El juez Peinado requiere al Gobierno una relaci¨®n de todos los trabajadores y asesores que ¡°desempe?an sus labores¡± en La Moncloa

El juez Juan Carlos Peinado ha requerido a Presidencia del Gobierno que aporte una relaci¨®n de todos los trabajadores y asesores ¡°que desempe?an sus labores en el Palacio de La Moncloa¡±. La providencia, con fecha del martes 10 de diciembre, est¨¢ enmarcada en la instrucci¨®n del caso sobre Bego?a G¨®mez, la esposa del presidente del Gobierno, por un presunto delito de ¡°corrupci¨®n en el sector privado y tr¨¢fico de influencias¡±. La decisi¨®n de Peinado llega una semana antes de que declare como testigo en la causa Mar¨ªa Cristina ?lvarez, actual directora de Programas de Presidencia en La Moncloa, que supuestamente hizo gestiones en nombre de G¨®mez sobre la c¨¢tedra que esta impart¨ªa en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Diversas informaciones period¨ªsticas han se?alado que ?lvarez escribi¨® por correo electr¨®nico tanto a empresas que colaboraban con la esposa de Pedro S¨¢nchez como al entonces vicerrector de Planificaci¨®n de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, encargado entre otras funciones del control y buen funcionamiento de la c¨¢tedra que dirig¨ªa Bego?a G¨®mez. Peinado, de hecho, ha requerido a Doadrio en el mismo escrito que env¨ªe en un plazo de cinco d¨ªas ¡°la documentaci¨®n relativa a la c¨¢tedra que se investiga, y que indic¨® en su declaraci¨®n que conservaba¡±.

?lvarez explicar¨¢ previsiblemente en su declaraci¨®n ante el juez si las gestiones que hizo para Bego?a G¨®mez fueron a t¨ªtulo privado, independientemente de su trabajo en La Moncloa como empleada p¨²blica. El objetivo de Peinado es investigar si en esos tr¨¢mites se produjo una malversaci¨®n de fondos p¨²blicos, es decir, si ?lvarez, que cobraba un sueldo p¨²blico, dedicaba parte de su tiempo a ayudar a G¨®mez en sus actividades privadas. La solicitud a La Moncloa del listado de trabajadores y asesores ser¨ªa as¨ª el primer paso para intentar acreditar que ?lvarez desempe?a un cargo p¨²blico all¨ª, aunque Peinado no incluye en la providencia los motivos del requerimiento.

El magistrado, que lleva la causa en el Juzgado de Instrucci¨®n N¨²mero 41 de Madrid, tambi¨¦n ha solicitado a la Universidad Complutense que env¨ªe, en el plazo de 10 d¨ªas, a trav¨¦s de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigaci¨®n (OTRI), una ¡°copia testimoniada de los expedientes que hubiera podido tramitar para cualquier tipo de inscripci¨®n registral (de Propiedad Intelectual, programa inform¨¢tico, derechos de autor, marcas, nombres comerciales, dise?os industriales, etc.) en relaci¨®n con la C¨¢tedra Extraordinaria de Transformaci¨®n Social Competitiva¡± que imparti¨® G¨®mez en dicha universidad.

La causa penal que impulsa Peinado desde hace nueve meses est¨¢ basada en una querella interpuesta por Manos Limpias y sustentada en recortes de noticias, algunas de las cuales resultaron ser falsas. El magistrado imput¨® en un principio a G¨®mez dos delitos: tr¨¢fico de influencias y corrupci¨®n en los negocios; y ampl¨ªo despu¨¦s la investigaci¨®n a otros dos: apropiaci¨®n indebida e intrusismo profesional. De momento, todos los informes elaborados por la UCO de la Guardia Civil a petici¨®n del juez descartan dichos delitos.

Peinado ha imputado a tres personas m¨¢s sin concretar los motivos: Joaqu¨ªn Goyache, rector de la Universidad Complutense; el empresario Carlos Barrab¨¦s; y Juan Jos¨¦ G¨¹emes, directivo del IE Business School y exconsejero del PP en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Todos ellos han negado cualquier trato de favor a G¨®mez o que ella ejerciera tr¨¢fico de influencias.