Sobre las causas de la violencia callejera

La naturaleza del Estado, el monstruo fr¨ªo de Nietschze, parece misteriosa en Catalu?a. Una parte sustancial de los catalanes asegura que quiere uno propio, solo para los catalanes, pero de su comportamiento se deduce que no saben muy bien de qu¨¦ hablan. En los hechos, se trata solo de una palabra denigratoria de significado ambiguo e incluso confuso. Tan pronto sirve para evitar la designaci¨®n de un territorio por su nombre usual y universalmente aceptado de Espa?a; como tambi¨¦n para denominar al gobierno y a las instituciones, poderes, corporaciones, jerarqu¨ªas e incluso empresas, que de una forma u otra se oponen a la idea de que Catalu?a se declare unilateralmente independiente y se constituya a su vez en otro Estado.

As¨ª, puede ser la denominaci¨®n eufem¨ªstica de Espa?a para quienes no quieren reconocer su existencia y a la vez la denominaci¨®n descalificadora de todo lo que obstaculiza la independencia. El primer caso da lugar a curiosos usos ling¨¹¨ªsticos, que permiten hablar de la selecci¨®n del Estado, las lluvias sobre el Estado o incluso la orograf¨ªa estatal, especialmente hilarantes cuando se convierten en normas obligadas en los medios de comunicaci¨®n p¨²blicos. El segundo caso nos dice simplemente que el enemigo natural de Catalu?a es la Espa?a innombrable, cuya sola existencia excluye la existencia del Estado catal¨¢n y constituye un instrumento dirigido a evitar por todos los medios que Catalu?a tenga uno propio.

Es claro el postulado: Espa?a no existe. Y si existe es ajena a Catalu?a y nada bueno puede esperarse de ella. Con un problema pr¨¢ctico adicional: para separarse, democr¨¢ticamente seg¨²n se asegura, hace falta la mayor¨ªa social, que por el momento est¨¢ lejos de ser realidad. Por tanto, ¡°hay que ampliar la base¡±, tarea nada f¨¢cil si se tiene en cuenta que quienes deben ser objeto de la ampliaci¨®n suelen ser ciudadanos catalanes perfectamente conformes e incluso a gusto con la idea de que Espa?a exista y con la seguridad de que de ella se puede esperar tantas cosas buenas como suele esperarse del resto de los pa¨ªses de Europa.

De forma que el combate maniqueo entre Catalu?a y Espa?a est¨¢ perfectamente servido. Este era el objetivo de la artificiosa construcci¨®n ling¨¹¨ªstica. La distinci¨®n alcanza matices metaf¨ªsicos, que invierten el orden de las cosas. Se hace la justicia debida cuando alguna instituci¨®n ¡®del Estado¡¯ toma una decisi¨®n que se supone favorece los intereses de la independencia, mientras que siempre es posible atribuir a la mal¨¦vola acci¨®n del Estado, de Espa?a, todo aquello que vaya en direcci¨®n contraria.

Ese Estado denigrado jam¨¢s es el Estado de derecho, de la divisi¨®n de poderes, de la jerarqu¨ªa de las leyes y del imperio de la Constituci¨®n y de su ¨¢rbitro, el Tribunal Constitucional. No lo es en las palabras, porque la exigencia de la unilateralidad arrumba con todas estas monsergas leguleyas. Tampoco lo es en los proyectos legales y constitucionales dise?ados por los independentistas, que optaron por el iliberalismo a la hora de so?ar en los procedimientos constituyentes y en los nombramientos de magistrados. Como cree el ladr¨®n que todos sus de su condici¨®n, quienes no creen en la separaci¨®n de poderes para ellos mismos menos creen en ella cuando se trata del gobierno espa?ol que les oprime.

Ese Estado denostado tampoco es el Estado de las autonom¨ªas despreciadas ni el Estado miembro de la Uni¨®n Europea que cede soberan¨ªa y la comparte con los otros 26 Estados socios. Si reconocieran lo primero deber¨ªan admitir que la Generalitat es Estado, y que Espa?a es el Estado propio de los catalanes, que gracias a su Constituci¨®n gozan de las libertades, la democracia y un sistema de autogobierno que ya quisieran para s¨ª los sardos independentistas amigos de Puigdemont. Si reconocieran lo segundo abandonar¨ªan la oposici¨®n imaginada entre la justicia europea democr¨¢tica y la injusticia espa?ola autoritaria con la que ocultan que las leyes y tribunales europeos son parte indisociable de la democracia espa?ola, de forma que quienes se acogen a ellas, Puigdemont sin ir m¨¢s lejos, no hacen nada m¨¢s que ejercer sus derechos, protegidos por un Estado democr¨¢tico y de derecho llamado Espa?a que es socio de la Uni¨®n Europea.

Son muchos los que nos alegraremos si las distintas cortes europeas, la de Luxemburgo y la de Estrasburgo, allanan el camino legal para la resoluci¨®n del embrollo en el que llevamos enredados desde hace diez a?os; y no lo entenderemos en ning¨²n caso como la desautorizaci¨®n del Estado y menos todav¨ªa de Espa?a. Otra cosa es que determinado juez o tribunal pueda salir escaldado del envite, cosa perfectamente normal e incluso sana en una democracia. Los conflictos jur¨ªdicos m¨¢s vidriosos tambi¨¦n pueden actuar como pruebas de esfuerzo que sirven para mejorar el sistema democr¨¢tico. Ojal¨¢ sea este el caso y no sirva para lo contrario, para que los partidarios de una aut¨¦ntica involuci¨®n se hagan con el gobierno.

La denigraci¨®n de la regla de juego democr¨¢tica y el insulto sistem¨¢tico a la comunidad pol¨ªtica que la ha acordado est¨¢n entre los derechos y libertades p¨²blicas a preservar. Pero ejercidos desde las instituciones por quienes deben cuidar del cumplimiento de las leyes y proteger las libertades de todos constituye un llamamiento a vulnerar las leyes y a perturbar la convivencia. Nadie puede extra?arse de la facilidad con que prenden los incendios y la violencia en nuestras calles, hace unos meses por motivos aparentemente pol¨ªticos y actualmente porque es la hora del alcohol y del destrozo. Menos sentido tiene todav¨ªa que los mismos que se han dedicado a tan inc¨ªvica tarea desde los gobiernos municipales o desde la Generalitat se acusen ahora unos a otros de las consecuencias del p¨¦simo ejemplo con el que han predicado en los ¨²ltimos a?os.