Absueltos los cinco ¡®s¨ªndicos electorales¡¯ del refer¨¦ndum del 1-O
El juez considera que no hay indicios de que desobedecieran las ¨®rdenes del Tribunal Constitucional
Un juzgado de lo penal de Barcelona ha absuelto a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral a quienes el Parlamento catal¨¢n nombr¨® para controlar la validez del refer¨¦ndum ilegal de independencia del 1-O. El juez ha exculpado a los cinco letrados y acad¨¦micos, que afrontaban una pena de dos a?os y nueve meses de c¨¢rcel por usurpaci¨®n de funciones y estaban acusados tambi¨¦n de un delito de desobediencia.
La sentencia llega apenas un mes despu¨¦s de que se celebrase el juicio en la Ciudad de la Justicia de Barcelona. En la vista, los acusados negaron haber desobedecido las ¨®rdenes del Tribunal Constitucional (TC) que suspend¨ªan las llamadas ¡°leyes de desconexi¨®n¡± con el argumento de que renunciaron al cargo d¨ªas antes del refer¨¦ndum. Los cinco renunciaron al cargo despu¨¦s de que el propio TC les impusiera multas diarias de 12.000 euros. La Sindicatura Electoral fue creada por la Generalitat a imagen y semejanza de la Junta Electoral Central.
La sentencia absuelve al catedr¨¢tico de Ciencia Pol¨ªtica de la Universitat de Barcelona (UB) Jordi Matas, que presidi¨® la sindicatura; a la profesora de Ciencia Pol¨ªtica en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) T¨¤nia Verge; al profesor de Derecho Administrativo en la UB Marc Marsal; al profesor de Derecho Constitucional de la Universitat Aut¨°noma de Barcelona (UAB) Josep Pag¨¨s y la abogada Marta Alsina.
El juez considera que ¡°no ha quedado acreditado¡± que llevaran a cabo sus tareas como s¨ªndicos electorales del 1-O. Tampoco est¨¢ probado, dice la sentencia, que adoptaran acuerdos despu¨¦s de recibir las notificaciones del TC. En el juicio, los acusados aseguraron que hab¨ªan mantenido una sola reuni¨®n y que, tras el pronunciamiento del tribunal, no hicieron nada m¨¢s.
La Fiscal¨ªa acusaba a los cinco s¨ªndicos electorales de desobediencia grave y usurpaci¨®n de funciones; por este delito solicitaba en 2018 -cuando present¨® su escrito- la pena de dos a?os y nueve meses de c¨¢rcel. El ministerio p¨²blico solicit¨® que, en caso de que no se atendiera esa condena, se les impusiera otra solo por desobediencia, que implica el pago de una multa y la inhabilitaci¨®n para ser nombrado por la administraci¨®n.
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