PP y Vox lanzan al Senado y Congreso a un nuevo choque institucional tras su ¡°error¡± en la ley sobre presos etarras

La reforma legal que beneficiar¨¢, entre otros, a presos de ETA acabar¨¢ previsiblemente en un nuevo choque institucional entre Congreso y Senado. Despu¨¦s de que la Mesa de la C¨¢mara baja, de mayor¨ªa socialista, decidiera el martes enviar la reforma al Bolet¨ªn Oficial del Estado (BOE) pese al movimiento del presidente del Senado, el popular Pedro Roll¨¢n ¡ªque equipar¨® el por mayor¨ªa absoluta a un ¡°veto¡± que no se hab¨ªa registrado en tiempo y forma¡ª, la formaci¨®n de Alberto N¨²?ez Feij¨®o ha amenazado este viernes con denunciar al Congreso por un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional. Eso s¨ª, en su ofensiva parlamentaria, el PP va un paso por detr¨¢s de Vox, que el mismo martes se adelant¨® y ya anunci¨® que acudir¨ªa al tribunal de garant¨ªas por el mismo motivo. Los populares se enfrentaban a acusaciones de achantarse por parte del partido de Santiago Abascal en caso de no haber seguido el mismo camino. En paralelo, el Congreso ha publicado justo este viernes definitivamente la norma, lo que supone ordenar formalmente su publicaci¨®n en el BOE

El PP plantea el choque institucional en medio del enfrentamiento ya de por s¨ª de alto voltaje entre PP y PSOE por la querella interpuesta por la formaci¨®n de Feij¨®o contra los socialistas por supuesta financiaci¨®n ilegal. Y con los populares acusando reiteradamente a Pedro S¨¢nchez de hacer un uso esp¨²reo de las instituciones. El conflicto de competencias, regulado en el art¨ªculo 72 de la ley org¨¢nica del Constitucional, fue activado por primera vez en 45 a?os de democracia el pasado mes de abril por la tramitaci¨®n de la ley de amnist¨ªa. Y, solo seis meses despu¨¦s, el PP vuelve a ponerla en marcha tras haber votado a favor de un proyecto de ley en el Congreso el pasado 18 de septiembre junto a todo el resto de grupos, tambi¨¦n Vox, seg¨²n esgrimen ambas formaciones, por error. Eso implicar¨¢ la excarcelaci¨®n de unos 40 presos etarras, seg¨²n las asociaciones de v¨ªctimas, antes de lo previsto.

El PP, con mayor¨ªa absoluta en la C¨¢mara alta, promovi¨® en abril esta f¨®rmula jur¨ªdica durante la tramitaci¨®n de la ley de amnist¨ªa al entender que se estaban usurpando sus competencias. El conflicto de atribuciones se produce cuando un ¨®rgano del Estado ¡ªen este caso, el Senado¡ª considera que otro ¨®rgano ¡ªel Congreso¡ª ha adoptado decisiones asumiendo atribuciones que no le corresponden. Para ponerlo en pr¨¢ctica, quien se considera invadido se lo hace saber al ¨®rgano supuestamente invasor y le solicita que revoque su decisi¨®n. Si este no responde en el plazo de un mes, o responde negando la acusaci¨®n, quien ha planteado el conflicto puede elevar la cuesti¨®n al Tribunal Constitucional para que este resuelva el choque.

As¨ª lo hizo el PP durante la tramitaci¨®n parlamentaria de la medida de gracia a los encausados por el proc¨¦s. Pero el anuncio a bombo y platillo sirvi¨® solo para hacer ruido, ya que las prisas provocaron que el PP no llegase despu¨¦s hasta el final del proceso, es decir, denunciar al Congreso ante el Constitucional, al no medir bien los tiempos. Ahora, los populares vuelven a dar un mes de plazo, a contar desde que se apruebe la iniciativa en pleno, para que la Mesa del Congreso d¨¦ marcha atr¨¢s y convoque un pleno para debatir y levantar el pretendido ¡°veto¡± proclamado por Roll¨¢n en la sesi¨®n del lunes y ante la estupefacci¨®n de todos. Es m¨¢s que probable que la C¨¢mara alta no responda al requerimiento, pues la Mesa ha publicado justo este viernes definitivamente la norma y ha ordenado formalmente su publicaci¨®n en el BOE. Est¨¢ por ver si en esta ocasi¨®n el PP decide ir con todo hasta el final: denunciar al Congreso ante el Constitucional.

¡°Armengol boicotea las competencias del Senado y usurpa la capacidad de interpretar el Reglamento de esta C¨¢mara, algo que no le compete¡±, ha aseverado este viernes Alicia Garc¨ªa, portavoz del PP en la C¨¢mara alta. ¡°Ha despachado este asunto sin ning¨²n informe jur¨ªdico que lo avale¡±, ha abundado. El martes, y tras consultar con los servicios jur¨ªdicos, la Mesa del Congreso aleg¨® dos razones para rechazar las pretensiones de la C¨¢mara alta: que el pleno del Senado en el que fue rechazada la reforma legal se produjo fuera del plazo establecido en el art¨ªculo 90.3 de la Constituci¨®n (20 d¨ªas h¨¢biles al estar calificada con car¨¢cter de urgencia) y que no se cumpli¨® con los requisitos del art¨ªculo 107.2 del Reglamento de la C¨¢mara alta, que exige que los vetos se formalicen por escrito y de forma motivada.

Roll¨¢n contest¨® este mi¨¦rcoles explicando que la Mesa del Senado, desde que recibi¨® el texto, mantuvo el d¨ªa 14 como l¨ªmite. El Reglamento del Senado, en su art¨ªculo 135.5, expone: ¡°Todos los plazos recogidos en este art¨ªculo se refieren a d¨ªas naturales. En el caso de que uno de estos plazos concluya en d¨ªa inh¨¢bil se entender¨¢ prorrogado al d¨ªa h¨¢bil siguiente¡±. Eso permitir¨ªa haber pasado el l¨ªmite del d¨ªa 13 (el pasado domingo) al 14. El grupo parlamentario popular se ha pronunciado en su escrito bajo la misma argumentaci¨®n. Sin embargo, para el Congreso dicho precepto ¡°se refiere expresamente a los plazos internos de tramitaci¨®n en el Senado¡± pero no a los 20 d¨ªas h¨¢biles que marca la Constituci¨®n en el procedimiento de urgencia, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas del Congreso. Sobre equiparar el rechazo de la mayor¨ªa absoluta a un veto no registrado por escrito, Roll¨¢n sigue manteniendo que es una situaci¨®n in¨¦dita sin jurisprudiencia del Constitucional.