®n ni garant¨ªas al no disponer de la oportunidad de explicar sus circunstancias, solicitar asilo o apelar su expulsi¨®n. Las devoluciones suelen ser colectivas y vulneran el derecho internacional si incluyen un uso excesivo de la fuerza u otras violaciones de derechos humanos.
El acuerdo del PSOE y Sumar con EH Bildu recoge que en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la futura ley de seguridad ¡°se abordar¨¢¡± la modificaci¨®n de la Ley de Extranjer¨ªa. El cambio propuesto es que esta deber¨¢ ¡°reconocer y garantizar¡± los derechos de las personas migrantes y asegurar que las solicitudes de asilo se tramitar¨¢n conforme a lo establecido en la normativa de derechos humanos y protecci¨®n internacional de la que Espa?a es parte, ¡°con estricto respeto al Derecho Internacional Humanitario¡±. De esta forma, la certificaci¨®n e identificaci¨®n de las personas potencialmente solicitantes de asilo y la evaluaci¨®n sobre su acceso a las solicitudes de protecci¨®n internacional ¡°deber¨¢ realizarse en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos previamente al proceso de posible expulsi¨®n¡±. Un supuesto: una persona que entrase de forma irregular a Espa?a por la valla de Ceuta deber¨ªa ser conducido al puesto habilitado en la frontera, donde le tomar¨ªan sus datos (identidad, edad, nacionalidad...) y, en caso de que solicitase asilo, se deber¨ªa comenzar el procedimiento. La aplicaci¨®n de estas medidas obstaculizar¨ªa por tanto las expulsiones.