La ley catalana de transparencia arrastra siete a?os a medio desplegar

La revelaci¨®n del sistema de prejubilaciones con 100% del sueldo en el Parlament no solo es un esc¨¢ndalo pol¨ªtico sino tambi¨¦n un espejo poco halag¨¹e?o para la salud de la ley catalana de transparencia. Seg¨²n el ¨²ltimo informe del S¨ªndic de Greuges, de abril del a?o pasado, el avance de la norma en sus siete a?os de vigencia se ha ¡°estancado¡±, mientras que la Oficina de Antifrau de Catalunya pone el foco en que no haya herramientas espec¨ªficas para que las malas pr¨¢cticas e incumplimientos no queden impunes. Su despliegue est¨¢ a medias. Los expertos coinciden en la necesidad de apurar el proceso para tener un texto acorde con los nuevos tiempos.

Aunque el Parlament tenga su propio mecanismo de control en los temas de transparencia (para respetar la separaci¨®n de poderes), la normativa deja claro que las adaptaciones que se hagan ¡°no pueden comportar un r¨¦gimen de garant¨ªa inferior¡± al que ya se prev¨¦. La ley, aprobada en 2014 al calor de las reivindicaciones del 15-M y de la ola de fiscalizaci¨®n de los poderes p¨²blicos, tiene dos componentes principales: por un lado, garantizar el acceso a la informaci¨®n e incidir en las pr¨¢cticas del buen gobierno.

En el caso de las prejubilaciones de la C¨¢mara fallaron ambas patas, pero en el Ejecutivo tambi¨¦n hay ejemplos de incumplimientos flagrantes. Los periodistas del diario Ara que expusieron las jubilaciones de oro de la C¨¢mara se enfrentaron a una versi¨®n extrema del viacrucis al que en muchas ocasiones se enfrentan los medios o los ciudadanos que apelan a los mecanismos para solicitar informaci¨®n. En su caso, el recorrido incluy¨® nueve meses desde que se pidieron los datos sobre los prejubilados y el cobro de trienios; la discrepancia entre los ¨®rganos de garant¨ªa de la transparencia (con la dimisi¨®n en bloque de los que estaban de acuerdo con entregar la informaci¨®n) y la entrega de dos archivos sin la informaci¨®n completa.

¡°En temas como los salarios, y sobre todo cuando hay incentivos, el modelo deber¨ªa ir a obligar a dar m¨¢s informaci¨®n de manera activa¡±, cree Manuel Villoria, catedr¨¢tico de Ciencia Pol¨ªtica de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del cap¨ªtulo espa?ol de Transparencia Internacional. La ley establece el principio de publicidad activa, es decir, el cat¨¢logo de datos que se tiene que presentar de manera obligatoria en las web de las Administraciones. Para el resto de informaciones s¨ª hay que hacer una petici¨®n formal, con un proceso pautado. Seg¨²n el informe del S¨ªndic del a?o pasado, el conjunto de las Administraciones catalanas recibi¨® 11.199 solicitudes de acceso a la informaci¨®n, 2,3% m¨¢s que en 2021 y con especial incidencia en el mundo local.

Las trabas para obtener la informaci¨®n tambi¨¦n las refleja el S¨ªndic en su informe, que realiza con base en 860 encuestas a diferentes entes. El texto recoge 63 denuncias (ninguna contra la Generalitat) de ciudadanos que creen que se vulnera su derecho a acceder a datos p¨²blicos. En seis de ellas se inco¨® expediente sancionador pero no hay constancia de ninguna sanci¨®n. La Comisi¨®n de Garant¨ªas del Derecho de Acceso a la Informaci¨®n P¨²blica tambi¨¦n hace un recuento, pero en este caso de personas que presentan una queja formal: 1.155 reclamaciones en 2019. Un 71% contra el silencio administrativo.

La propia ley incluye sanciones en el caso de que no se cumplan los plazos, pero las cifras reflejan pocos correctivos. Para ?scar Roca, director de prevenci¨®n Antifrau, esto va en contra de la filosof¨ªa de la norma. ¡°Sin castigo, sube la sensaci¨®n de impunidad y eso es contraproducente para la transparencia¡±, asegura. En muchos casos, a?ade Roca, por falta de recursos y de claridad en la ley la misma instancia que niega la una informaci¨®n termina siendo la misma que tiene que dar respuesta a la queja por la no respuesta.

Parte de estos problemas radican en la falta de despliegue de la ley. Roca recuerda que hace un a?o se aprob¨® un decreto que desarrollaba, por ejemplo, temas respecto a las condiciones de acceso a la informaci¨®n. En lo que respecta al r¨¦gimen sancionador queda mucho por hacer. EL Govern lleva dos legislaturas incumpliendo el plazo para publicar los patrimonios de sus miembros, como adelant¨® este diario.

¡°Estamos viendo c¨®mo se descubren muchos esc¨¢ndalos, pero a¨²n falta trabajar la mentalidad hacia la transparencia¡±, tercia Jos¨¦ Rodr¨ªguez Teruel, profesor de Ciencia Pol¨ªtica de la Universidad de Valencia. Una cr¨ªtica que recoge el propio S¨ªndic en su informe: hay que revisar la ejecuci¨®n de un modelo que no avanza globalmente al mismo ritmo.

El l¨ªmite de la protecci¨®n de datos

La complejidad de garantizar la transparencia no pasa solo por el acceso sino tambi¨¦n por la calidad de la informaci¨®n que se recibe. Invocar la normativa de protecci¨®n de datos es uno de los principales argumentos en los que se escudan las Administraciones para evitar dar datos. No se trata del todo de una excusa: el informe de 2019 de la Comisi¨®n de Garant¨ªas del Derecho de Acceso a la Informaci¨®n P¨²blica muestra que 87 de las 824 reclamaciones resueltas por ese ente implicaron valorar una colisi¨®n de derechos con el de acceso a la informaci¨®n.

En el caso de las jubilaciones del Parlament, se argument¨® que revelar ciertos datos sobre las retribuciones implicar¨ªan identificar indirectamente al servidor p¨²blico. El l¨ªmite entre ambas cosas a¨²n genera debate. El profesor Manuel Villoria, de la Universidad Rey Juan Carlos, recuerda que ser¨¢ uno de los retos de la nueva ley de transparencia a nivel estatal si se quiere, por ejemplo, poner luz sobre los pluses de productividad.

?scar Roca, director de prevenci¨®n de la Oficina Antifrau, recuerda que la protecci¨®n de datos est¨¢ reconocida como derecho fundamental mientras que el acceso a la informaci¨®n, no. Si bien es usual que se anonimicen datos como el lugar de residencia, hay situaciones en las que es imposible obviar la identidad y ah¨ª Roca cree que se usa la protecci¨®n de datos como comod¨ªn. ¡°La ley establece que se tiene que dar acceso a cierta informaci¨®n personal si est¨¢ estrictamente relacionada con la actividad del servidor p¨²blico. Denegar el acceso solo puede ser excepcional¡±, dice.