Barcelona impone a los promotores que hagan un 30% de pisos sociales

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, recurre con frecuencia a la expresi¨®n ¡°hoy es un d¨ªa hist¨®rico¡± cuando logra aprobar una medida de calado. Este mi¨¦rcoles lo repiti¨®. La modificaci¨®n urban¨ªstica aprobada por el consistorio barcelon¨¦s, que recibi¨® el visto bueno de la Generalitat, lo es, porque marca un antes y un despu¨¦s. Obliga a los promotores privados a que destinen un 30% de los pisos que construyan, en cualquier barrio, a vivienda asequible. ¡°Los que se dedican al negocio inmobiliario deben hacerlo desde la corresponsabilidad¡±, celebr¨® Colau sobre una medida que entrar¨¢ en vigor la pr¨®xima semana.

La aprobaci¨®n definitiva por parte de la Subcomisi¨®n de Urbanismo de la Generalitat llega tras la bronca de la semana pasada entre Colau y el consejero de Territorio, Dami¨¤ Calvet. El Ayuntamiento y el Govern, que durante meses ha puesto reparos a la modificaci¨®n urban¨ªstica, chocaron por una cuesti¨®n t¨¦cnica: si los promotores que compraron solares o edificios para rehabilitar durante el primer semestre de 2016 deb¨ªan ceder el 30% de las viviendas que construyeran o si se les exim¨ªa porque perder¨ªan dinero.

Calvet aseguraba que al texto de la modificaci¨®n le faltaba solidez jur¨ªdica. Colau le acus¨® de querer descafeinarla. La cuesti¨®n se ha resuelto con una f¨®rmula mixta. Los proyectos fruto de compraventas de ese periodo se estudiar¨¢n caso por caso y en funci¨®n de su viabilidad econ¨®mica se obligar¨¢ o no al promotor a ceder pisos. La Generalitat tambi¨¦n aprob¨® que el Ayuntamiento tenga derecho de compra preferente sobre estas viviendas: si los promotores quieren venderlas, la ciudad podr¨¢ incorporarlas al parque de alquiler.

La imposici¨®n del 30% supone para el gobierno de Barcelona en com¨² uno de los grandes logros de su mandato, junto a otras como el veto a la apertura de nuevos hoteles en el centro de la ciudad, el pacto para reurbanizar y abrir el entorno del Camp Nou, o que las obras de la Sagrada Familia paguen licencia.

En el caso del 30%, su aprobaci¨®n no se explica sin el empuje de las entidades que defienden el derecho a la vivienda, de las que en su pasado como activista proceden la alcaldesa y buena parte de sus colaboradores m¨¢s pr¨®ximos, como la Federaci¨®n de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Observatorio DESC o la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible (ABTS). ¡°Hemos vuelto a demostrar que se puede hacer posible lo imposible¡±, celebraron. Fueron estas entidades, m¨¢s el Sindicato de Inquilinos, quienes en un contexto de emergencia habitacional ¡ªcon siete desahucios al d¨ªa y vecinos que se marchan de Barcelona porque no pueden pagar sus pisos¡ª llevaron la modificaci¨®n al Ayuntamiento.

En febrero pasado exigieron a la administraci¨®n que exprimiera la legislaci¨®n vigente para aumentar el parque p¨²blico de vivienda. Y desempolvaron la Ley del Derecho a la Vivienda de 2007. Una ley del gobierno tripartito de la Generalitat que contempla obligar a los promotores a hacer vivienda asequible en la ciudad construida, pero que nadie hab¨ªa aplicado. La exigencia se convirti¨® en una moci¨®n que aprob¨® el pleno del Ayuntamiento con amplia mayor¨ªa. Y fue entonces cuando el gobierno municipal redact¨® la modificaci¨®n del Plan General Metropolitano. Se aprob¨® inicialmente en junio y definitivamente en septiembre con los votos de PDeCAT, ERC, PSC y la CUP. Pero la ¨²ltima palabra la ten¨ªa la Generalitat.

A petici¨®n de ERC y el PSC durante la tramitaci¨®n no se dict¨® una moratoria de licencias, como es habitual cuando en urbanismo se cambian las reglas del juego. Los promotores han aprovechado esta ventana para pedir licencias y esquivar la obligaci¨®n de hacer vivienda social. Solo con las solicitadas desde octubre la ciudad hubiera ganado 300 pisos sociales.