El Supremo confirma la condena de cuatro a?os y medio de c¨¢rcel a Laura Borr¨¤s

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de cuatro a?os y medio de prisi¨®n, 13 a?os de inhabilitaci¨®n y multa de 36.000 euros a la expresidenta del Parlament Laura Borr¨¤s por adjudicar de forma irregular a un conocido la elaboraci¨®n del portal web de la Instituci¨® de les Lletres Catalanes (ILC), durante su etapa como directora de ese organismo, entre 2013 y 2018. Adem¨¢s, el tribunal, de acuerdo con la Fiscal¨ªa, rechaza la petici¨®n de Borr¨¤s de que se le aplicase la ley de Amnist¨ªa, ya que los hechos probados no guardan relaci¨®n alguna con el proceso independentista catal¨¢n. La plana mayor de Junts ha criticado la decisi¨®n judicial y ha vuelto a calificar la situaci¨®n como un ejemplo de lawfare, o acoso judicial, contra l¨ªderes independentistas.

La sentencia del Supremo confirma la dictada en marzo de 2023 por el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC), que conden¨® a Borr¨¤s por delitos de prevaricaci¨®n administrativa, continuado de falsedad en documento oficial y como inductora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil. El alto tribunal ha desestimado ¨ªntegramente el recurso de la expresidenta del Parlament y te¨®ricamente futura presidenta de la fundaci¨®n de Junts en el que, entre otros motivos, cuestionaba la proporcionalidad de la pena.

Borr¨¤s basaba parte de su recurso en que el TSJC propuso en su sentencia un indulto parcial para dejar en dos a?os el castigo de prisi¨®n al considerar que la suma de las penas por el delito continuado de falsedad da como resultado una pena de c¨¢rcel ¡°excesiva¡±, teniendo en cuenta que ni ella ni los otros dos condenados actuaron para ¡°la obtenci¨®n de un lucro personal¡±.

El Supremo no se pronuncia sobre esa propuesta, y ahora ser¨¢ el tribunal catal¨¢n el que, al ver confirmada su sentencia, podr¨ªa tramitar la petici¨®n de indulto al Gobierno. Tambi¨¦n puede hacerlo la propia Borr¨¤s o cualquier otra persona en su nombre. La condena ya firme de cuatro a?os y medio implicar¨ªa, en teor¨ªa, la entrada en prisi¨®n de la exl¨ªder de Junts, pero fuentes jur¨ªdicas se?alan que si el TSJC, que es a quien corresponde ejecutar el fallo, propone el indulto, lo previsible es que suspenda la entrada en prisi¨®n a la espera de que el Gobierno decida sobre la medida de gracia. La propuesta de indulto no afectaba, no obstante, a la pena de inhabilitaci¨®n, de 13 a?os (cuatro por la falsedad y nueve por prevaricaci¨®n administrativa), lo que significa que Borr¨¤s no podr¨¢ ejercer, durante todo ese tiempo, ning¨²n tipo de ¡°ocupaciones o cargos p¨²blicos electos¡±.

La Sala Penal, en una sentencia adoptada por unanimidad y de la que ha sido ponente su presidente en funciones, Andr¨¦s Mart¨ªnez Arrieta, rechaza los argumentos que esgrimi¨® Borr¨¤s para que le anularan la condena o le rebajaran la pena. El tribunal considera proporcionado el castigo porque los hechos probados suponen ¡°la corrupci¨®n de un funcionario p¨²blico que se sit¨²a al margen de la ley, la desobedece y vulnera los principios que informan el actuar de la administraci¨®n p¨²blica. Enmarcados los hechos en la corrupci¨®n es dif¨ªcil atender la consideraci¨®n que la recurrente¡±.

La plana mayor de Junts ha salido a criticar la decisi¨®n judicial, que ven como un ejemplo m¨¢s de ¡°lawfare de manual¡± contra los l¨ªderes independentistas. ¡°Consideramos que estamos ante un episodio de fanatismo pol¨ªtico en la que est¨¢ instalado la sala penal del Tribunal Supremo¡±, ha asegurado el secretario general del partido, Jordi Turull. El exconsejero de la Presidencia e indultado por el Gobierno central tras el juicio al proc¨¦s ha asegurado que su partido cierra filas entorno a la expresidenta de la C¨¢mara catalana y que le acompa?ar¨¢ ¡°sin fisuras¡± en la v¨ªa judicial que a partir de ahora asuma Borr¨¤s, como podr¨ªa ser la petici¨®n del indulto. En su d¨ªa, la propia Borr¨¤s neg¨® que fuera a pedir el indulto. ¡°No paro en mi lucha para reclamar la absoluci¨®n que conseguir¨¦ en otro tribunal¡±, dijo en marzo de 2023, cuando se conoci¨® la sentencia del TSJC.

