La Fiscal¨ªa Europea investiga a 104 agricultores en Andaluc¨ªa por un fraude masivo de ayudas de la PAC

La Fiscal¨ªa Europea investiga a 104 agricultores y otros cinco empresarios andaluces por un fraude masivo en las ayudas de la Pol¨ªtica Agraria Com¨²n (PAC), a los que acusa de falsedad documental y fraude de subvenciones y ayudas p¨²blicas. El presunto cerebro de la trama es Juan Ortiz Alconchel, empresario y exconcejal del PP en ?cija (40.000 habitantes), quinta localidad de Sevilla por poblaci¨®n. La esencia del fraude era ofrecer fincas a trav¨¦s de una empresa a los agricultores para que estos las declarasen como barbecho y as¨ª cobrar subvenciones, pero ese alquiler era falso.

La investigaci¨®n se abri¨® hace dos a?os cuando la Junta advirti¨® del supuesto enga?o al organismo europeo para detallarle el desv¨ªo de fondos Feaga y Feader mediante un sistema para ganar dinero gracias al alquiler falaz de fincas. El fraude a la pol¨ªtica agraria com¨²n, cometido entre 2017 y 2021, asciende a unos tres millones de euros y hace un a?o la polic¨ªa tom¨® declaraci¨®n en comisar¨ªa como detenidos a 23 agricultores y personas vinculadas a Quitogrande SL, la empresa que mantuvo supuestamente una estructura criminal que operaba en C¨®rdoba, Sevilla, ?cija y Jerez de la Frontera (C¨¢diz). Los agentes pidieron a los fiscales inmovilizar 18 cuentas bancarias, seis fincas, tres garajes, y activos financieros de los principales imputados.

La empresa Quitogrande SL alquil¨® 222 fincas en 2021 sin ser propietaria de ellas a agricultores que necesitaban terrenos para declararlos en barbecho y as¨ª poder recibir las ayudas de la PAC. Para recibir estas subvenciones, el agricultor debe acreditar que una parte menor de su suelo cultivable se queda sin plantar para que se recupere del uso de fertilizantes. Es decir, los agricultores confiaban en que Quitogrande les alquilaba tierras en sitios alejados, que en realidad pertenec¨ªan a otros propietarios por completo ajenos a la transacci¨®n econ¨®mica, por lo que se llevaba a cabo una simulaci¨®n de t¨ªtulos de arrendamientos de las parcelas. La mayor¨ªa de los agricultores receptores de las ayudas europeas ha defendido en sus declaraciones como imputados que desconoc¨ªan la propiedad real de los terrenos, pero la polic¨ªa sostiene que otros s¨ª conoc¨ªan el enga?o a las arcas p¨²blicas.

Ortiz Alconchel, empresario y antiguo jefe de ventas de la cooperativa Coesagro durante 27 a?os, rechaza su papel de creador de la trama que le atribuye la polic¨ªa y se presenta como una v¨ªctima m¨¢s: ¡°Yo soy un estafado m¨¢s. Contact¨¦ con el corredor de fincas Antonio Moreno [tambi¨¦n investigado], que hab¨ªa puesto un anuncio en internet, me hizo un mandato y yo hice los contratos de arrendamiento con los agricultores, a los que devolv¨ª el dinero. Tengo mucho material para defenderme, aunque para la polic¨ªa soy un ogro¡±, lamenta.

?Por qu¨¦ no visit¨® las fincas para comprobar su titularidad?

-Comet¨ª el error de no hacer la labor policial de comprobarlas. Ten¨ªa plena confianza en Antonio y ¨¦l me dijo que ten¨ªa autorizaci¨®n para alquilar. Le pagu¨¦ con una trazabilidad (¡­) Mi hermana [asimismo imputada] se meti¨® en la empresa para no pagar la cuota de aut¨®noma.

Ortiz Alconchel, desvinculado ya del Partido Popular que lo expuls¨® cuando se desarticul¨® la trama, mantiene las empresas de control de plagas South Pest ECP y la de propiedades inmobiliarias Wicostos. La polic¨ªa defini¨® as¨ª el papel del empresario: ¡°Actu¨® como el instrumento necesario para la consumaci¨®n del fraude creando situaciones artificiales que sin su actuaci¨®n fraudulenta no reun¨ªa los requisitos para recibirlas?¡±. De su hermana Alicia Matilde, los agentes apuntan: ¡°Ha participado en diferentes contratos relacionados con los fraudes investigados (¡­) Es perfecta conocedora de la forma de actuar de Quitogrande y sus relaciones con sus clientes¡±.

