El par¨®n judicial por el coronavirus deja un retraso de meses en los desahucios

El par¨®n de la justicia por el coronavirus ha dejado una acumulaci¨®n de desahucios pendientes. El n¨²mero de lanzamientos diarios en Barcelona no ha aumentado ¡ªoscilan entre los 25 y 30¡ª porque los funcionarios son los que son y la plantilla no aumenta. Pero s¨ª hay una acumulaci¨®n de casos que, junto a las medidas legales para proteger a las personas en situaci¨®n vulnerable, est¨¢ provocando ya un retraso de hasta tres meses en las ejecuciones por impago del alquiler o de la hipoteca. Los servicios sociales, coinciden las fuentes judiciales consultadas, est¨¢n desbordados y no ofrecen salidas a los afectados.

Cuando un juzgado admite la demanda de un propietario para echar a su inquilino por impago, lo comunica al SAC Civil, el servicio de funcionarios que acude a pie de calle a ejecutar los desahucios. Aunque trabajan para que una sentencia se cumpla, son los malos oficiales de la pel¨ªcula, escoltados a veces por la polic¨ªa. El SAC fija ya en ese momento una fecha para el lanzamiento, aunque luego pueda retrasarse por mil motivos. ¡°Hasta el coronavirus, en Barcelona el plazo pod¨ªa oscilar entre los tres y cuatro meses. Ahora nos hemos ido a los seis¡±, explica Roberto Garc¨ªa Ceniceros, magistrado del juzgado de primera instancia 30 de Barcelona.

Garc¨ªa Ceniceros cree que es pronto para saber si la crisis econ¨®mica por la pandemia disparar¨¢ el n¨²mero de desahucios. La presi¨®n en la calle va en aumento. Y la presencia puntual de los Mossos d¡¯Esquadra para echar a inquilinos ha recordado a los peores momentos de la Gran Recesi¨®n. Pero una cosa son las percepciones y otra, los datos. Y estos, por ahora, apenas se mueven. Lo que s¨ª ocurre es que, debido al par¨¦ntesis por el estado de alarma, ¡°los asuntos se acumulan¡± sobre la mesa de los juzgados.

El par¨®n fue casi total. Seg¨²n los datos que este viernes public¨® el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el n¨²mero total de lanzamientos cay¨® un 90,6% en el segundo trimestre, coincidiendo con la par¨¢lisis judicial. De los 1.383 que se practicaron en toda Espa?a en ese periodo, la mayor¨ªa (73%) corresponden al impago de alquileres y el resto, a ejecuciones hipotecarias.

El magistrado percibe ¡°un aumento de las peticiones para suspender los desahucios¡±. Una ley aprobada por el Gobierno en marzo permiti¨® a las personas vulnerables ¡ªlas que no tengan otro techo bajo el que cobijarse¡ª solicitar un aplazamiento de hasta seis meses. Esa circunstancia ha redundado ¡°en un retraso evidente en los lanzamientos; los propietarios van a tardar m¨¢s en recuperar sus casas en caso de impago¡±, a?ade la abogada Cristina Vallejo, diputada de la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Barcelona. Vallejo cree que a¨²n es pronto para ver todas las consecuencias y sostiene que hay casos resueltos ¡°mediante acuerdos entre las partes¡±.

Frente a los intereses de bancos o propietarios se sit¨²an los de los hipotecados o los inquilinos que no pueden afrontar los pagos. Garc¨ªa Ceniceros admite que los jueces no tienen demasiado margen de maniobra, pero cree que ¡°se han mejorado las herramientas¡±; por ejemplo, la comunicaci¨®n con los servicios sociales, pese a que los juzgados no pueden contactar con ellos sin permiso expl¨ªcito del afectado por protecci¨®n de datos.

Eso provoca anomal¨ªas; por ejemplo, que se llegue a un desahucio sin que el ayuntamiento de turno tenga noticias de que hay personas en situaci¨®n de riesgo o con ni?os peque?os y sin tener ad¨®nde ir. ¡°En ese caso, y sobre todo cuando se trata de la primera orden, los funcionarios suelen paralizar el proceso. Pero ni aun as¨ª llegan las soluciones¡±, denuncia el juez. En Barcelona, m¨¢s de la mitad de ¨®rdenes de desahucio se suspenden, y son necesarias hasta tres o m¨¢s visitas del SAC ¡ªen ¨²ltima instancia, con polic¨ªa¡ª para que se ejecute realmente. ¡°Una sentencia que no se cumple es papel mojado¡±, dice el juez.

Servicios ¡°desbordados¡±

La clave del asunto, insiste, es que los servicios sociales est¨¢n ¡°desbordados¡± y rara vez pueden ofrecer una alternativa de vivienda, ¡°ya no en tres meses, sino en un a?o¡±. ¡°La gente pide que paremos el desahucio, busca en el juzgado un amparo que nosotros no podemos dar¡±, a?ade. Desde el punto de vista de los due?os de los pisos, la abogada Vallejo lamenta tambi¨¦n la falta de medios: ¡°Se traslada la carga de la ausencia de ayuda p¨²blica a los propietarios¡±.

El mayor ¡°cliente¡±, bromea el juez, de los juzgados civiles en esta materia es el Incas¨°l, el organismo p¨²blico que gestiona la vivienda p¨²blica de la Generalitat. Incas¨°l pide liberar pisos sociales que tiene ocupados de manera ilegal y que deber¨ªan servir, por ejemplo, para albergar a quienes no pueden pagar la renta.