El Govern busca rebajar el tributo a las ¡®telecos¡¯ un a?o despu¨¦s de crearlo

A finales de abril del a?o pasado el Parlament aprob¨® un nuevo impuesto que afectaba a las empresas el¨¦ctricas y los operadores de telecomunicaciones. Menos de un a?o despu¨¦s el Govern trabaja en la modificaci¨®n de ese tributo que sac¨® adelante junto a En Com¨² Podem. La idea, confirman desde el Departamento de Econom¨ªa, es reducir la carga fisca...

A finales de abril del a?o pasado el Parlament aprob¨® un nuevo impuesto que afectaba a las empresas el¨¦ctricas y los operadores de telecomunicaciones. Menos de un a?o despu¨¦s el Govern trabaja en la modificaci¨®n de ese tributo que sac¨® adelante junto a En Com¨² Podem. La idea, confirman desde el Departamento de Econom¨ªa, es reducir la carga fiscal a las compa?¨ªas de telefon¨ªa y su industria auxiliar, de forma que no se desincentive inversi¨®n en zonas menos rentables.

El impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente ten¨ªa un objetivo: gravar el impacto de las compa?¨ªas el¨¦ctricas en el territorio en todo el proceso que va desde la producci¨®n hasta la distribuci¨®n de energ¨ªa, pero tambi¨¦n iba a computar para calcular la base liquidable la extensi¨®n de su red. Y las torres que la sustentan, que tambi¨¦n afectaba a los operadores de telecomunicaciones. Preve¨ªa la Generalitat ingresar por ese concepto 145 millones de euros, aunque en el primer a?o, 2020, el impacto ser¨ªa solo de 72 millones de euros, aunque finalmente los derechos liquidados se quedaron limitados a 52,5 millones.

La presi¨®n para evitar esa ley fue continuada por parte de los dos sectores implicados. Y, de hecho, ha continuado desde su aprobaci¨®n, sobre todo desde las grandes operadoras de telefon¨ªa. La pandemia y el trabajo en remoto se han convertido en el ¨²ltimo argumento esgrimido por estas. Consideran que sin el despliegue actual de red hubiera sido imposible aguantar el aumento de demanda desde los hogares para hacer teletrabajo, en muchas ocasiones desde espacios alejados de las grandes conurbaciones. As¨ª que lo defienden como modelo de sostenibilidad.

Y el Govern ha dado finalmente su brazo a torcer. Ha trasladado a los operadores de telecomunicaciones su intenci¨®n de modificar el nuevo tributo aprobado hace 11 meses en la Ley de Medidas Fiscales y Financieras. ¡°Desde Vicepresidencia estamos estudiando, juntamente con el Departamento de Pol¨ªticas Digitales, qu¨¦ medida fiscal aplicar en las zonas monta?osas y con menos densidad de poblaci¨®n para no desfavorecer la digitalizaci¨®n, que es una prioridad¡±, admite la portavoz de la consejer¨ªa que todav¨ªa dirige Pere Aragon¨¨s.

Aunque las compa?¨ªas de telecomunicaciones est¨¢n advertidas de que se est¨¢ cocinando la revisi¨®n del tributo, no saben c¨®mo culminar¨¢. La f¨®rmula previsiblemente ser¨¢ un decreto ley que deber¨¢ ser convalidado por el Parlament.

El recurso a la modificaci¨®n del IRPF

La base imponible se fija con el promedio de los tres ¨²ltimos ejercicios de la producci¨®n bruta media o la extensi¨®n en kil¨®metros y en torres de las redes fijas. As¨ª, por ejemplo, por cada kil¨®metro o torre de l¨ªnea el¨¦ctrica de tensi¨®n inferior a 400 kilovoltios se pagar¨¢n 700 euros. Por tensiones superiores, el gravamen alcanzaba los 1.200 euros. Los enclaves de telecomunicaciones, por su parte, tributar¨¢n 700 euros. En su momento desde el sector el¨¦ctrico se defendi¨® que se trataba de un impuesto inconstitucional y conminaron al Gobierno central a presentar, sin suerte, un recurso ante el Tribunal Constitucional para eliminarlo.

Este impuesto figuraba en la misma bater¨ªa de impuestos en la que se aprob¨® la modificaci¨®n de los tramos auton¨®micos del IRPF y que el Gobierno central s¨ª decidi¨® llevar al Constitucional este mismo mes. Aunque no est¨¢ suspendida, la f¨®rmula catalana para abaratar el impuesto de la renta a 205.000 contribuyentes se basaba en elevar el m¨ªnimo personal y familiar del contribuyente (de 5.550 a 6.105 euros) si las bases liquidables general y del ahorro superaban los 12.450 euros anuales. La Generalitat y el Gobierno de Espa?a tendr¨¢n que negociar si quieren echar atr¨¢s el recurso.