Sobre su devoluci¨®n del dinero a los agricultores, la polic¨ªa acusa en su informe: ¡°Existen pagos de Quitogrande a los solicitantes en concepto de devoluci¨®n de renta. El objeto de los contratos es el arrendamiento de una finca, por lo que no se entiende que se devuelva la renta una vez finalizada el alquiler, salvo que el verdadero objetivo sea obtener la subvenci¨®n¡±.

En 2022 la Junta detect¨® anomal¨ªas en varios expedientes en los que aparec¨ªa Quitogrande como arrendadora de tierras muy alejadas de su origen domiciliario. Eran tierras declaradas como barbecho tradicional o sin producci¨®n, en ubicaciones dentro del entorno de un Parque Natural, zonas agrestes o entre invernaderos. ¡°En ning¨²n caso la sociedad arrendadora era titular catastral¡±, resumi¨® la consejer¨ªa andaluza de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en su informe. La investigaci¨®n la lleva a cabo agentes de la Brigada de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal de la UDEF Central de la Polic¨ªa.

La Junta comprob¨® los contratos solo de la campa?a de 2021 e identific¨® 104 agricultores, con 1.966 hect¨¢reas, beneficiados por las ayudas europeas donde constaba Quitogrande como arrendadora sin ser titular catastral. La firma aleg¨® ante la Junta que hab¨ªa cerrado contratos de mandato con los due?os de las tierras o con intermediarios, aunque reconoci¨® no haber arrendado cinco parcelas, a pesar de que figuraba como propietario ante la Administraci¨®n.

La mayor¨ªa de los agricultores propietarios de las tierras que alquil¨® Quitogrande, 76 de un total de 194, confirmaron que sus parcelas no estaban arrendadas, ni hab¨ªan cerrado contrato alguno para alquilarlas. Ocho de ellos declararon que ten¨ªan alquiladas las tierras para cultivo de temporada o para parques solares fotovoltaicos y no hab¨ªan pedido ayudas a la PAC. Por ¨²ltimo, cuatro de ellos declararon que hab¨ªan vendido sus tierras a otros agricultores, pero en ning¨²n caso hab¨ªa sido Quitogrande. Andaluc¨ªa es la principal destinataria de estas subvenciones de la PAC. El a?o pasado la comunidad recibi¨® 1.320 millones en estas ayudas agr¨ªcolas, de acuerdo con los datos oficiales.

En la trama, la sociedad Campos de Valdedios era la que ced¨ªa las parcelas a Quitogrande, aunque no ten¨ªa actividad real, seg¨²n la polic¨ªa. ¡°Fue interpuesta en el proceso ficticio de cesi¨®n de fincas para impedir la trazabilidad de la responsabilidad en caso de fiscalizaci¨®n administrativa o penal¡±, concluyeron los agentes. Es decir, se cre¨® para despistar y confundir en caso de que se levantaran sospechas.

La organizaci¨®n us¨® al ingeniero t¨¦cnico agr¨ªcola Miguel A. para firmar informes periciales de parcelas repartidas por toda Andaluc¨ªa para certificar que las fincas cumpl¨ªan con las condiciones para solicitar las subvenciones. En solo un mes a principios de 2022, dicho ingeniero hizo, seg¨²n su testimonio, una inspecci¨®n ocular de 95 parcelas repartidas por Granada, Sevilla, C¨¢diz, Almer¨ªa y M¨¢laga. ¡°Certific¨® parcelas pertenecientes a un aeropuerto o a la instalaci¨®n de placas solares con recinto cerrado, lo cual demostrar¨ªa que ni siquiera conoce la ubicaci¨®n de las mismas, o de conocerlas emite el informe a sabiendas de su improcedencia¡±, censura la polic¨ªa.

Coesagro, una gran cooperativa agr¨ªcola con unos 200 socios y 14.000 hect¨¢reas en el noreste de la provincia de Sevilla, fue el veh¨ªculo inicial que Ortiz Alconchel us¨® para encontrar agricultores y ofrecerles el alquiler de fincas. Su presidente, Manuel Onieva, ha rechazado opinar para este reportaje. La Fiscal¨ªa Europea ha eludido asimismo pronunciarse sobre el proceso judicial en marcha a preguntas de este diario.

Los investigadores defienden en su atestado que la connivencia de ciertos agricultores con la trama era patente: ¡°Existen expedientes en los que se demuestra que los solicitantes son conocedores de la pr¨¢ctica descrita. Constan parcelas objeto de ayuda que se sit¨²an dentro de un aeropuerto civil, en una base militar, son parques de placas solares o est¨¢n siendo labradas por el propio titular. Este hecho demuestra que, por parte de los beneficiarios de las ayudas, se act¨²a con dolo e intencionalidad, creando condiciones artificiales para poder ejecutar los derechos en terrenos sobre los que conscientemente no se ostenta titularidad alguna¡±.