El juez que investiga por delito ambiental a la Casa de Alba excluye a Eugenia Mart¨ªnez de Irujo

El juez Pablo Arag¨®n, que investiga a la Casa de Alba por extracciones ilegales de agua en su finca Alj¨®bar junto a Do?ana, ha excluido de su investigaci¨®n a Eugenia Mart¨ªnez de Irujo, duquesa de Montoro, por carecer de v¨ªnculos con la empresa de la familia terrateniente que explota dichas tierras. El magistrado, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucci¨®n de Sanl¨²car la Mayor (Sevilla), ha citado en su lugar a su sobrino, Luis Mart¨ªnez de Irujo, duque de Aliaga, que regenta la finca y declarar¨¢ como investigado por un delito contra el medio ambiente el pr¨®ximo 20 de febrero.

La duquesa de Montoro llevaba imputada en el procedimiento judicial un a?o por figurar como presidenta de Eurot¨¦cnica Agraria, un cargo rotatorio en la familia. Hace un a?o ya aclar¨® que la finca no era de su propiedad ni ten¨ªa v¨ªnculos con ella, pero hasta ahora el juez no ha atendido la petici¨®n de la familia para que declare como investigado su sobrino Luis Mart¨ªnez de Irujo, gerente de la finca y consejero de la empresa.

El magistrado ordena en su auto del pasado viernes al Seprona de la Guardia Civil que precinte de nuevo los ochos pozos supuestamente ilegales con los que la Casa de Alba ha regado sus naranjos durante una d¨¦cada, hasta que tras la denuncia de varios extrabajadores, la Fiscal¨ªa present¨® una querella en el oto?o de 2023. Dado que la gerencia de la finca ignor¨® los precintos hace meses y sigui¨® con los riegos hasta que la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir se lo impidi¨®, ahora el juez aclara que no podr¨¢ hacerlo: ¡°Queda apercibida la parte investigada de la posible comisi¨®n de un delito de desobediencia a la autoridad judicial en caso de quebrantar ese precinto o continuar con el uso de esos pozos no autorizados¡±, reza el auto.

A principios de a?o la Guardia Civil cifr¨® el da?o ecol¨®gico causado por la extracci¨®n de agua supuestamente ilegal en seis millones de euros en un informe que entreg¨® a la Fiscal¨ªa de Medio Ambiente y al juez. Los agentes acusaron a la familia terrateniente de una ¡°extracci¨®n il¨ªcita¡± de al menos 3,8 millones de metros c¨²bicos de agua. Es decir, 3.807 millones de litros. El atestado policial subrayaba el mal estado del acu¨ªfero que han da?ado las extracciones de la finca Alj¨®bar, y por eso ahora el magistrado toma nota: ¡°Existen indicios de da?o sustancial al medio ambiente con esas captaciones de agua no autorizadas, con impacto colateral en el Parque Nacional de Do?ana y, en consecuencia, a su avifauna (¡­) un deterior en la calidad de sus aguas al movilizar aguas del subsuelo¡±.

El pasado oto?o, a pesar de que la Guardia Civil certific¨® que la finca estaba regando sus naranjos sin permiso y pese a que los pozos hab¨ªan sido precintados, el magistrado Arag¨®n declin¨® cerrar los ocho pozos y pas¨® la patata caliente a la Confederaci¨®n, que finalmente ejecut¨® el cierre el pasado noviembre tras la inacci¨®n del juez. Ahora el magistrado ha reaccionado tras constatar la Guardia Civil la presunta existencia de un delito ecol¨®gico por una extracci¨®n ilegal de agua que ha producido una cosecha de 53 millones de kilos de naranjas en la ¨²ltima d¨¦cada hasta 2021, seg¨²n la contabilidad interna de Eurot¨¦cnica Agraria.