Gobierno irresponsable

Con tres meses de retraso, finalmente han sido vacunados los polic¨ªas nacionales y los guardias civiles que viven y trabajan en Catalu?a. No se hubiera hecho sin la resoluci¨®n del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, que fij¨® un plazo para que el departamento de Salud tratara a estos funcionarios p¨²blicos que dependen del gobierno central de la misma manera que el gobierno catal¨¢n ha tratado a los agentes de orden p¨²blico que dependen de la Generalitat. Esta admonici¨®n legal ha sido reforzada por la advertencia del gobierno central, que se comprometi¨® a vacunar directamente al colectivo de funcionarios en caso de que no lo hiciera el ejecutivo catal¨¢n.

El Tribunal no ha entrado a resolver ning¨²n contencioso entre administraciones, sino que se ha limitado a atender la demanda de los sindicatos policiales que lo hab¨ªan reclamado en ejercicio de la leg¨ªtima defensa de los derechos de los afiliados. La apariencia de un tratamiento discriminatorio ¡ªlas cifras cantan¡ª, ha sido aceptada como argumento sin entrar en las causas y responsabilidades.

Las explicaciones de las autoridades sanitarias catalanas para justificar la marginaci¨®n de este colectivos han sido poco convincentes. Se ha alegado un retraso en la entrega de las listas de los funcionarios por parte de la delegaci¨®n del gobierno central y tambi¨¦n la posterior interrupci¨®n de la vacunaci¨®n con Astra Zenaca, ordenada por el Ministerio de Sanidad, versi¨®n que ha sido desmentida por la delegada del gobierno, Teresa Cunillera.

Los argumentos del gobierno catal¨¢n parecen seguir la pauta de confrontaci¨®n a la que nos tiene acostumbrados pr¨¢cticamente durante toda la ¨²ltima d¨¦cada. Se ha culpado al Estado por haber interrumpido la vacunaci¨®n con Astra Zenaca. Se le ha criticado por querer hacerse cargo directamente de la vacunaci¨®n en un acto de invasi¨®n competencial. Y no ha faltado la acusaci¨®n de judicializar la pol¨ªtica, el t¨®pico argumental que quisiera sustraer las actuaciones del gobierno catal¨¢n del control judicial correspondiente a la divisi¨®n de poderes propia del Estado de derecho y dejar sin derechos a los ciudadanos que se sientan desamparados por la acci¨®n del gobierno.

El argumento definitivo es el que pretende contraponer la vacunaci¨®n de estos polic¨ªas con la vacunaci¨®n de los mayores de 70 a?os. Lo lanz¨® el expresidente Puigdemont, en un sofisma que identifica al conjunto de los polic¨ªas nacionales y guardias civiles que viven y trabajan en Catalu?a con los antidisturbios que interrumpieron violentamente el refer¨¦ndum del 1 de octubre de 2017 a las ¨®rdenes del gobierno de Rajoy. Tan abusiva como esta generalizaci¨®n es la que el expresidente practica con los mayores de 70 a?os, identificados con las personas mayores que recibieron alg¨²n porrazo de la polic¨ªa aquella jornada nefasta.

Este mismo argumento lo han utilizado otros miembros aparentemente razonables del gobierno, y especialmente el secretario general de Sanidad, Jos¨¦ Mar¨ªa Argimon, un profesional de la medicina que, al calificar de ¡°rid¨ªcula¡± la resoluci¨®n de los jueces y se?alar que se retrasar¨ªa la vacunaci¨®n de la gente mayor, ha perdido buena parte de su autoridad como profesional sanitario y en cambio ha quedado identificado con la sistem¨¢tica politizaci¨®n de la gesti¨®n de la pandemia.

La gran mayor¨ªa de la ciudadan¨ªa considera que la vacuna es a la vez un derecho y un deber. En las colas para vacunarse se refleja en cierta forma el esp¨ªritu c¨ªvico que nos lleva a participar en las elecciones: queremos que cuente nuestro criterio y nos sentimos comprometidos con la formaci¨®n de la voluntad popular solidariamente con el resto de los ciudadanos. El pinchazo nos inmuniza y a la vez contribuye a inmunizar colectivamente la sociedad. Olvidarse de vacunar un colectivo vulnera derechos y deberes. Perjudica a los que no han sido vacunados y tambi¨¦n a sus familias, compa?eros de trabajo y vecinos, a la sociedad en su conjunto.

Nada podr¨ªa justificar por tanto que, por razones inexplicadas o inexplicables, una administraci¨®n se olvidara de vacunar a un grupo de ciudadanos. O peor a¨²n, esperara a que se quejaran o que lo hiciera otra administraci¨®n. A¨²n menos se podr¨ªa justificar que se considerara un oprobio que se quejaran o que lo hiciera otra administraci¨®n. La voz del expresidente, tan potente y tan seguida por sus votantes, ha sido n¨ªtida respecto a los motivos ocultos. Nadie lo ha desmentido ni desautorizado desde el gobierno como se merece y, por el contrario, a¨²n se ha a?adido m¨¢s le?a al fuego.

Afortunadamente, la cuesti¨®n pr¨¢ctica est¨¢ resuelta. Se les est¨¢ vacunando. Pero luego est¨¢ el desgaste pol¨ªtico. La autoridad perdida de los gestores catalanes de la pandemia. La idea de que el autogobierno catal¨¢n es tierra conquistada por el independentismo, que la quiere manejar a su criterio y s¨®lo para su gente, el pueblo catal¨¢n independentista, m¨¢s tribu que pueblo, que es como m¨¢ximo la mitad del pueblo catal¨¢n entero.

El caso de las vacunas no es una buena premonici¨®n. Si no hay confianza ni lealtad entre administraciones en la gesti¨®n de la vacunas, ?alguien puede pensar sensatamente que habr¨¢ confianza y lealtad entre gobiernos a la hora de gestionar los fondos europeos de recuperaci¨®n? Si es dif¨ªcil de creer desde Madrid, a¨²n lo es m¨¢s desde Bruselas.

La decisi¨®n de olvidar la vacunaci¨®n de los polic¨ªas nacionales y los guardias civiles, que ignoramos todav¨ªa qui¨¦n y c¨®mo se tom¨®, no es la que corresponde a un gobierno responsable. Se ha jugado con la salud de las personas, de todos; con el prestigio de las instituciones tanto costosamente recuperadas; y con la causa de la independencia, debilitada y no fortalecida por una actitud moralmente reprobable que pod¨ªa entusiasmar a los m¨¢s fan¨¢ticos, pero pol¨ªticamente no conduce a nada.