La mediaci¨®n sobre bienes inmatriculados de la Generalitat topa con el rechazo de la Iglesia

Los intentos para poner luz sobre el opaco mundo de los bienes de la Iglesia tienen su propio viacrucis. La Generalitat public¨® en 2020 un informe identificando 3.722 inmuebles ingresados en el registro de la propiedad por primera vez (inmatriculados) solo con una certificaci¨®n eclesi¨¢stica como prueba de la titularidad. La idea del Ejecutivo era ayudar a que ayuntamientos o particulares accedieran a una informaci¨®n in¨¦dita y, si lo necesitaban, recurrieran al servicio de mediaci¨®n del Departamento de Justicia para acompa?arles en posibles reclamaciones patrimoniales. Hasta octubre del a?o pasado, cinco procesos de reclamaci¨®n han aterrizado en obispados catalanes. Dos ya han sido desestimados.

En ambos casos, la negativa ha llegado del obispado de Girona, explican desde Justicia y corroboran desde la di¨®cesis. En virtud de la protecci¨®n de datos, la Generalitat no puede informar de qui¨¦n se ha acercado al servicio de mediaci¨®n ni cu¨¢l es el inmueble en litigio. Al equipo de patrimonio del obispado, sin embargo, le constan solo dos denegaciones relacionadas: una por un ¡°solar¡± en Garriguella (Alt Empord¨¤) y otra de un vial en un terreno en Els Hostalets d¡¯en Bas (Garrotxa). Girona tiene el 13% de todas las inmatriculaciones registradas por Justicia.

Garriguella ronda los 900 vecinos y la ¨²nica propiedad de all¨ª que figura en el informe es el ¡°conjunto parroquial¡± que engloba el templo de Santa Eul¨¤lia (incluido en el inventario catal¨¢n de Patrimonio Arquitect¨®nico) y un solar adyacente, adaptado ahora con jardines y juegos infantiles. La alcaldesa de la poblaci¨®n, Isabel Teixidor, descarta que detr¨¢s la reclamaci¨®n, de la que no ten¨ªa constancia, est¨¦ el consistorio que lidera desde 2015.

En el pueblo, contin¨²a Teixidor, hay cierto malestar con la falta de transparencia de la Iglesia, tambi¨¦n por un aspecto patrimonial. La falta de sacerdotes hace que cada vez sea m¨¢s com¨²n que varias parroquias tengan que ser atendidas por un mismo rector. En el caso de Garriguella, esa responsabilidad tambi¨¦n acarrea la gesti¨®n del legado Sabatier Furti¨¤. Se trata de un conjunto de propiedades en el pueblo y Barcelona que Miquel Sabatier Furti¨¤, exdirector del Gran Metropolitano de Barcelona (sociedad embrionaria del actual tren suburbano), dej¨® a la Iglesia en 1966. Una herencia condicionada: una parte ten¨ªa que beneficiar a la comunidad. Con los ¨²ltimos p¨¢rrocos, dice la alcaldesa, se ha matizado el control sobre ese legado que en el pasado lleg¨® a pagar actividades extraescolares o carreras universitarias a j¨®venes de la poblaci¨®n.

Las reclamaciones patrimoniales ante la Iglesia son farragosas y de ah¨ª que la Generalitat creara un servicio espec¨ªfico de mediaci¨®n para las inmatriculaciones. Desde agosto de 2020 hasta octubre del a?o pasado, tocaron la puerta de Justicia un ayuntamiento y 13 particulares para solicitar informaci¨®n. Solo cinco decidieron seguir adelante en el intento de una soluci¨®n extrajudicial, tres de las cuales a¨²n no han sido respondidas por la curia. En su d¨ªa, la Conferencia Episcopal Tarraconense consider¨® que no era necesaria una mediaci¨®n ¡°si hab¨ªa un error¡± en las titularidades.

La Generalitat fue pionera en el Estado en publicar los bienes registrados por la Iglesia, especialmente entre 1998 y 2015. En ese periodo y hasta la aprobaci¨®n de una nueva ley hipotecaria, un decreto del gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar permit¨ªa que la fe de la autoridad eclesi¨¢stica fuera suficiente para inscribir ¡°lugares de culto¡± que hasta entonces no ten¨ªan que registrarse. Los excesos en varias di¨®cesis (se lleg¨® a inmatricular la mezquita de C¨®rdoba o la Giralda de Sevilla) llevaron al Congreso a exigir al Ejecutivo un inventario en 2017.

