Investigado por acoso laboral el letrado mayor de las Cortes de Castilla y Le¨®n

Una trabajadora de las Cortes de Castilla y Le¨®n ha denunciado al letrado mayor y secretario general del Parlamento auton¨®mico, Marcos Herrero, por acoso laboral. El alto cargo institucional declarar¨¢ este jueves en un juzgado de Valladolid por ese presunto maltrato profesional a una funcionaria, jefa de servicio de Gesti¨®n Administrativa hasta que fue apartada al poco de entrar Herrero en su puesto. La mujer expone que desde entonces se la ha vejado laboralmente para humillarla y aislarla. Esta persona se encuentra de baja laboral por depresi¨®n. La denuncia lleg¨® a la Fiscal¨ªa, que la remiti¨® a un juzgado de instrucci¨®n para evaluar un posible delito de acoso laboral. El acusado ha declinado pronunciarse sobre el tema y defiende su inocencia.

El caso lo dirime el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 4 de Valladolid, donde acudir¨¢ el letrado mayor y secretario general, posici¨®n clave en las Cortes como responsable del personal de la instituci¨®n parlamentaria y la toma de decisiones sobre los calendarios o cuestiones jur¨ªdicas propias del desarrollo cotidiano de la C¨¢mara. ?l participa en los plenos, en las reuniones de la Mesa de las Cortes y en la Junta de Portavoces de los grupos con representaci¨®n. Marcos Herrero, contactado por EL PA?S, ha rechazado hacer declaraciones y remite a que reivindicar¨¢ su inocencia en el juzgado. El investigado, vallisoletano de 33 a?os, ostenta el cargo desde el 28 de marzo de 2022 como sucesor de Carlos Ortega, que renunci¨® al puesto que ocupaba desde agosto de 2015.

Herrero formaba parte del cuerpo de letrados de las Cortes de Castilla y Le¨®n desde marzo de 2019, tres a?os antes de ascender al m¨¢ximo puesto de la instituci¨®n parlamentaria. Las Cortes de Castilla y Le¨®n carecen de protocolo antiacoso o una normativa a la que las posibles v¨ªctimas pudieran acogerse en caso de encontrarse en escenarios similares. Tampoco existen inspecciones o sindicatos que puedan proteger a la plantilla.

La funcionaria ha acusado al alto cargo de que fue depuesta de su posici¨®n laboral como jefa de servicio de Gesti¨®n Administrativa y que el investigado se lo comunic¨® por tel¨¦fono cuando ella se encontraba de vacaciones, tal y como informa Europa Press. Seg¨²n ella, tras esa medida empez¨® a perder permisos de acceso a aplicaciones inform¨¢ticas, certificados de firma electr¨®nica o unidades de red as¨ª que ni siquiera recibi¨® la resoluci¨®n de cese el 26 de mayo de 2022, que le fue enviada v¨ªa correo electr¨®nico.

La denunciante afirma que Herrero buscaba humillarla y someterla a aislamiento laboral y sociolaboral mientras le provocaba agravios profesionales, adem¨¢s de privar de funciones y competencias al ¨²nico cargo al que ella puede acceder en las Cortes de Castilla y Le¨®n. Esto implica un salario inferior y menores responsabilidades respecto a otros compa?eros del ¨¢rea. La denuncia recoge que Herrero intent¨® impedir que accediera a puestos del ¨¢mbito administrativo o la contrataci¨®n p¨²blica al modificar las convocatorias con exigencias clave para que esta mujer no pudiera postularse.

Sentencias a favor de la denunciante

La v¨ªctima de este presunto acoso laboral cuenta con sentencias a su favor desde que comenz¨® su batalla judicial con el letrado mayor. Hace unos meses recurri¨®, con resultado positivo, que se revocara su nombramiento. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le¨®n resolvi¨® en abril de este a?o que esa intervenci¨®n era improcedente porque se dict¨® por un ¨®rgano incompetente, fuera de procedimiento legal, sin justificaci¨®n y que ¡°vulner¨® los derechos a la dignidad personal y profesional de la recurrente atendiendo a las circunstancias y modos en que se ha llevado a cabo¡±. El investigado tambi¨¦n tuvo una decisi¨®n anulada por la Justicia en cuanto al cambio en la Relaci¨®n de Puestos de Trabajo, que perjudicaba a la mujer, porque ¡°con su proceder (que hemos dicho supone una represalia ante la actuaci¨®n previa de la actora), ha vulnerado su derecho fundamental de tutela judicial efectiva, en su vertiente de garant¨ªa de indemnidad¡±.

La posici¨®n de Herrero en las Cortes puede quedar comprometida porque, seg¨²n recalca la denuncia, el art¨ªculo 54.2 del Estatuto de Personal de la C¨¢mara establece que se puede suspender temporalmente a quienes se encuentren en procedimientos legales como estos. Procuradores auton¨®micos como Francisco Igea (independiente, ex de Ciudadanos) han reclamado esa suspensi¨®n provisional para ¡°preservar la integridad y buen nombre de la instituci¨®n as¨ª como de proteger a los denunciantes y posibles testigos del caso¡±.