Los alquileres y la mano invisible

Este mes se ha cumplido un a?o de la entrada en vigor de la ley 11/2020 que de hecho congela los alquileres en Catalu?a. Junts per Catalunya ¡ªque con Esquerra, CUP y comuns aprob¨® el texto¡ª vot¨® a favor m¨¢s por populismo procesista que por convencimiento, ya que entre sus dirigentes figuran reputados ultraliberales que ven innecesario corregir los trazos magistrales de la mano invisible del mercado de Adam Smith. El Consejo de Garant¨ªas Estatutarias advirti¨® a la Generalitat de que la ley invad¨ªa competencias del Gobierno central. Y el Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez ¡ªque en su programa incumplido se compromete a poner topes a la vivienda de alquiler¡ª recurri¨® al Tribunal Constitucional, aunque no pidi¨® la suspensi¨®n del texto legislativo catal¨¢n como ten¨ªa potestad de hacer. El PP tambi¨¦n se dirigi¨® a la m¨¢s alta instancia por lo que consider¨® un atropello a la propiedad privada.

Desde la derecha tronaron muchas voces contra esa suerte de colectivismo que iba a poner en peligro los ahorros de tantas familias de clase media. Quiz¨¢s impresionado por ello, el entonces ministro Jos¨¦ Luis ?balos esboz¨® la idea de bonificar hasta en un 90% los alquileres en zonas de mercado tensionadas si el propietario rebajaba el precio al menos un 10%. La propuesta no pas¨® de la semana de gestaci¨®n. La oposici¨®n de los socios de Unidas Podemos, que reclam¨® cumplir el pacto de Gobierno, aconsej¨® al PSOE guardarla en el caj¨®n. Mientras, a la espera de la sentencia del Constitucional, la ley catalana ha seguido su andadura. Cumplido su primer a?o y tal como era preceptivo, unos sesenta municipios han aprobado o solicitado la declaraci¨®n de ¨¢rea de mercado tenso por cinco a?os m¨¢s para mantener congelados los precios de los alquileres. Ayuntamientos socialistas ¡ªcomo el de Gav¨¤, todav¨ªa siendo alcaldesa la actual ministra de encargada de vivienda, Raquel S¨¢nchez, o el de l¡¯Hospitalet¡ª han decidido acogerse al plan quinquenal. Incluso lo ha hecho el partido que ve¨ªa la ley como un atentado a la propiedad privada, pues tambi¨¦n se aplicar¨¢ cinco a?os m¨¢s en la Badalona de Xavier Garc¨ªa Albiol.

Como propon¨ªa la Libertas Praestantissimum de Le¨®n XIII a los fieles cat¨®licos que viv¨ªan en pa¨ªses en los que la Iglesia hab¨ªa perdido sus privilegios, socialistas y populares han optado por aprovechar la pol¨¦mica ley contra la que votaron (situaci¨®n de hip¨®tesis, seg¨²n la enc¨ªclica) por entender que ayuda a sus ciudadanos. En la pr¨¢ctica la nueva ley afecta a 5 de los 7,5 millones de habitantes de Catalu?a.

Contaba Clara Blanchar hace unos d¨ªas en estas p¨¢ginas que tanto defensores como detractores de la ley ¡ªimpulsada por el Sindicato de Inquilinos y combatida por el sector inmobiliario y los grandes portales¡ª se?alan que la coincidencia de la segunda ola de la pandemia y la crisis econ¨®mica dificulta discernir qu¨¦ efectos pueden atribuirse a la norma y cu¨¢les a la crisis global. Pero hay datos para reflexionar a los que tambi¨¦n refer¨ªa la citada periodista: en Barcelona se han suscrito de enero a junio de este a?o un 66% de contratos de alquiler m¨¢s que en 2020, porcentaje que en el conjunto de Catalu?a es del 49%. Las rentas han ca¨ªdo un 7,1% en Barcelona y 2,7% en todo el territorio catal¨¢n.

M¨¢s all¨¢ de dogmas y principios, regular el mercado es fundamental. De acuerdo con el Sindicato de Inquilinos, los alquileres han subido un 40% en los ¨²ltimos cuatro a?os. Una encuesta realizada por el Ayuntamiento de Barcelona a 1.400 ciudadanos era tambi¨¦n elocuente: los j¨®venes de entre 18 y 35 a?os de la capital catalana ten¨ªan en 2020 unos ingresos medios de 888 euros mensuales, inferiores a los 893,8 que cuesta el alquiler medio de una vivienda en la ciudad.

Llueve sobre mojado, porque en Catalu?a el parque de viviendas p¨²blicas supone el 1,8% del total, muy lejos del 15% fijado por la ley de derecho a la vivienda de 2007. El decenio de proc¨¦s ha perpetuado esa situaci¨®n de d¨¦ficit al negar el presente en nombre un futuro ¨®ptimo. Ayuntamientos como el de Barcelona se han puesto manos a la obra en la tarea de suplencia de las administraciones auton¨®mica y central en la construcci¨®n de vivienda p¨²blica.

Resulta parad¨®jico que el papel de esa mano invisible del mercado que tanto suele evocarse para oponerse a la intervenci¨®n en los alquileres se soslaya cuando las arcas p¨²blicas deben cubrir los agujeros de la crisis bancaria, el d¨¦ficit tarifario o las ayudas a la competitividad de las el¨¦ctricas.

Ahora que las previsiones de crecimiento invitan al optimismo, es hora de lograr lo propio de un constitucional estado social y democr¨¢tico de derecho: que el bienestar llegue a todo el mundo. A la espera de lo mejor, congelar los alquileres no se antoja un mal parche.