Baile de cifras

El PSOE pas¨® a, desde la oposici¨®n, pedir luz y taqu¨ªgrafos sobre este tema, a negarse en banda a presentar el informe realizado por el Colegio de Registradores de la Propiedad estando en el Gobierno. Finalmente lo present¨® en febrero del a?o pasado, pero antes incluso lleg¨® a ir a los tribunales para impedir que se pudiera acceder a ¨¦l tal y como orden¨® el Consejo de la Transparencia y el Buen Gobierno, el ¨®rgano de garant¨ªas en el acceso a la informaci¨®n p¨²blica.

La comparaci¨®n de los dos informes, sin embargo, ha generado m¨¢s dudas. Pese a que ambos han utilizado las mismas fuentes, la radiograf¨ªa es ligeramente distinta. El Ejecutivo catal¨¢n cuantifica 3.722 inmuebles de inmatriculaciones ¡°certificadas por autoridad eclesi¨¢stica¡±. Con ese mismo criterio, el Gobierno central identifica 3.650 casos, una diferencia de 72. A diferencia de la Generalitat, el Ejecutivo central tambi¨¦n incluye bienes a nombre de la Iglesia cat¨®lica pero usando otro tipo de t¨ªtulo (542), elevando as¨ª la suma total a 4.192 propiedades.

Casi un a?o despu¨¦s de que ambos informes est¨¦n disponibles, ni la Generalitat ni el Gobierno central han estudiado el porqu¨¦ del baile de cifras. La semana pasada se a?adi¨® m¨¢s incertidumbre. La Conferencia Episcopal Espa?ola (CEC) present¨® su auditor¨ªa sobre el recuento que entreg¨® el Gobierno. Cifra en 3.984 los bienes inmatriculados bajo el decreto de Aznar.

La CEC se?ala c¨®mo, por ejemplo, hay algunos inmuebles que aparecen en dos registros de la propiedad (21 en Catalu?a, en total). All¨ª est¨¢n, por ejemplo, la Bas¨ªlica de la Merc¨¨, que consta tanto en el registro n¨²mero 1 de la capital catalana como en el 24. Una situaci¨®n similar ocurre con la parroquia Santa Anna, tambi¨¦n en Barcelona, la rector¨ªa de El Vendrell (Tarragon¨¨s) o la Ermita de Granyena, en Lleida.

M¨¢s lagunas en los informes

Pese a que usan la misma fuente, las notas simples del registro de la propiedad, los informes de la Generalitat y el Gobierno sobre bienes inmatriculados por la Iglesia tienen divergencias importantes. Las enmiendas de la CEE al estudio realizado por el Ejecutivo central cuestionan de rebote al listado hecho por el Departamento de Justicia, ya que tambi¨¦n incluye algunos de los mismos errores.

De entrada, la Iglesia cat¨®lica espa?ola identifica que en el listado del Gobierno central hay 127 propiedades en Catalu?a que, antes del decreto de 1998, fueron inmatriculadas utilizando la fe eclesi¨¢stica como prueba de propiedad. Es el caso de ocho fincas r¨²sticas en Olesa de Bonesvalls (Alt Pened¨¨s), propiedad de la Di¨®cesis de Sant Feliu de Llobregat y cuya inscripci¨®n se hizo en 1996. Esas propiedades tambi¨¦n figuran en el informe catal¨¢n.

Una de las principales carencias de los estudios de las dos Administraciones es precisamente que no especifican, al menos en las versiones que figuran en sus respectivas p¨¢ginas de internet, el a?o en que se realizaron las inmatriculaciones. La Conferencia Episcopal recoge algunas.

La Iglesia espa?ola tambi¨¦n critica que se haya puesto a su nombre propiedades que pertenecen a otras religiones o que son de comunidades religiosas. En Catalu?a hay 18 casos. Por ejemplo, la titularidad de locales en Sant Vicen? de Calders (Baix Pened¨¨s) que en realidad son de la Comunidad Cristiana de Tarragona. El informe de Justicia no lo tiene en cuenta.

Las cifras tambi¨¦n hablan de un conjunto de bienes donde el argumento de propiedad de la Iglesia es muy d¨¦bil. La di¨®cesis de Urgell tiene 50 de los 72 casos de ese tipo y por tanto la titularidad est¨¢ en el aire.