La justicia absuelve a la exdirectora de la Alhambra y tres acusados m¨¢s en el ¡®caso de las audiogu¨ªas¡¯ ocho a?os despu¨¦s

El 25 de junio de 2015, la polic¨ªa detuvo a la entonces directora del Patronato de la Alhambra, Mar¨ªa del Mar Villafranca, y a cuatro personas m¨¢s, tres de ellas gestores tambi¨¦n del monumento. La cuarta era el administrador de la empresa que prestaba los servicios de informaci¨®n al p¨²blico y de alquiler de audiogu¨ªas. Tras declarar aquella ma?ana, todos quedaron en libertad con cargos de malversaci¨®n de capitales y blanqueo. Este lunes, casi ocho a?os despu¨¦s, la Audiencia Provincial de Granada ha dictado sentencia y ha absuelto a los cuatro acusados tras el juicio celebrado el pasado enero pasado. La Audiencia, en un texto de 96 p¨¢ginas que recorre exhaustivamente todo lo ocurrido en aquellos a?os respecto a la gesti¨®n econ¨®mica y la relaci¨®n entre la empresa y los gestores, no deja ninguna duda de que la actuaci¨®n de los implicados siempre fue correcta y acorde a la legalidad. Esta sentencia es recurrible en los pr¨®ximos cinco d¨ªas y, en su caso, ser¨¢ el Tribunal Supremo el que retome el caso, aunque ninguna de las acusaciones ha anunciado recurso a¨²n.

Doce d¨ªas despu¨¦s de aquella intervenci¨®n policial de 2015, Mar¨ªa del Mar Villafranca dimiti¨® de su cargo tras ser acusada en firme por la fiscal¨ªa. Ahora, tras conocer la sentencia, la exdirectora ha explicado a EL PA?S que ¡°despu¨¦s de esperar m¨¢s de siete a?os y medio al final se ha hecho justicia¡±. ¡°El da?o moral es irreparable para m¨ª y mi familia, pero se ha podido finalmente demostrar que ni hubo fraude, ni prevaricaci¨®n, ni malversaci¨®n, ni tampoco se perjudic¨® al Patronato de la Alhambra y el Generalife. A lo largo de mis once a?os de gesti¨®n al frente del Patronato de la Alhambra y Generalife siempre actu¨¦ teniendo muy presente mi compromiso con la instituci¨®n y eso incluye el inter¨¦s general y el respaldo de los informes jur¨ªdicos y de la intervenci¨®n en las actuaciones administrativas que firm¨¦. Esta sentencia lo deja meridianamente claro. Aunque muy tarde ha prevalecido la verdad¡±, ha lamentado. La exresponsable de la Alhambra ha anunciado una convocatoria a los medios de comunicaci¨®n para hablar m¨¢s extensamente sobre lo ocurrido.

El juicio del llamado caso audiogu¨ªas ha sentado en el banquillo y absuelto tambi¨¦n a Victoria Chamorro, ex secretaria general del monumento, Jos¨¦ Mar¨ªa Visedo, que fue jefe de Econom¨ªa y Contabilidad, y a Alejandro L¨®pez, directivo de la empresa que llevaba en aquel momento el servicio de audiogu¨ªas en el recinto nazar¨ª. Aquellos dos delitos iniciales de 2015 pasaron a seis en el juicio reci¨¦n celebrado, seg¨²n la valoraci¨®n de las distintas acusaciones, ejercidas por la Fiscal¨ªa, la Junta de Andaluc¨ªa y el propio Ayuntamiento de Granada. La Fiscal¨ªa, por ejemplo, ped¨ªa cinco a?os de prisi¨®n para los gestores de la Alhambra por malversaci¨®n de caudales, adem¨¢s de otras penas de inhabilitaci¨®n. La misma pena y un mill¨®n de euros de multa solicitaba para el responsable de la empresa. Mayor era la petici¨®n de la Junta andaluza, que alcanzaba los 10 a?os de c¨¢rcel por dos delitos para la exdirectora y la ex secretaria general. Adem¨¢s de los delitos de malversaci¨®n de caudales, en los distintos escritos de acusaci¨®n aparec¨ªan tambi¨¦n prevaricaci¨®n administrativa, blanqueo de capitales, fraude en contrataci¨®n, falsedad en documento p¨²blico o apropiaci¨®n indebida. Ninguno ha sido probado.