Turull, que ha comparecido en compa?¨ªa de tres vicepresidentes del partido (Antoni Castell¨¤, Josep Rius, Judith Toronjo) y de los l¨ªderes en el Parlament (Albert Batet y M¨°nica Sales), no ha querido entrar en las consecuencias org¨¢nicas que tiene que la sentencia de Borr¨¤s ya sea firme. La expresidenta del partido dio el paso al lado para dejar que Carles Puigdemont recuperara la presidencia de Junts a cambio de presidir la fundaci¨®n que el partido ha ganado tras la fusi¨®n con Dem¨°crates. El nombramiento de Borr¨¤s no es a¨²n oficial pero el libro segundo del C¨®digo Civil Catal¨¢n impide a condenados por la justicia asumir este tipo de cargos.

Puigdemont ha enviado, v¨ªa X, un mensaje de apoyo a Borr¨¤s: ¡°La Toga Nostra contin¨²a impasible, desfilando al sonido de la partitura de la represi¨®n ordenada desde la magistratura m¨¢s alta¡±.

Hechos probados

La sentencia del tribunal catal¨¢n consider¨® probado que Borr¨¤s troce¨® contratos, de forma ilegal, para adjudic¨¢rselos a dedo a un inform¨¢tico, Isa¨ªas Herrero, con el que manten¨ªa una relaci¨®n profesional y de confianza. Para el TSJC, la adjudicaci¨®n directa de los trabajos vulner¨® ¡°todos los principios que rigen en materia de contrataci¨®n p¨²blica¡±, como la publicidad, la transparencia y la libre concurrencia. Fue un contrato ¡°dise?ado, decidido y ejecutado con ¨²nico sometimiento a la voluntad personal¡± de Borr¨¤s, que como directora de la ILC, era tambi¨¦n la m¨¢xima responsable de la contrataci¨®n y ten¨ªa ¡°toda la autoridad para contratar y autorizar¡± los pagos.

El Supremo considera que esta actuaci¨®n encaja en ¡°la conducta t¨ªpica en los delitos de corrupci¨®n¡±, que se centra ¡°en la obtenci¨®n de puestos dentro del Estado, directamente o a trav¨¦s de influencias, para delinquir, para obtener ventajas patrimoniales, para desmantelar al Estado, o para apropiarse del patrimonio del Estado¡±. ¡°En ocasiones, desde esa ocupaci¨®n, directa o indirecta, se utiliza el puesto estatal para extorsionar a personas, f¨ªsicas o jur¨ªdicas, o para asegurarse la adjudicaci¨®n de contratos, propiciando situarse en los dos lados de la contrataci¨®n, como Estado y como adjudicatario de la concesi¨®n o del contrato, alterando las condiciones de la libre concurrencia. Son imaginables muchas formas de actuar, asegur¨¢ndose el enriquecimiento personal y los favores del poder, desde dentro o a trav¨¦s de personas interpuestas¡±, subrayan los magistrados.

Para el Supremo el alegato de Borr¨¤s ¡°es dif¨ªcilmente atendible, dada la entidad del da?o producido, porque no s¨®lo se ha producido un quebranto patrimonial, al Estado o a terceros concurrentes, sino tambi¨¦n un da?o a las normas de convivencia y de ordenaci¨®n social, en los t¨¦rminos se?alados, por un funcionario p¨²blico llamado a observar las exigencias del Estado de derecho¡±.

La expresidenta del Parlament tambi¨¦n ped¨ªa que, en caso de confirmarle la condena, el Supremo le aplicara la ley de amnist¨ªa porque el suyo es un ¡°perfil netamente independentista¡± y dirigi¨® la Instituci¨® de les Lletres Catalanes ¡°en el marco de un Gobierno con vocaci¨®n netamente procesista¡±. El Supremo contesta que ¡°ni el perfil, ni el desarrollo de una acci¨®n de gobierno, en la parcela administrativa que dirig¨ªa¡± Borr¨¤s permiten considerar que la conducta por la que ha sido condenada se enmarque en el proc¨¦s.