Promesas, hechos y desobediencias

En los ¨²ltimos a?os, la deriva del proc¨¦s ha llevado a los sucesivos gobiernos independentistas a aceptar propuestas de movimientos sociales. Ante la crisis generalizada y sus manifestaciones m¨¢s lacerantes ¡ªpobreza energ¨¦tica, precariedad laboral, paro y desahucios¡ª, las formaciones soberanistas de derecha e izquierda han situado la independencia como el estadio definitivo de resoluci¨®n de contradicciones, pues con ella la ciudadan¨ªa catalana se desprend¨ªa de la mala administraci¨®n espa?ola y de la losa del d¨¦ficit fiscal.

El proyecto era tentador, ya que las inclemencias de la crisis calaban hondo en una sociedad muy castigada. A los recortes austericidas de los gobiernos de Artur Mas ¡ªque hac¨ªa con desafiante entusiasmo, aunque ahora diga lo contrario¡ª le sigui¨® por parte del independentismo hegem¨®nico una gran preocupaci¨®n por la situaci¨®n social. El proc¨¦s ha sido para la derecha independentista lo que la Rerum Novarum para la Iglesia. La digesti¨®n est¨¢ resultando demasiado lenta y los resultados, decepcionantes.

La aplicaci¨®n de la ley de pobreza energ¨¦tica y de la renta m¨ªnima garantizada ha sido cicatera

En 2015 se aprob¨® la ley procedente de una iniciativa legislativa popular para afrontar la emergencia en el ¨¢mbito de la vivienda y la pobreza energ¨¦tica, la c¨¦lebre ley 24/2015. El Gobierno de Rajoy la recurri¨® al Constitucional, pero los preceptos relativos a la pobreza energ¨¦tica no fueron impugnados. Un informe de vulnerabilidad de los servicios sociales ha bastado siempre para evitar el corte de los suministros b¨¢sicos. Otra cosa es qui¨¦n paga la deuda acumulada.

El esp¨ªritu de la ley ha chocado recientemente con la sentencia de Dolors, de Lleida, quien a pesar de contar con el preceptivo informe de vulnerabilidad ha visto c¨®mo la justicia la obligaba a pagar en 20 d¨ªas los 5.357,88 euros adeudados a Endesa y acumulados en varios a?os. La resoluci¨®n de un juzgado de Lleida asegura que si las administraciones hubieran suscrito el convenio para acordar c¨®mo hacer frente a este tipo de deudas con las el¨¦ctricas (como marca la ley) esta situaci¨®n no se plantear¨ªa. La Alianza contra la Pobreza Energ¨¦tica asegura que para Endesa, que el primer trimestre de 2020 obtuvo unos beneficios netos de 844 millones, se trata de mantener el pulso con las administraciones y singularmente con una Generalitat que no ha podido o no ha sabido cerrar los convenios con las el¨¦ctricas a pesar que desde julio pasado cuenta con el respaldo de entidades sociales, administraciones municipales y diputaciones para hacerlo.

La proclamaci¨®n de intenciones contrasta, pues, con una pr¨¢ctica que emplea instrumentalmente las reivindicaciones sociales. El flamante consejero de Interior Miquel S¨¤mper defend¨ªa el pasado mi¨¦rcoles en sede parlamentaria la actuaci¨®n contundente de mossos antidisturbios en los desahucios arguyendo que se cumplen ¨®rdenes judiciales. S¨¤mper atac¨® a los ayuntamientos que se oponen a los lanzamientos sin ofrecer vivienda a los afectados, seg¨²n dijo. La mesa de emergencia habitacional de Barcelona, sin embargo, est¨¢ compuesta por la Generalitat (60%) y el Ayuntamiento (40%). El municipio, no obstante, asume el realojo del 80% de los casos. Puestos a desobedecer, como propugna el partido del consejero de Interior (Junts per Catalunya), no estar¨ªa de m¨¢s que esa ¡°complicidad¡± que postula Puigdemont para los Mossos respecto a las protestas independentistas se extendiera, en equitativo ecumenismo, a otros ¨¢mbitos mucho m¨¢s prosaicos.

La proclamaci¨®n de intenciones contrasta con una pr¨¢ctica que instrumentaliza las reivindicaciones sociales

Otro tanto de lo sucedido con la pobreza energ¨¦tica ha acabado ocurriendo con la Renta Garantizada de Ciudadan¨ªa (RGC). Los promotores de esta iniciativa legislativa popular ¡ªconvertida en ley en 2017¡ª han presentado dos recursos al Tribunal Superior de Catalu?a: contra el decreto de reglamento hecho por del Departamento de Trabajo y por no facilitar los criterios de denegaci¨®n de la prestaci¨®n. Si la concesi¨®n de la RGC ya ha resultado cicatera, su desarrollo amenaza con consagrar la racaner¨ªa. Las 134.500 personas que actualmente reciben la prestaci¨®n o un complemento de ella suponen un 30% de la poblaci¨®n en pobreza severa, en total 438.000 ciudadanos.

La pandemia ha venido a poner la guinda y el futuro no resulta nada alentador. Los datos recientes del informe Vulneraci¨®n de derechos: trabajo decente (2020) presentado hace unos d¨ªas por FOESSA y C¨¢ritas se?alan que 906.500 personas en Catalu?a viven en hogares en los que el sustentador principal est¨¢ sujeto a inestabilidad laboral grave, es decir, o es un parado (al menos por un periodo de tres meses) o trabaja sin contrato ni prestaciones a la Seguridad Social. La mitad de las familias en esta situaci¨®n no disponen de dinero para hacer frente a gastos imprevistos y casi el 24% afirman haber sufrido amenazas de cortes de suministros b¨¢sicos en su vivienda.

La situaci¨®n reclama urgentemente ponerse manos a la obra. Catalu?a cuenta con una legislaci¨®n socialmente m¨¢s proteccionista que la de otras comunidades. Se trata de pasar del papel a los hechos.