La sentencia, de hecho, no deja lugar a dudas de que nada de lo que acusaban la Polic¨ªa ¡ªque emiti¨® un informe cifrando en cinco millones el fraude presuntamente cometido por los gestores del monumento¡ª, la Fiscal¨ªa, la Junta o el Ayuntamiento de la ciudad es cierto. La primera enmienda de la Audiencia se refiere a la participaci¨®n del Ayuntamiento en el juicio, lo que nunca debi¨® ocurrir porque, dice, no era parte implicada ni perjudicada. Es interesante recordar el contexto en el que ocurri¨® esta denuncia, en un momento en el que el Ayuntamiento de la ciudad estaba en manos del PP y Villafranca era una militante relevante en el PSOE, de cuya ejecutiva nacional hab¨ªa formado parte. Con el PP en el Gobierno nacional y local, y el PSOE en la Junta de Andaluc¨ªa en aquel momento, la relaci¨®n de los mun¨ªcipes con la directora de la Alhambra era especialmente tormentosa desde hac¨ªa a?os. La raz¨®n estaba en los diferentes proyectos que desde el Ayuntamiento se lanzaban p¨²blicamente, siempre sabiendo que chocar¨ªa con los deseos de los directivos del recinto nazar¨ª, y las discusiones pol¨ªticas que finalmente surg¨ªan de estas diferencias. Todo, siempre en p¨²blico y en tono de desaf¨ªo municipal al monumento. Detr¨¢s de eso se escond¨ªa, adem¨¢s, la queja de los populares de que era ¡°la Junta y Sevilla¡± las que gobernaban la Alhambra. El alcalde era entonces Jos¨¦ Torres Hurtado, que dimiti¨® meses despu¨¦s tras ser detenido por presuntos delitos de los que algunos a¨²n hoy siguen en los tribunales. Aquel tono de confrontaci¨®n acab¨® con Villafranca ante la Polic¨ªa y fuera del cargo. En la primera sesi¨®n del juicio, hace un par de meses, la exdirectora afirm¨® haberse sentido ¡°perseguida¡±.

El caso de las audiogu¨ªas comenz¨® tras la denuncia de un trabajador de la empresa de audiogu¨ªas y atenci¨®n al p¨²blico por un delito tributario. Hacienda revis¨® la documentaci¨®n entre la Alhambra y Stendhal Museum Solutions S. L., la mercantil adjudicataria, y la entreg¨® a la Fiscal¨ªa, que interpuso la denuncia. Un resumen de los 96 folios muestra que Stendhal prestaba servicios de atenci¨®n al p¨²blico desde 2005 y en 2007 consigui¨® el servicio de alquiler de audiogu¨ªas por cuatro a?os, por los que pagar¨ªa un canon fijo anual de 77.000 euros (121.000 en caso de superar una cifra de audiogu¨ªas alquiladas) m¨¢s una cantidad variable. A partir de ah¨ª se mezclan varias situaciones en las denuncias y acusaciones.

Por un lado, la empresa apel¨® a dificultades econ¨®micas para no abonar sus obligaciones en los primeros a?os. Esa es la raz¨®n que da pie al caso policial y judicial, al considerar la Polic¨ªa y luego las acusaciones que la Alhambra no hizo lo que deb¨ªa para intentar cobrar ese dinero y, por tanto, eso supuso un menoscabo para las arcas p¨²blicas. La acusaci¨®n habla de ¡°falta de control e inacci¨®n de los dirigentes en la supervisi¨®n del contrato y el pago de cantidades¡±, en una deuda que lleg¨® a los 600.00 euros. La sentencia, por su parte, deja claro que los directivos s¨ª actuaron para cambiar la situaci¨®n y cobrar porque, dice, ¡°hubo requerimientos suficientes¡±.

Por otro lado, adem¨¢s, hab¨ªa dos contratos con movimiento de dinero en sentido contrario. En el de atenci¨®n al p¨²blico, la Alhambra pagaba a la empresa, mientras que en el de las audiogu¨ªas era al contrario. Ante la falta de pago del canon de este contrato, los administradores comenzaron un proceso de compensaci¨®n. Es decir, dejaron de pagar lo que deb¨ªan a la mercantil para minorar la deuda hasta compensarla. ¡°Se compens¨® y finalmente se pag¨® todo¡±, confirma un peritaje solicitado en el juicio y tambi¨¦n la sentencia, que explica que ¡°la gerencia inform¨® de las deudas y del plan de pagos al pleno del patronato¡±, del que formaban parte el alcalde y algunos concejales del Ayuntamiento de Granada.

Las acusaciones tambi¨¦n apuntaban a presuntas irregularidades en el modo de llevar adelante los contratos, que, en algunos casos, debieron ser prorrogados de urgencia. Tambi¨¦n en este caso los tres miembros del tribunal dan por v¨¢lida la gesti¨®n de los implicados. La ¨²nica objeci¨®n de la sentencia es hacia el modo en el que la empresa Stendhal Museum Solutions S. L. llevaba su contabilidad, ¡°no fiable¡±, dice en alg¨²n momento. Esto es relevante de cara a la contabilidad de audiogu¨ªas alquiladas porque de eso depend¨ªa el canon a pagar a la Alhambra. La peritaci¨®n externa, finalmente, tampoco ha detectado ninguna irregularidad. En definitiva, la Audiencia pone fin a un caso que ha durado ocho a?os, reconociendo que no hubo trato de favor de la Alhambra hacia la empresa y que los gestores no tomaron ninguna decisi¨®n arbitraria contra la ley.