La justicia obliga a un m¨ªnimo del 25% de ense?anza en castellano en Catalu?a
Una sentencia del Tribunal Superior catal¨¢n considera ¡°residual¡± el uso que se hace ahora de esta lengua
El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a estableci¨® este jueves por primera vez la obligaci¨®n de impartir al menos el 25% de las clases en castellano en todo el sistema educativo. La sentencia podr¨ªa comportar un vuelco en el modelo de inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica que se aplica en Catalu?a, pero presumiblemente esto no ocurrir¨¢ por la intenci¨®n de la Generalitat de acogerse a la Ley Org¨¢nica de Modificaci¨®n de la LOE (Lomloe), conocida como ley Cela¨¢, que entrar¨¢ en vigor dentro de pocas semanas, y que deja de considerar al castellano como lengua vehicular en las comunidades con un segundo idioma oficial.
Con todo, el fallo judicial reabri¨® el debate pol¨ªtico entre los defensores del actual modelo y los que reclaman su derogaci¨®n inmediata, a partir de una frase en la que se asegura: ¡°En conjunto, el uso vehicular de la lengua castellana en el sistema de ense?anza en Catalu?a es residual, o al menos as¨ª es en una parte significativa de centros y grupos docentes, de forma que se constata una infracci¨®n del marco jur¨ªdico vigente¡±. La Generalitat anunci¨® que recurrir¨¢ ante el Tribunal Supremo, mientras que el l¨ªder del PP, Pablo Casado, reclam¨® al presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, que paralice la aplicaci¨®n de la ley Cela¨¢.
El recurso que ha motivado la sentencia lo present¨® en abril de 2015 la Abogac¨ªa del Estado en representaci¨®n del Ministerio de Educaci¨®n, Cultura y Deportes que dirig¨ªa Jos¨¦ Ignacio Wert, quien en 2013 impuls¨® la Ley Org¨¢nica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). La demanda invocaba la ¡°inactividad¡± de la Generalitat catalana en aplicar la disposici¨®n adicional 38.4 de la Ley Org¨¢nica de Educaci¨®n (LOE), que data de 2006 y que establece el ¡°derecho de los alumnos y alumnas a recibir las ense?anzas en ambas lenguas oficiales¡± en las comunidades aut¨®nomas que posean otra, adem¨¢s del castellano.
El ministerio no reclamaba ning¨²n porcentaje concreto en el uso de ambos idiomas, sino que son los jueces los que han establecido el uso vehicular m¨ªnimo del 25% de horas lectivas del castellano que, adem¨¢s de la ense?anza de la propia lengua oficial, ¡°ha de incluir ¨ªntegramente al menos el de otra ¨¢rea, materia o asignatura no ling¨¹¨ªstica curricular de car¨¢cter troncal o an¨¢logo¡±.
Esta proporci¨®n, dice la sentencia, que tambi¨¦n cita la Constituci¨®n, se establece a partir de los casos individuales planteados hasta ahora en la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal catal¨¢n, as¨ª como del Tribunal Supremo. El 25%, a?aden los jueces, es el ¡°m¨ªnimo por debajo del cual no se puede entender que el uso vehicular de la lengua alcanza la condici¨®n de normal dentro del sistema¡±.
El Superior de Catalu?a admite sin reparos que su funci¨®n no es entrar en la concreci¨®n de c¨®mo ha de garantizarse el uso de ambas lenguas, pero s¨ª precisa que le corresponde ¡°enderezar la actual situaci¨®n contraria al ordenamiento¡±. El motivo, a?aden, es que ¡°la Generalitat no ha ejercido su competencia dictando la normativa, las instrucciones o los actos de aplicaci¨®n que sean necesarios a los efectos de determinar el uso vehicular de las lenguas en la ense?anza, ni ha ejercido una actividad susceptible de evitar la citada situaci¨®n¡±.
El vicepresidente de la Generalitat en funciones de presidente, Pere Aragon¨¨s, asegur¨® que ¡°en Catalu?a hay un amplio consenso a favor de la inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica porque pedag¨®gicamente es el mejor sistema¡±, y a?adi¨®: ¡°Hace tiempo que se la quieren cargar a golpe de tribunales, pero la defenderemos en todas partes como un solo pueblo¡±. La diputada del PSC en el Parlament Esther Niub¨® record¨® que ¡°la situaci¨®n legal puede ser diferente en cuesti¨®n de d¨ªas¡± con la ley Cela¨¢, y a?adi¨® que ¡°lo relevante es el pleno dominio de las lenguas oficiales al final de la educaci¨®n obligatoria, aplicando criterios de flexibilizaci¨®n y compensaci¨®n, tal como introduce por primera vez la Lomloe¡±.
Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se aline¨® con la Generalitat. ¡°Desde Barcelona siempre hemos defendido el modelo de inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica para garantizar el biling¨¹ismo y que tan bien ha funcionado desde hace d¨¦cadas¡±. Sus palabras fueron suscritas por el ministro de Consumo, Alberto Garz¨®n, con quien compart¨ªa conferencia de prensa.
Muy distinto fue el planteamiento de Pablo Casado. ¡°Es Pedro S¨¢nchez, la ministra de Educaci¨®n y la Alta Inspecci¨®n los que tienen que velar porque la sentencia se cumpla de inmediato¡±, dijo el l¨ªder del PP. Carlos Carrizosa, candidato de Ciudadanos a la Generalitat, celebr¨® la sentencia y record¨® que, a diferencia de otras, esta tiene car¨¢cter general y no se centra exclusivamente en familias concretas que piden que sus hijos reciban ense?anza en castellano.
¡°El Estatut impide de forma taxativa la segregaci¨®n¡±
El mismo recurso del ministerio tambi¨¦n impugn¨® ante los tribunales tres resoluciones de la Generalitat sobre las normas de preinscripci¨®n en cursos escolares al considerar que se restring¨ªa la utilizaci¨®n del castellano en el primer curso de la ense?anza infantil, cuando se inicia el aprendizaje del alumno. El tribunal lo rechaza y dice que las resoluciones ¡°no pueden ser consideradas ilegales al no incorporar un sistema de opci¨®n de lengua vehicular¡± al inicio de la ense?anza, porque esa posibilidad no existe desde que se promulg¨® en 2009 de la Ley de Educaci¨®n de Catalu?a.
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