El fichaje de Montilla por Enag¨¢s reabre el debate sobre el papel de los ¡®expresidents¡¯

El fichaje del expresidente catal¨¢n Jos¨¦ Montilla por Enag¨¢s ha reabierto el viejo debate sobre la figura de los expresidents y la continuidad de las prerrogativas a las que tienen derecho por haber liderado la Generalitat. Salvo los socialistas, todo el Parlament quiere que Montilla se explique. El jefe de filas del PSC, Miquel Iceta, ve correcto que su compa?ero de partido mantenga la oficina de expresident (que se sufraga con dinero p¨²blico) mientras es consejero de la cotizada.

¡°Me parece razonable que utilice la oficina¡±, defendi¨® ayer Iceta en una entrevista en TV3, en la que neg¨® que el caso de Montilla pueda calificarse de ¡°puertas giratorias¡±. El expresident dej¨® el Govern hace 10 a?os y fue ministro de Industria hace 14. Iceta es contrario a reformar la ley que regula los beneficios que tienen los expresidentes, algo que s¨ª quieren los comunes.

Esta norma, de 2006, establece la existencia de la oficina de cada expresident (con tres asesores, ch¨®fer, seguridad e infraestructura), una asignaci¨®n mensual por el tiempo equivalente al que estuvo en el cargo y la pensi¨®n vitalicia (61.000 euros, el 40% del sueldo del president actual). Todo ello depende del Departamento de Presidencia y las cuentas se auditan cada a?o. La ley aclara que las ayudas econ¨®micas son incompatibles con un cargo remunerado, pero no ocurre lo mismo con la oficina. ¡°Nunca he utilizado ni utilizar¨¦ medios y espacios p¨²blicos para actividades privadas¡±, dijo Montilla en Twitter.

Reformar la ley

Todos los grupos en el Parlament censuran el fichaje del tambi¨¦n exsenador. En 2018, los ¨²ltimos datos disponibles, Montilla recibi¨® 47.922 euros para su oficina. Actualmente percibe la pensi¨®n vitalicia, pues tiene 65 a?os. Ciudadanos pide directamente acabar con las prebendas que actualmente tienen cuatro de los cinco expresidentes de la Generalitat. Solo las oficinas implican 276.000 euros al a?o. Jordi Pujol renunci¨® a ellas tras reconocer su fraude fiscal. ¡°Se mezcla lo p¨²blico y lo privado¡±, critic¨® el portavoz de Junts per Catalunya, Eduard Pujol. Los comunes quieren extender la incompatibilidad de los beneficios con otros empleos a la existencia de la oficina de Montilla.

¡°La ley de incompatibilidades debe tener m¨¢s supuestos¡±, defiende Nacho Corredor, polit¨®logo de la Universidad Pompeu Fabra. Este analista cree que el caso de Montilla tiene matices, pues Enag¨¢s es una empresa en la que el mayor accionista es el Gobierno, a trav¨¦s de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (5% de las acciones) y administra una infraestructura estrat¨¦gica. ¡°Otra cosa es que estuviera con una empresa de otro pa¨ªs, con intereses encontrados¡±, a?ade Corredor.

Para Toni Aira, profesor de comunicaci¨®n pol¨ªtica en la UPF Barcelona School of Management, el problema tiene que ver tambi¨¦n con la ¨¦tica y la buena praxis. ¡°?C¨®mo se garantiza que no usar¨¢ la oficina para su trabajo? Es un terreno dif¨ªcil¡±, considera.

Tanto Corredor como Aira creen que, de fondo, est¨¢ el problema del rol de los expresidentes. ¡°Cada vez tenemos m¨¢s expresidentes, la ley no est¨¢ pensada para eso¡±, dice Aira. ¡°Si tenemos presidentes o ministros cada vez m¨¢s j¨®venes hay que pensar bien c¨®mo se puede asegurar que puedan hacer una carrera profesional¡±, dice Corredor. O m¨¢s viejos. En 2019, se hizo un cambio normativo para ¡°asegurar el derecho de los expresidentes a vivir dignamente en todas las etapas de la vida¡±, pensado para Pasqual Maragall, que sufre de alzh¨¦imer y su oficina no tendr¨ªa sentido.