Hay que decir basta

Pensar en el futuro despu¨¦s del coronavirus produce v¨¦rtigo. La sociedad que emerge tras la pandemia tendr¨¢ m¨¢s precariedad, m¨¢s pobreza y m¨¢s desigualdad social. Si se cumplen los pron¨®sticos del Banco de Espa?a, el PIB caer¨¢ este a?o entre un 7 y un 11%, lo cual supone un batacazo de grandes dimensiones. Entre enero y marzo, el PIB ya se ha hundido un 5,2%. De la experiencia de la crisis anterior hemos aprendido que entre 2007 y 2017 los ingresos del 1% m¨¢s rico crecieron un 24%, mientras que para el 90% no llegaron al 2%, seg¨²n el reciente y demoledor informe sobre Espa?a de Philip Alston, relator de Naciones Unidas y experto en derechos humanos y pobreza. Hay que preparar el futuro con firmeza, luchando contra el desarme del Estado del Bienestar. Un editorial del nada sospechoso Financial Times afirmaba hace unos d¨ªas que ¡°pol¨ªticas hasta ahora consideradas exc¨¦ntricas, como la renta b¨¢sica o la imposici¨®n sobre la riqueza, deben empezar a tenerse en cuenta¡±.

En Catalu?a, casi 500.000 personas padecen extrema pobreza y vulnerabilidad, seg¨²n el Idescat

Ha llegado la hora de exigir que la pol¨ªtica embride a la econom¨ªa. Y que la ciudadan¨ªa esgrima y defienda sin complejos sus derechos. En Catalu?a, casi 500.000 personas padecen extrema pobreza y vulnerabilidad, seg¨²n el Idescat. La tasa de privaci¨®n material severa ha pasado del 5% de 2017 al 6,5% en 2018, seg¨²n datos de la Generalitat. Y, a pesar de ello, se ha aprobado tramitar unos presupuestos ¡ªcon los votos de Junts per Catalunya y Esquerra m¨¢s la abstenci¨®n de los comunes¡ª que reh¨²yen actualizar el Indicador de la Renta de Suficiencia (IRSC), baremo congelado desde 2010 del cual parten los c¨¢lculos de prestaciones. El Gobierno catal¨¢n ha presupuestado 380 millones de euros para la Renta Garantizada de Ciudadan¨ªa (RGC), lo que viene a suponer un 0,9% del presupuesto de 2020, cifra que en el Pa¨ªs Vasco ronda los 500 millones y el 4,3% de sus cuentas auton¨®micas. Confrontando datos, en Euskadi ¡ªcon algo m¨¢s de dos millones de habitantes¡ª hay 136.567 beneficiarios de la Renta de Garant¨ªa de Ingresos (RGI), contra 113.832 (en puridad solo 64.000 perciben la RGC ¨ªntegra) en la Catalu?a de 7,5 millones de futuros que tienen un negro presente. En ambas comunidades, esta prestaci¨®n es un derecho subjetivo; es decir, debe ser pagado a todo el mundo que acredite las condiciones de acceso.

Pero hay m¨¢s. En las primeras semanas de la crisis y ante el cierre de oficinas del Servei d¡¯Ocupaci¨® de Catalunya (SOC), la Generalitat quiso derivar a todos los peticionarios de la RGC a los servicios sociales de cada municipio, en un intento de sacarse de encima el engorro de un derecho subjetivo. Luego habilit¨® para las nuevas solicitudes una v¨ªa telem¨¢tica a la que, por cierto, muy pocos de los candidatos a la RGC tienen acceso.

El Govern destina un 0,9% del presupuesto a la Renta Garantizada de Ciudadan¨ªa, por un 4,3% en el Pa¨ªs Vasco

Paralelamente, el Ejecutivo de Quim Torra ha cerrado con la patronal de los hospitales privados el primer pacto a nivel espa?ol por el que se compromete a pagar 43.400 euros por cada infectado de coronavirus que haya pasado por sus UCI. La premura del acuerdo y la cifra contrastan con el hecho de que Catalu?a es, junto con Madrid la comunidad aut¨®noma que menos invierte en sanidad por ciudadano.

En Espa?a, donde 2,8 millones de personas ingresan menos de 4.500 euros al a?o, Unidas Podemos ha renunciado en aras al Gobierno de coalici¨®n a su objetivo primigenio de crear una Renta B¨¢sica Universal (RBU). La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) se?alaba en su informe Los Programas de Rentas M¨ªnimas en Espa?a un modelo ¡ªlejos de la RBU¡ª en el que una prestaci¨®n no tan ambiciosa supondr¨ªa un gasto de entre 5.500 y los 9.000 millones. Los impulsores de la Renta B¨¢sica Universal ¡ªcon el objetivo de situarla m¨¢s all¨¢ de ser la muleta de la pobreza¡ª estiman su coste en 34.000 millones, un 2,8% del PIB espa?ol. Seg¨²n c¨¢lculos del economista Jordi Arcarons, si se grava un 10% al 10% m¨¢s rico ya salen 84.000 millones, sin necesidad de rascar en los para¨ªsos fiscales, recuerda Ariadna Trillas en el ¨²ltimo Alternativas Econ¨®micas.

Sea como fuere, no se puede seguir escondiendo la precariedad ni la pobreza. Hace unos d¨ªas, en el digital Vilaweb, Enric Canet, responsable del Casal dels Infants del Raval, aseguraba que las entidades sociales se han de plantar y decir basta. ¡°En 2010, la Generalitat nos par¨® todas las subvenciones para proyectos de inserci¨®n laboral. Y se lo toleramos. Nos dijeron que no hab¨ªa dinero, que eran tiempos de austeridad¡±. ¡°Fuimos incapaces de decir: esto no se puede admitir¡±, agregaba Canet. La crisis del coronavirus hace abrir los ojos a una dur¨ªsima realidad. Ha llegado el momento de decir basta.