El Govern se resiste a pagar a las familias de los agentes rurales asesinados en Lleida
Cinco a?os despu¨¦s, los allegados de las v¨ªctimas denuncian la inacci¨®n de la Generalitat para prevenir cr¨ªmenes de este tipo
La ma?ana del 21 de enero de 2017, dos agentes rurales de la Generalitat fueron asesinados a tiros por un cazador mientras hac¨ªan una inspecci¨®n de caza rutinaria en Aspa (Lleida). Dos a?os m¨¢s tarde, la Audiencia de Lleida conden¨® al asesino a 45 a?os de c¨¢rcel. Cuando se cumple un lustro del doble crimen, las familias siguen batallando con la Generalitat, que se resiste a pagar una indemnizaci¨®n por sus muertes. Por el momento hay abiertos dos procedimientos: un contencioso en el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) y una reclamaci¨®n por el Principio de Indemnidad de los Funcionarios. La sentencia fij¨® la indemnizaci¨®n en 1.077.000 euros, pero el condenado se declar¨® insolvente y solo cobraron 300.000 euros del seguro de caza.
Las familias reclaman la diferencia entre lo que la Audiencia fall¨® que se les deb¨ªa pagar y lo que pag¨® la aseguradora. El que era coordinador de Comisiones Obreras del Cuerpo de Agentes Rurales en el momento de los hechos, Manel Vidal, insiste en que las familias, adem¨¢s de la indemnizaci¨®n que les corresponde por ley, reclaman ¡°que la Generalitat ponga las medidas necesarias para que algo as¨ª no se repita y nadie m¨¢s tenga que padecer lo que est¨¢n sufriendo ellas¡±.
Vidal recuerda que ¡°nadie ha asumido responsabilidades por la falta de medidas preventivas con las que trabajaban en 2017 los Agentes Rurales¡±. Tiene claro que ¡°no se han exigido responsabilidades porque quien las ten¨ªa que reclamar¡± era la misma Generalitat. ¡°En una empresa privada, Inspecci¨®n de Trabajo habr¨ªa abierto un expediente sancionador, pero al ser juez y parte, no se han cre¨ªdo responsables¡±, lamenta. El sindicalista mantiene que los t¨¦cnicos del Servicio de Prevenci¨®n de Agricultura ¡ªDepartamento al que pertenec¨ªan los agentes rurales¡ª detectaron en la evaluaci¨®n de riesgos de 2014 un riesgo de ¡°amenaza, violencia, agresi¨®n f¨ªsica por parte de persona armada con objetos que se pudieran considerar peligrosos para la integridad f¨ªsica de los agentes¡±. La evaluaci¨®n qued¨® en un caj¨®n. Solo se tomaron medidas tras las muertes, los controles de caza pasaron a ser con un agente m¨¢s (tres) y uno con arma larga, y se les dot¨® de chalecos antibalas.
Para las familias de las v¨ªctimas, las muertes ¡°fueron consecuencia de la falta de medidas de seguridad y protecci¨®n facilitadas por el departamento en el ejercicio de sus funciones¡±, y alegaron una ¡°omisi¨®n en materia de riesgos laborales¡±. Tras finalizar la v¨ªa penal presentaron una Reclamaci¨®n Patrimonial a la Generalitat. La Comisi¨®n Jur¨ªdica Asesora de la Generalitat emiti¨® un informe concluyendo que ¡°la Administraci¨®n solo es responsable cuando se pueda acreditar, en una relaci¨®n de causa-efecto, que el da?o se puede imputar a un funcionamiento anormal de los servicios p¨²blicos¡±. Sostuvo que el da?o ¡°se debi¨® a la intervenci¨®n determinante de un tercero ¡ªel cazador¡ª ¡°ajeno al funcionamiento del servicio p¨²blico¡±, y destac¨® que este es ¡°un evento lesivo muy dif¨ªcil de prevenir¡±. Seg¨²n la Comisi¨®n, los fallecidos ¡ªXavier Ribes y David Iglesias¡ª no tuvieron tiempo de avisar con sus equipos y ¡°ni habr¨ªan podido usar sus armas¡±.
Ante este informe, Agricultura se opuso a la demanda y el abogado de las familias, Pau Simarro, recurri¨® a la Sala del Contencioso Administrativo del TSJC. La Sala no ha resuelto y la sentencia que dicten se podr¨¢ recurrir. Paralelamente, en diciembre de 2020, Simarro present¨® una segunda reclamaci¨®n contra la Generalitat por el Principio de Indemnidad de los Funcionarios. La sentencia de 8 de julio de 2020 de la Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estableci¨® como doctrina que: ¡°Las lesiones y perjuicios sufridos por los agentes de polic¨ªa como consecuencia de acciones il¨ªcitas de las personas sobre las que ejercen, sin culpa o negligencia por su parte las funciones que son propias a su cargo, deben ser resarcidos por la Administraci¨®n mediante el principio de resarcimiento o indemnidad, principio general que rige a los empleados p¨²blicos¡±.
El letrado de las v¨ªctimas sostiene que cinco a?os despu¨¦s de los cr¨ªmenes se ha hecho ¡°justicia con el asesino¡±, pero lamenta que la Generalitat se siga oponiendo a ¡°indemnizar a los familiares de los dos agentes que murieron a sangre fr¨ªa en el ejercicio de sus funciones¡±.
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