Las muertes en residencias y la mercantilizaci¨®n de los cuidados

Un aspecto trascendente de la pandemia actual es que permite ver procesos sociales antes velados u ocultos. La covid-19 nos ayuda a mirar la fragilidad de la vida y la vulnerabilidad humana mostr¨¢ndonos el enorme caudal de trabajo y solidaridad desarrollado por tantas personas hasta ahora invisibles. Apreciamos la incansable dignidad de quienes trabajan en la construcci¨®n, el turismo y los servicios, o de trabajos feminizados como limpiadoras, camareras de piso, cajeras y trabajadoras de cuidados, ahora vistas como esenciales, cuando antes fueron sistem¨¢ticamente menospreciadas. Nos hacemos conscientes del encomiable compromiso y riesgo de miles de trabajadores sociales y sanitarios, ahora llamados h¨¦roes/hero¨ªnas, pero antes infravalorados y precarizados. Y vemos que es una pandemia de desigualdad que, sobre todo, afecta a los barrios y poblaci¨®n humilde, y a grupos vulnerables como enfermos, mayores, y personas con diversidad funcional, en centros penitenciarios y residencias.

Recientemente, el director de la Oficina Regional de la OMS para Europa ha se?alado una desigualdad tr¨¢gica: la mitad de los europeos fallecidos resid¨ªan en residencias. Aunque a¨²n no disponemos de an¨¢lisis definitivos, los datos disponibles en Espa?a muestran una situaci¨®n a¨²n peor: tres de cada cinco muertes ocurrieron en residencias. Si bien algunos han se?alado que el problema radica en la concentraci¨®n de personas ancianas y vulnerables, muchas residencias no tienen fallecidos, por lo que precisamos de mejores explicaciones. La pandemia nos permite examinar un modelo de cuidados, implantado durante a?os, caracterizado por la infrafinanciaci¨®n p¨²blica y un modelo de atenci¨®n a la dependencia mercantilizado y precarizado. En 2006 se aprob¨® la Ley de Dependencia, pero la crisis econ¨®mica posterior y la elecci¨®n de pol¨ªticas austericidas recort¨® el gasto en residencias p¨²blicas, increment¨® el d¨¦ficit de plazas, redujo el papel de entidades sin ¨¢nimo de lucro, y externaliz¨® servicios (a menudo sin concurso p¨²blico, con redes clientelares/familiares y corrupci¨®n) a grandes empresas, aseguradoras y fondos especulativos que, como revelan los paradigm¨¢ticos casos de Madrid y Catalu?a, vieron en la atenci¨®n a las personas mayores un mercado rentable para hacer negocio. ?C¨®mo lo hicieron? Recortando personal, ahorrando en material b¨¢sico y mantenimiento, reduciendo la calidad de servicios y degradando la atenci¨®n y condiciones higi¨¦nicas y alimentaci¨®n de las personas ancianas. Actualmente, tres de cada cuatro de los casi 5.500 centros existentes son privados o concertados y m¨¢s del 40% de su facturaci¨®n anual (cerca de 5.000 millones de euros) es sufragada p¨²blicamente. Se parasita al sector p¨²blico, se gestiona privadamente y se act¨²a sin control democr¨¢tico. Sin los medios adecuados para detectar, prevenir y cuidar, el contagio se ha expandido a trabajadoras y residentes multiplicando el riesgo de morir, que el gobierno trata ahora de paliar con recursos y desinfectando espacios.

A finales de 2019, la Marea de Residencias promulg¨® una categ¨®rica advertencia: ma?ana puedes ser t¨². Olvidados en las residencias, descartados para ir a hospitales y relegados en las UCI, los mayores han sido abandonados a su suerte. Esta pandemia revela que debemos exigir responsabilidades a un modelo socialmente ineficiente, corrupto e inhumano. Cuidar ancianos es compartir vida; un trabajo hermoso, digno y esencial que debe ser un bien com¨²n no mercantilizado. Desplegar un modelo p¨²blico universal de atenci¨®n a la dependencia, integral y de calidad, bien financiado, gestionado e integrado en la atenci¨®n sociosanitaria p¨²blica, es un derecho de toda la poblaci¨®n que no puede esperar.