El Supremo avala el nombramiento del letrado mayor del Congreso
El tribunal desestima el recurso presentado por otro miembro del servicio jur¨ªdico y certifica que la Mesa de la C¨¢mara se atuvo a la legalidad
![El secretario general del Congreso, Fernando Galindo, junto a la presidenta, Francina Armengol, en diciembre de 2023.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/73OILGNNGVAAHGYSBEP2MV4IXU.jpg?auth=c24d8d98d5b1c41cbed154ea60f2d21a16a7e6e5ebba662e29bcc0b0db823945&width=414)
![Xos¨¦ Hermida](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fe025824d-9859-458b-8543-f59a30f56188.png?auth=766204d1330997a091ada06595599afc403caa66d06fcbdee1e75b92e1fc62d8&width=100&height=100&smart=true)
El Tribunal Supremo ha avalado la legalidad del nombramiento de Fernando Galindo como secretario general del Congreso, cargo tambi¨¦n conocido como letrado mayor. El alto tribunal ha desestimado el recurso presentado por otro miembro del servicio jur¨ªdico de la C¨¢mara, Manuel Fern¨¢ndez-Fontecha, quien, adem¨¢s de la batalla judicial, ven¨ªa lanzando desde hace un a?o acusaciones p¨²blicas en los medios contra su superior jer¨¢rquico. El Supremo rechaza con rotundidad los argumentos del recurrente y, en una decisi¨®n poco habitual, lo condena a pagar las costas del proceso.
La Mesa del Congreso, a propuesta de la presidenta, la socialista Francina Armengol, nombr¨® en noviembre de 2023 a Galindo como secretario general, tras la dimisi¨®n de su antecesor, Carlos Guti¨¦rrez. La elecci¨®n result¨® muy contestada por la oposici¨®n y por alg¨²n miembro del cuerpo de letrados, que cuestionaban la anterior vinculaci¨®n de Galindo al Gobierno como subsecretario del Ministerio de Pol¨ªtica Territorial. La controversia fue a m¨¢s cuando la asesor¨ªa jur¨ªdica de la C¨¢mara valid¨® la tramitaci¨®n de la proposici¨®n de ley de amnist¨ªa a los dirigentes del proc¨¦s independentista catal¨¢n. El PP, al mismo tiempo que atacaba los cambios en el Congreso, promov¨ªa una renovaci¨®n total al frente del cuerpo de los letrados del Senado, donde tiene mayor¨ªa absoluta.
El m¨¢s beligerante con diferencia frente a Galindo fue el veterano miembro del cuerpo jur¨ªdico de la C¨¢mara baja Fern¨¢ndez-Fontecha, quien llev¨® su batalla hasta el Supremo con un recurso contencioso-administrativo. Fontecha argument¨® que el puesto de secretario general deber¨ªa haberse cubierto tras la apertura de un procedimiento de libre concurrencia entre todos los integrantes del cuerpo de letrados y denunciaba la ¡°vulneraci¨®n del derecho fundamental de acceder en condiciones de igualdad a funciones p¨²blicas, proclamado en el art¨ªculo 23.2 de la Constituci¨®n Espa?ola¡±.
En un fallo emitido el pasado 23 de enero, la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal desestima por completo los argumentos del recurrente. Dictamina que la Mesa, seg¨²n el Reglamento de la C¨¢mara, ¡°puede realizar libremente ese nombramiento [de secretario general] con la salvedad de que debe recaer en uno de los letrados que conforman el Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales¡±. El fallo, suscrito por cinco magistrados y del que es ponente Antonio Fonseca-Herrero, explica que el procedimiento de libre concurrencia al que apelaba Fontecha solo est¨¢ previsto para el caso ¡°de la provisi¨®n de un puesto de trabajo del Cuerpo de Letrados¡± y no para el nombramiento de su m¨¢ximo responsable.
El recurrente alegaba adem¨¢s falta de idoneidad del candidato y de motivaci¨®n en el acuerdo tomado por la Mesa. El fallo replica que Galindo cumple el requisito exigido de acreditar cinco a?os de experiencia en el cuerpo de letrados. Y subraya que ¡°nadie se hab¨ªa postulado para un cargo que se sab¨ªa vacante desde la aceptaci¨®n de la renuncia del anterior Secretario General¡±. Fontecha deber¨¢ hacerse cargo de las costas del proceso ¡°hasta una cifra m¨¢xima de 1.000 euros¡±.
Fontecha adquiri¨® notoriedad p¨²blica a finales de 2023 por diversos pronunciamientos p¨²blicos contra la ley de amnist¨ªa. El letrado lleg¨® a denunciar que se estaba modificando ¡°de facto¡± la Constituci¨®n mediante lo que calificaba de ¡°pactos privados¡± entre PSOE y Junts. Con la nueva legislatura y el nombramiento de Galindo, se reorganizaron los destinos de los juristas en el Congreso. Fontecha dej¨® su puesto como letrado segundo de la Comisi¨®n Constitucional, adonde se destin¨® al secretario general saliente, Carlos Guti¨¦rrez, y se le adscribi¨® a la de Hacienda, en la que ya ejerc¨ªa como asesor jur¨ªdico desde 2012.
A partir de ese momento, el letrado se multiplic¨® en declaraciones p¨²blicas para denunciar que hab¨ªa sido v¨ªctima de una ¡°purga ideol¨®gica¡± por su oposici¨®n a la ley de amnist¨ªa. Sus denuncias tuvieron un gran eco en medios afines a la derecha, incluida la cadena p¨²blica Telemadrid. Presentado por algunos como ¡°el letrado que m¨¢s sabe¡±, Fontecha conced¨ªa entrevistas para insistir en presentarse como un represaliado y sostener afirmaciones como que los dirigentes independentistas cometieron ¡°delitos de terrorismo¡±. Y eso a pesar de que el secretario general lo hab¨ªa repuesto finalmente en la Comisi¨®n Constitucional, ahora como letrado tercero.
Adem¨¢s de recurrir al Supremo el nombramiento de Galindo, Fontecha plante¨® otra batalla legal contra su relevo en la Comisi¨®n Constitucional. Esgrim¨ªa ¡°desviaci¨®n de poder¡±, como difundi¨® profusamente en los medios. En este caso el alto tribunal, en un fallo del pasado 30 de octubre, ni siquiera entr¨® a juzgar el fondo del asunto al dictaminar que ya se hab¨ªa producido una ¡°satisfacci¨®n extraprocesal¡± por haber sido repuesto en la comisi¨®n que reclamaba.
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